Paramérica, la segunda firma que más facturó al chavismo

Paramérica SA, la compañía de los tucumanos Ruiz Juárez, fue una de las empresas que más réditos obtuvo a partir del fideicomiso binacional llamado Pdvsa que estructuraron el chavismo y el kirchnerismo. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectó que la firma local había recibido $ 3.000 millones por exportar alimentos y otros bienes a Venezuela entre 2012 y 2016. Se trata de U$S 179 millones según la cotización de la divisa al final de aquel período: un monto sólo superado por el gigante lácteo Sancor, que facturó $ 3.831 millones (U$S 230 millones) gracias al mismo mecanismo. La Sigen halló sobreprecios significativos en las operaciones de estas y de otras 13 empresas. En el caso de Paramérica SA también aparecen rebajas que serían inconsistentes con las condiciones de mercado de la época.

La facturación atribuida a la compañía especializada en legumbres que preside Carlos Ruiz Juárez implica el 18,3% del volumen de negocios analizado por la auditoría concluida el 25 de abril pasado. El análisis abarcó el 67% de los pagos concretados en el ámbito de las dos series del Fideicomiso Pdvsa. Este estudio general había sido solicitado por Marcelo Aguinsky, juez federal en lo Penal Económico Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires, que tramita una causa contra Juan José Levy, cabeza de otro grupo de empresas que logró beneficios extraordinarios a partir de este acuerdo entre los gobiernos de la Argentina y de Venezuela. Aguinsky imputó a aquel empresario la supuesta comisión de cohecho y de soborno transnacional, entre otros delitos.

Muy lejos de la cooperativa Sancor y de la tucumana Paramérica SA se sitúan Bioart, compañía de la familia santafesina Vignati ($ 1.560 millones); Granja Tres Arroyos ($ 1.402 millones); Invap Sociedad del Estado ($ 1.093 millones) y Frigorífico de Aves Soychu ($ 1.074 millones) -ver tabla de facturación por separación-. Estas firmas, entre otras, participaron del esquema de negocios que por el lado argentino gestionaba el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido, ex ministro nacional kirchnerista preso en forma preventiva por denuncias de corrupción. José María Olazagasti, ex secretario de De Vido, y el ex funcionario ultrakirchnerista Claudio Uberti -luego imputado arrepentido- intervinieron en la implantación y el desarrollo de este entendimiento entre los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Posible perjuicio

El Fideicomiso Pdvsa, fuente de abundantes sospechas de corrupción, concluyó en 2016, meses después de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada. Para entonces, el club de compañías seleccionadas por De Vido había recibido U$S 2.000 millones por la comercialización de productos y servicios durante la vigencia del llamado “cepo cambiario” (2011-diciembre de 2015). En virtud de aquel acuerdo, eran los funcionarios chavistas quienes definían el destino final de los pagos en dólares dirigidos a la Argentina.

“Para la concreción de operaciones en Venezuela jamás acudimos a la intervención directa o indirecta de funcionarios o empleados públicos de la República Argentina”, había dicho Carlos Ruiz Juárez, presidente de Paramérica SA, esta semana. El ejecutivo había añadido: “la totalidad de nuestras operaciones se concertaron por los precios y con las modalidades correspondientes a las condiciones de mercado existentes a la fecha de su celebración”. En el correo electrónico que remitió a LA GACETA, el máximo ejecutivo de la firma familiar, que incluye al empresario Diego Ruiz Juárez, rechazó explícitamente la posibilidad de haber incurrido en un “soborno trasnacional”.

La auditoría de la Sigen detectó que Paramérica SA vendió a Venezuela maíz amarillo por U$S 27 millones cuando el producto valía U$S 14 millones. Esta operación generó una diferencia de U$S 13 milones. La Sigen halló un sobreprecio todavía mayor: por otro envío de maíz, Paramérica SA recibió U$S 19,1 millones. Si hubiese ido al mercado, le habrían dado U$S 116.000. En este caso el recargo ascendería a U$S 19 millones. Por el contrario, la firma tucumana habría perdido dinero al vender a Venezuela soja que valía U$S 200 millones por U$S 106,8 millones. Esta operación habría generado un quebranto de U$S 93,2 millones. Respecto de los porotos, la Sigen apuntó que la empresa de los Ruiz Juárez facturó U$S 26 millones cuando el precio de referencia era U$S 18 millones.

“Cabe destacar que de las exportaciones a valores superiores que los del mercado resulta un perjuicio para el país bolivariano mientras que en los casos en los que las exportaciones se hicieron a un valor menor que el del mercado estaríamos en presencia de un perjuicio para la República Argentina”, concluyeron los auditores de la Sigen.