Los huérfanos de Macri y de Cristina

A comienzos de 2016, entre un Macri recién adueñado del Gobierno nacional y mandatarios provinciales reelegidos o accediendo por primera vez al cargo, caso Manzur, se produjeron tironeos por recursos coparticipables que incluso llegaron a la Justicia. Tucumán fue una de las primeras en demandar a la Nación. Ese capítulo culminó en un pacto que calmó espíritus. Ocurrió por la picardía negociadora de algunos gobernadores y por la amplitud de trato del poder central que, analizada a la distancia y en función de los resultados económicos, se observa como excesivamente contemplativa y hasta ingenua en términos de hacerse de herramientas para ejercer presiones políticas. Comenzaban a gestionar desde ambos lados y había que garantizar la gobernabilidad. No podían empezar a las trompadas. Sí terminar así, en el nuevo contexto electoral actual.

Las provincias gobernadas por peronistas iniciaron demandas judiciales en reclamo de la devolución del 15% de la coparticipación retenido por el Estado nacional. La Nación aceptó hacerlo en cinco años; gesto que sirvió posteriormente a Cambiemos para presentarse como una gestión más federal que la kirchnerista. Después de que se verificó el cumplimiento de pacto y el ingreso de recursos, se desistió de la demanda. Las administraciones provinciales, que venían denunciando un trato preferencial de Macri hacia Vidal (Buenos Aires) y hacia Rodríguez Larreta (Capital Federal), se tranquilizaron al obtener dineros sobre la base de la amenaza -y posterior concreción- de planteos judiciales para exigir lo que les correspondía, casualmente los mismos recursos que durante la administración de Cristina no reclamaron, ya sea por temor al látigo o por un verticalismo entendido sólo por peronistas.

Cambiemos pecó de incauto o de falta de previsión, o de exceso de federalismo. Carrió salió en estas últimas horas a cobrárselo a Frigerio, al que acusa de permitir el fortalecimiento de las gobernaciones peronistas a expensas del debilitamiento económico del poder central. Cuatro años después, en el final de los mandatos de los mismos actores de 2016, la historia parece repetirse, aunque ahora en un contexto preelectoral y no postelectoral como aquella vez y, nuevamente, la disputa es por recursos coparticipables. Todo se recicla en el país. Sin embargo, el Gobierno nacional no peca hoy de aquella ingenuidad política frente a las administraciones provinciales, no porque haya aprendido de aquel error -perder la posibilidad de mantener a raya a las provincias con las arcas del Estado, bien al estilo peronista-, sino porque debe acometer la situación desde la debilidad política que le generó el resultado abrumador de las PASO.

El modo electoral en que debe gestionar para conseguir el milagro de dar vuelta el resultado el 27 de octubre o de forzar un esperanzador balotaje, le impide acordar con las provincias. Debe imponerse al adversario, no pactar con él: no puede fortalecer al contrincante, como ocurrió en 2016. Un referente del oficialismo nacional confesó que desde lo electoral el Gobierno tiene menos margen de maniobra, porque debe mantener la macroeconomía por su responsabilidad de gestión. “En la medida en que en eso le vaya bien, el escenario de la República puede cambiar”, entiende. Pero el Gobierno nacional no dispone de tiempo, debe mostrar que sí se puede en sólo en dos meses. Macri está acotado, obligado a gestionar y a accionar electoralmente a la vez, y en esa línea debe exponer que los otros, los que han festejado la diferencia de los 15 puntos de las primarias abiertas, son los que no quieren apostar a la tranquilidad de país. Calmar a todos y pelear con una parte, todo un reto a la imaginación y a la habilidad política.

Hasta recurrió a la plataforma electoral del Frente de Todos para justificar las iniciativas que adoptó apresuradamente para satisfacer a los descontentos y para denunciar a los gobernadores de actitud oportunista e insensible frente al pueblo. Exige que salga a hablar Cristina. La necesita desesperadamente en el escenario para polarizar. La punta de lanza es Carrió con su arenga incendiaria. La sola demanda que la senadora ensaye “cadenas nacionales” implica que no le basta que hablen los Moreno, los De Vido o las Bonafini. Estos “K” no generarían el suficiente rechazo en los términos electorales que calcula que requiere. Macri ruega que Cristina hable, algunos peronistas rezan porque se mantenga en silencio. Que dañe lo menos posible. Así les fue bien, con ella concentrada en su libro y con el principal candidato siendo la cara visible de la campaña.

Un neoalbertista -los que ciertamente han empezado a multiplicarse como rama interna del peronismo pejotista- sostuvo que lo más aconsejable es el silencio y la prudencia estratégica. Se puede interpretar como un mensaje hacia los justicialistas -¿camporistas?, ¿fanatizados?- que estarían mostrando un triunfalismo irritante, por lo anticipado. El triunfalismo es contraproducente porque relaja y eso es peligroso frente a una contienda electoral. Una antigua receta de humildad aconseja no celebrar antes de tiempo. En fin, los mandatarios sólo ven un intento por desfinanciarlos porque entienden que los perjudica el impacto de los cambios en el impuesto a las ganancias, del congelamiento de los combustibles y de la devolución del IVA para los alimentos de la canasta básica. “Son brillantes para hacer maldades”, reflexionó un referente del interior al aludir al Gobierno nacional, entendiendo que sólo quieren hacer política a costilla de afectar a las provincias.

