El incierto alcance de la reducción del gasto público

En distintos ámbitos del Estado nacional y provincial se han anunciado medidas destinadas a la contracción del gasto público. Los argumentos que sustentan esta política de “austeridad” y “solidaridad” coinciden en señalar el preocupante estado de las finanzas públicas.

La dirigencia política ha reiterado, a través de diversos actores, que corresponde a las propias autoridades dar el “ejemplo” a través de disposiciones de “ajuste”. En ese contexto, el Poder Ejecutivo ha anunciado el dictado de un decreto que reduce en un 10% el sueldo básico de los funcionarios políticos -hasta el rango de subsecretario-, y en la Legislatura dos miembros del oficialismo han propuesto a sus pares resignar a la décima parte de su dieta mensual.

Toda decisión o gesto que implique austeridad en la administración de los recursos públicos nacionales, provinciales o municipales -fondos originados sobre todo por el aporte de contribuyentes de tributos federales o locales- resulta positiva, en especial en un contexto de crisis económica.

En diciembre, al tratar la ley nacional de Emergencia Económica, el Congreso de la Nación resolvió la suspensión de futuros aumentos salariales para los diputados y senadores durante 180 días. Con ello, los legisladores nacionales se pusieron a tono con otros sectores de la sociedad alcanzados por la Emergencia Económica. Al tratarse de una resolución que “congela” los montos de las dietas, no hubo estimaciones oficiales respecto del ahorro que posibilitará esta medida.

La decisión tuvo una repercusión positiva, en cuanto a que otros cuerpos colegiados se sumaron a la suspensión de incrementos salariales para sus miembros. Esto ya rige en el Concejo Deliberante de la Capital, y será motivo de debate en la primera sesión de 2020 del Poder Legislativo, que tendrá lugar el miércoles próximo.

El Poder Ejecutivo también implementó políticas para acotar el flujo de los desembolsos estatales. Al margen de las tensiones con los gremios por la suspensión de la última cuota de la “cláusula gatillo”, el decreto acuerdo 1-1/2000 contempla: la reducción en un 50% del monto total de las erogaciones en concepto de adicionales por extensiones horarias, libre disponibilidad, horas extra y otros conceptos similares; la prohibición, durante seis meses, de la adquisición y alquiler de vehículos para uso oficial, limitándose el uso de los rodados en funcionamiento hasta el nivel de secretario de Estado; el “recorte” a la mitad respecto del “promedio de los gastos que se originen en pasajes por cualquier vía”, como “asimismo en los viáticos” para funcionarios y todo personal de la administración pública; el impedimento a que se celebren nuevos contratos de alquiler para dependencias del Poder Ejecutivo; y la limitación en cuanto al otorgamiento y utilización de líneas de telefonía celular por cuenta del Estado. A esto se sumó el decreto 76/1-GOB, que reduce en un 10% los salarios de los funcionarios “políticos”. Legisladores plantearon un proyecto para sumarse a este “ajuste” a través del recorte de sus dietas.

Se prevé que la sumatoria de todas estas decisiones de quienes administran el Estado provincial tenga un impacto favorable en el equilibrio de las finanzas públicas. Al momento, pese a los gestos positivos, no se han comunicado cifras precisas ni estimadas del ahorro que se generará en favor del erario, en un presupuesto 2020 que prevé gastos por $156.200 millones. Tampoco se ha difundido un plan en el cual se proyecte qué destino se le dará al dinero producido por el ajuste. Así, es incierto el alcance de la reducción del gasto público.