Una ley que asiste a las víctimas del delito no está vigente

Los asaltos violentos en la vía pública que tienen por protagonistas a “motodelincuentes”, se repiten casi a diario. La sensación de indefensión ciudadana es cada vez mayor, hasta el punto de que no son muchos los que salen a la calle con cualquier finalidad, y se sienten seguros de que regresarán al hogar sin haber padecido un robo, sin haber sido golpeados o terminar internados en un hospital o, en el peor de los casos, perder la vida.

En la noche del miércoles pasado, una estudiante se hallaba en la parada de la línea N° 7, en calle Córdoba, entre Laprida y 25 de Mayo, junto a una amiga y su niño de tres años, cuando fue atacada por un motoarrebatador. La joven que había salido del instituto terciario donde estudia, fue arrastrada media cuadra por el ladrón en su intento de quitarle la cartera. “Una mujer policía se acercó a preguntarme qué me había pasado, pero jamás hizo nada. No llamó al 911 ni a la ambulancia”, dijo la estudiante, que tiene una fisura en el codo, moretones en todo el cuerpo y está ahora con tratamiento médico.

Un día antes, una médica nefróloga fue asaltada por “rompevidrios” a las 9, cuando detuvo su vehículo en el semáforo de Las Piedras y Alberdi. Le robaron la computadora donde tenía “el trabajo de toda la vida, la historia de mis pacientes”. Más temprano, alrededor de las 6.30, un delincuente se subió al colectivo de la línea N° 7, con un cuchillo de carnicero y amenazó a los pasajeros; se apoderó de las billeteras, las carteras y los teléfonos móviles de ocho personas y huyó. El lunes, a las 6, en la esquina de Isabel la Católica y Viamonte, Villa Muñecas, un chico subió a un ómnibus de la línea N° 9, saludó y le puso el cuchillo en el cuello al chofer; como no tenía qué robarle, le dio un puntazo en el brazo y le hizo cortes en la cara y en el cuello. Son algunos de los casos de estos días.

En esta penosa y cada vez más preocupante realidad, en la que la que cualquier ciudadano puede ser víctima de la delincuencia, poco o nada se hace desde el Estado por aquel que sufre la violencia. Por ejemplo, ¿quién se hace cargo del shock traumático que sufre la víctima cuando es golpeada o lesionada en un asalto, mucho más si se trata de un menor de edad? ¿Quién se responsabiliza del costo económico, en el caso de que el ciudadano haya sufrido lesiones y no haya detenidos? ¿Quién se hace cargo de las consecuencias psicológicas que padecerá la víctima? ¿Cómo se reinsertará esta en la vida cotidiana sin esa sensación de miedo constante?

En 2007 se promulgó la ley Nº 7.867 por la que se crea el “Programa de asistencia a la víctima del delito”, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos. Se establecía que ese programa actuaría, a través de un “centro de asistencia a la víctima”, integrado por un equipo multidisciplinario especialmente calificado, que dispondría de una guardia permanente. Su función era investigar y determinar el daño a la víctima de los delitos; brindarle asistencia médica, psicológica y legal, para su recuperación integral, propugnando una activa participación en la superación del trauma; orientar e informar sobre la disponibilidad de los servicios de salud d el Programa, servicios sociales y demás asistencias pertinentes, facilitando su acceso a ellos; favorecer el uso de la mediación, como método alternativo para la resolución del conflicto; efectuar un seguimiento de la situación de las víctimas a fin de determinar la eficacia del programa y llevar a cabo toda actividad tendiente a mejorar la superación del trauma por parte de la víctima. Sin embargo, la norma nunca fue reglamentada, pese al pedido que el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación le hizo al Poder Ejecutivo local, en agosto pasado.

Está comprobado que solo con más policías en la calle no se puede combatir un flagelo que está atado en las raíces de la sociedad. Hasta ahora el Gobierno provincial no ha podido dar las respuestas que la ciudadanía le reclama en materia de seguridad; tampoco cuenta con una política de Estado integral que complemente la seguridad con la educación, la salud, el deporte, el bienestar social. Pero en esta ecuación de la violencia, tampoco se ocupa de la contención de la víctima, pese a contar desde hace 12 años con una ley que es letra muerta.