En ambas trincheras calculan. Para el pacto celebrado hace casi cuatro años había tiempo, se podría negociar y acordar, porque se estaba en el inicio de los mandatos, con un electorado que había apoyado el cambio. Ahora se está sobre el final de la gestión con una ciudadanía descontenta y que advirtió que puede ir por otro cambio. La urgencia se impone. Electoralmente no puede haber acuerdos entre las partes, porque lo que a unos les puede convenir, a otros los puede afectar en las urnas. Caminan sobre la cornisa. Y nadie quiere equivocarse, ni en las medidas, ni en los gestos y en los dichos. La proximidad de los comicios condiciona las acciones y exige minimizar los errores. Desde ambos lados, en algún punto, hasta ponen en riesgo la gobernabilidad y la tranquilidad social porque no privilegian una acción conjunta para responder a la demanda expresada en las urnas el 11 de agosto, miran con la mezquindad sectorial la elección por venir.

Como hace cuatro años, los mandatarios amenazan con realizar planteos judiciales conjuntos por una cuestión de dinero, pero esta vez no para conseguir los recursos que antes no disponían, sino para no perder los ingresos coparticipables que ya disponen. Frente a una movida que dibujan como hábilmente electoralista de parte de Macri responden con dos jugadas: la judicial, que se concretaría la semana que viene, y la institucional, el proyecto de ley que surgió en el Senado para compensar a las provincias por las pérdidas que sufrirían con una asistencia financiera de $ 40.000 millones en ATN. Si no concretan la demanda en la Corte, la receta de la amenaza quedará teñida de intencionalidad electoral. La propuesta nacida en la Cámara Alta puede interpretarse como un intento por repetir aquella experiencia de 2016 para enredar a la Nación en un nuevo convenio por la distribución de los recursos. O sea, amenazar y esperar. De todas formas, desde el Poder Ejecutivo local se deslizó que Lacunza acabó con las esperanzas de una “gestión amigable” para superar el conflicto al decir que no habrá compensación. Despejó el camino para enfilar hacia la Justicia. Entre otras cosas allí se sostendría que con un decreto la Nación viola los alcances del Pacto Fiscal. Habrá que observar a la Corte, la misma que dispuso un fallo, al inicio de la gestión de Macri, para que la Nación devolviera el 15% de la coparticipación retenida a Santa Fe, a Córdoba y a San Luis. ¿Mal comienzo, peor final?

Las idas de un lado, las vueltas del otro, en el afán de recoger y de no perder adhesiones electorales, están tensando la cuerda al privilegiar sus intereses por mantenerse o por acceder al poder. Lo único que permite pensar que la situación no vaya a pasar a mayores es que falta muy poco para los comicios, 63 días. En un país normal, como sostuvo un dirigente de Cambiemos, frente al resultado de las PASO, Macri no tendría chances de ser reelecto, pero en la imprevisible Argentina hasta eso es posible.

Pero si Macri pierde y vuelve al llano, ¿querrá seguir siendo el jefe del espacio (UCR, PRO, Coalición Cívica) o abandonará el barco y habilitará una guerra por la sucesión política? ¿Qué harán los huérfanos de Macri en este último caso? ¿Qué hará el radicalismo, en cuyo seno hay sectores que repudian la sociedad con el macrismo? El desafío será consolidarse como espacio político desde el Congreso. Se menciona la “empatía” entre los interbloques parlamentarios para funcionar como un grupo de poder para gobernar el país y para garantizar la alternancia. Se habla de Rodríguez Larreta, de Gerardo Morales, de Martín Lousteau y de una presencia importante de representantes en las cámaras para sostener esa pretensión. El problema serio a resolver será qué hacer con Carrió. Es el tema más complicado, según confiesan “viejos” radicales.

A la UCR, en caso de perder Macri, se le abre la oportunidad de conducir ese proceso de reconstrucción de una nueva fuerza política. El partido tiene hombres de peso histórico y de trayectoria como para liderar ese proceso. Y, encima, aprovechando la posible grieta interna que se preanuncia que puede estallar en el Frente de Todos entre albertistas y cristinistas. De cualquier forma, en el Gobierno nacional alimentan la esperanza de que los resultados de las PASO se puedan revertir.

Pero, ¿y si Alberto y Cristina, por esas cosas de la vida no se pelean? Si alguien entiende que eso no va a suceder -el propio candidato dijo que nunca más se peleará con su jefa y amiga-, entonces habría que conjeturar que no sería necesario un Manzur o un representante de los gobernadores en el gabinete para contrarrestar la influencia, la tensión y el peso de los camporistas en la gestión albertista. Además, si no surgen diferencias políticas y visiones encontradas entre los integrantes de la dupla presidencial, implicaría que se selló un pacto muy sólido y que la senadora estaría más cerca de dejar huérfanos a los chicos de La Cámpora, que de protegerlos y encauzarlos en un proyecto de poder a futuro, enancado en su hijo Máximo.

Sin embargo, por la proyección de las PASO y por lo que se intuye, es más factible que Macri deje huérfanos a los suyos que Cristina a los muchachos camporistas. Serán dos procesos políticos internos a seguir con atención si es que hay un recambio de actores en el Gobierno nacional: el de rearmado y consolidación de la oposición y el de convivencia y sostenimiento de la complicada unidad entre los integrantes del oficialismo.