Guerra de blindajes

Desde esa puerta he visto los ocasos / y ante ese mármol he aguardado en vano.

Jorge Luis Borges publica en 1964 la compilación que contiene su poema Buenos Aires (“de los muchos libros de versos que mi resignación, mi descuido y a veces mi pasión fueron borroneando, El otro, el mismo es el que prefiero”, prologará). Sus líneas finales devinieron dogma de las relaciones políticas en la Argentina: “No nos une el amor sino el espanto; será por eso que la quiero tanto”. Medio siglo después, en Tucumán, esa contradicción germina en la realidad oficialista, durante esta florida estación de la convulsión institucional.

Por caso, casi tres décadas antes de que Borges fuera otro y él mismo (“me he sentido más cerca del modernismo que de las sectas ulteriores que su corrupción engendró”, escribió), el siglo XX exhibía que la combinación de expresiones opuestas puede originar un nuevo sentido en los hechos. El oxímoron se materializó durante una conflagración: la Segunda Guerra Chino-Japonesa. China misma estaba inmersa en una guerra civil entre comunistas (liderados por Mao Tse-tung) y nacionalistas (comandados por Chiang Kai-shek), que se interrumpió en 1937. Ese año, Japón, que ya ocupaba Manchuria, lanzó una invasión a gran escala en desmesurada respuesta (o premeditada excusa) a la agresión contra un tren nipón: lo habían apedreado.

Comunistas y nacionalistas le pusieron una pausa al fratricidio y unieron fuerzas contra la agresión exterior. Y conformaron una alianza incómoda y plena en desconfianzas, aunque finalmente exitosa: el Segundo Frente Unido.

Las dinámicas derivadas de la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva, por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público, están conduciendo a un escenario que, si bien no tiene parangón en términos materiales con la alianza celebrada a la fuerza por las partes que pugnaban por el poder en China, conserva lógicas simbólicas irresistiblemente similares.

Artillerías

Han pasado 24 días desde el cañonazo institucional que representó que un magistrado denunciara que, presuntamente, un juez supremo le pedía, en nombre del gobernador y del vicegobernador, que “maneje la intensidad” de una causa penal por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor fuese más o menos funcional al oficialismo. Pedicone dice que grabó a Leiva y los audios que entregó a la prensa fueron publicados por LA GACETA. Son, también, 24 días desde que el miembro del alto tribunal (quien niega la acusación de Pedicone y afirma que las grabaciones son “armadas y editadas”) disparase el misil de la “puerta giratoria”, con el que apuntó a que Pedicone, supuestamente, liberó más de 100 procesados por delitos graves en menos de un año. Leiva afirma que el ex camarista busca distraer la atención respecto de ese “record” y, también, del hecho de que ha sido sancionado por la Corte por haber actuado sin competencia en un caso.

Detrás del humo de las artillerías, que dejan escombros de los Tribunales, dos estrategias pueden advertirse. Por un lado, Pedicone busca blindarse en la opinión pública. Ese es su baluarte. Él y sus abogados, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, han reivindicado la necesidad de que la investigación se lleve adelante con el nuevo Código Procesal Penal, que establece pautas de publicidad y oralidad de la instrucción. Sus detractores plantean, incluso en pedidos de juicio político, que el magistrado no dudó en llevar los audios al periodismo, mientras que todavía no los ha entregado en Tribunales: los dejó en custodia en una escribanía en nombre de que deben garantizarle la preservación de esa presunta prueba.

Los defensores de Pedicone, en tanto, han izado las banderas de la república. Pero no han sido sólo los partidos opositores los que rescataron la denuncia del juez de Impugnación. El cimbronazo ha despertado a un actor social que había estado largamente ausente en los debates sobre la calidad institucional: la Iglesia católica. El pronunciamiento de los obispos tucumanos reclamando transparencia en la Justicia no sólo fue meridiano: obliga a barajar y dar de nuevo en la escena de la cosa pública porque hay jugador que ha vuelto a la mesa.

Por otro lado, Leiva busca blindarse en el poder. Él y su abogado, el fiscal Anticorrupción Esteban Jerez, han reivindicado la necesidad de que el proceso se circunscriba al ámbito del Poder Judicial, donde la fiscala Mariana Rivadeneira acaba de decretar que la denuncia de Pedicone debe tramitarse por el Código Procesal anterior, predominantemente escrito, porque la ley de instrumentación del nuevo digesto determina que el hecho denunciado (supuestamente ocurrido el 28 de julio en un bar de barrio Norte) ata la pesquisa a la anterior legislación.

Ahora bien, para que el juez supremo encontrase un escudo que lo salvaguardase, necesitaba un oficialismo sin fisuras. Es decir, que el peronismo se comportase como un frente de contienda unido. Y eso es lo que ha logrado, no Leiva, sino la circunstancia de su acusación.

Escudos

Aunque se prodigan recelos y mutuas desconfianzas, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo han pactado tácitamente un alto al fuego en la guerra civil del pejotismo tucumano. El plan manzurista de concretar una reforma constitucional para consagrar más reelecciones consecutivas y el proyecto jaldista de llevar al vicegobernador a la Casa de Gobierno en 2023 detonaron rencillas múltiples desde el 10 de junio de 2019, el día después de los comicios provinciales. Sin embargo, aunque ni uno ni otro bando cejan en sus metas, las hostilidades cesaron este mes.

Jaldo ha concentrado en la primera quincena todo su poder de fuego, y el de la propia Legislatura, en cuestionar el presunto centenar de ceses de prisiones preventivas por parte de Pedicone. Y mientras legisladores piden informes urgentes a la Corte, y ex parlamentarios promovían juicios políticos contra el magistrado, el vicegobernador se trenzó en una airada discusión con el Colegio de Abogados, que acusó a la Cámara de excederse en sus funciones constitucionales, a lo que el tranqueño respondió reprochando que la entidad profesional nada decía de la supuesta suelta masiva de procesados por delitos graves. Hay jaldistas pregonando de manera convencida que “la oposición ha politizado la denuncia contra Leiva” y, por tanto, el oficialismo “debe resistir la embestida”.

Manzur, públicamente, ha mantenido distancia del conflicto. Pero luego de que Pedicone asegurase en LA GACETA que debía dar explicaciones en el marco de su denuncia, y de que los abogados del ex camarista le reclamaran que propusiese “mejores” jueces para la Corte, y de que el kirchnerismo mandase a anunciar su “estupor” por el hecho de que una causa penal contra Bussi estaba en el centro de la escena, el mandatario cambió la tesitura en el plano privado. Durante esta segunda quincena, afirman algunos concurrentes, el gobernador habría manifestado la necesidad de “respaldar” y “bancar” a Leiva, en un par de reuniones reservadas, aunque con la suficiente cantidad de invitados como para que corrieran la voz. Hay manzuristas pregonando de manera convencida que sostener a Leiva “es una muestra de fortaleza” porque al Gobierno “no le están discutiendo si hay o no independencia en la Justicia, sino si tiene o no tiene poder”.

El apotegma peronista según el cual “la única verdad es la realidad” debería llevar un corolario que explicitase que el peronismo, también, reclama los derechos de autor de “la realidad”.

Con más o menos trascendidos, el espaldarazo oficialista para el vocal de la Corte está a la vista. Y conforme pasen los días quedará todavía más evidenciado en un terreno netamente político: la comisión de Juicio Político de la Legislatura, donde se tramitan cinco pedidos de destitución contra Leiva y otros tantos contra Pedicone, y donde los legisladores jaldistas y los manzuristas suman nueve de los 12 miembros. Léase, mayoría de sobra para rechazar planteos de remoción contra un magistrado, o para promover su acusación.

Armisticios

Lo no tan expuesto es que con el cese de hostilidades entre manzuristas y jaldistas, tan fogoneado por los “halcones” de Casa de Gobierno y la Legislatura, las “palomas” de uno y otro palacio han vuelto a aletear vientos de esperanza para un entendimiento por etapas que evite la ruptura de la sociedad política.

Dados los tiempos legales de la comisión de Juicio Político (la primera reunión será en octubre; si admiten expedientes, la parte acusada tendrá plazo hasta noviembre para defenderse; y luego hay 20 días hábiles para que los legisladores decidan si acusan o no, lo cual puede estirar los tiempos hasta febrero, porque las vacaciones de enero interrumpen los plazos), las “palomas” se entusiasman con que la paz precaria y momentánea entre “el uno” y “el dos” se prolongue hasta 2021. Y como Tucumán renueva entonces cuatro diputados y tres senadores, proyectan “entendimientos” para todo ese año, porque “sólo la unidad del peronismo garantizará el triunfo”. Y consideran que, después de todo un año de tranqulidad, estarían dadas las condiciones para que Manzur y Jaldo “acuerden” 2023.

En términos de Ricardo III, de Shakespeare, anhelan que la primavera del descontento se convierta en glorioso verano político bajo el sol de la defensa de las áreas de influencia del oficialismo. Pero lo que está en juego (como en los tiempos de la británica Guerra de las Dos Rosas) es el poder. Y la gobernación no es “todo” el poder, pero se le parece bastante.

En China, tras la rendición de Japón en la II Guerra Mundial a mediados de 1945, hubo intentos entre Mao Tse-tung y Chiang Kai-shek por alcanzar una paz. Fracasaron y en 1946 estaban de nuevo en guerra civil durante tres años más. Y en la que hubo vencedores y vencidos.

Como Borges escribió en el poema sobre esa ciudad que quiere aunque no lo une el amor, hay pasos que urden incalculables laberintos. Y que dibuja planos de humillaciones y fracasos. Donde las sombras, en la no menos vana sombra final, se pierden. Ligeras…