Menos república no puede dar más democracia

El escándalo detonado en las instituciones de la provincia desde el primer día de este mes viene a exhibir, a modo de apretada síntesis, que en Tucumán no se vive en una república.

El juez de Impugnación Enrique Pedicone ha ratificado el miércoles la acusación según la cual el vocal de la Corte Daniel Leiva le pidió, invocando al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo, que “maneje la intensidad” de una causa penal por presunto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor se comporte de manera más funcional o menos funcional respecto del oficialismo. Aportó, además, audios que, según sostiene, contienen las charlas con el denunciado. Esas grabaciones, aclara, están avaladas por el acta del secretario de la Sala I de la Cámara Conclusional, Fernando Valladares, quien dio fe de puño y letra de la autenticidad.

En la prensa, Pedicone agregó que no es la primera vez que Leiva, presuntamente, lo presiona. Afirmó que ya antes le había manifestado que “quería pintarle los dedos” al abogado José Roberto Toledo, quien firmó la presentación judicial por la cual la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en 2015, declaró nulos los comicios de las urnas quemadas, embarazadas y refajadas, elecciones que luego validó la Corte provincial y también la nacional. Y abundó en que el caso contra Bussi es “una causa armada”, en la que “no hay nada”, razón por la que ni siquiera querían darle copia del expediente al presidente de Fuerza Republicana.

En definitiva, denuncia el magistrado que en Tucumán no hay división de poderes. Ni tampoco respeto a las garantías más básicas para las minorías por parte de las mayorías.

Leiva lo niega todo. Dice en su presentación ante la Justicia, también el miércoles, que la conversación que denuncia Pedicone nunca existió. Que el propio Valladares se presentó el jueves 3 en Fiscalía y dijo: que fue obligado a redactar las actas, que nunca le presentaron los audios y que todo fue dictado por Pedicone incluso antes de que se produjera el encuentro que denuncia el juez.

Dice Leiva que por esto ratifica que la grabación está “fabricada”. Que el ex camarista y él se frecuentaban y charlaban de política, porque vienen de ese mundo. Que de esos diálogos están hechos “los audios armados y editados”. Que por eso en esas grabaciones -que tacha de falsas- no hay amenazas, ofrecimientos de sobornos, ni pedidos de que se ejecuten o dejen de ejecutar leyes. Así que aún en la hipótesis de que fueran reales, no hay delito. (Eso sí: si la Justicia determinase que son reales, sí constituirán una falta ética mayor) Y, a continuación, argumenta que Pedicone ha pergeñado esas supuestas maniobras como reacción a dos situaciones. En primer lugar, por el hecho de que la Corte revocó más de 100 fallos con los que -afirma- el ex camarista ordenó liberar a procesados por delitos graves. En segundo lugar, por la sanción que le aplicó la Corte, apercibiéndolo por actuar sin contar con la competencia para hacerlo en el caso del Bar y Billares Punto y Banca. (La sanción está apelada, pero en caso de confirmarse, la causal constituirá una falta de ética mayor.)

En definitiva, denuncia el miembro de la Corte que en Tucumán no hay imperio de la ley, sino que hay quienes se arrogan atribuciones que las normas no les confieren. Ni tampoco igualdad ante la ley, porque según el juez que toca en suerte se obtendrá libertad, o no.

La palabra

El resultado, concurrente con el hecho de una provincia sin república, es una Justicia sin palabras. Como si, en su tradicional representación de una mujer con los ojos cubiertos, la venda se hubiera desplazado y ahora estuviera enmudeciéndola. Si todo cuanto se dice en la justicia es dudoso (si las actas que hoy dicen verdad mañana dicen mentira según el mismo actuario; si los audios de la denuncia de un juez son denunciados como falsos por otro; si un magistrado desconfía tanto del Poder Judicial que prefiere entregar los dispositivos con que grabó audios en una escribanía antes que en los propios tribunales), entonces lo que se está diciendo es nada. Y las representaciones femeninas de quien nada dice simbolizan monstruosidades. En la mitología griega, esa “dama” no carga una balanza y una espada, sino un arco y una aljaba con flechas: la Gorgona Medusa, en cuya cabeza anidan serpientes, nada musita y con su mirada convierte en piedra a los hombres que la buscan…

La Justicia tucumana, entonces, debe decir. Debe recuperar la palabra. Debe pronunciarse (en todos los sentidos de esta expresión) y establecer verdades en el escándalo más devastador que enfrenta desde el retorno de la democracia. De lo contrario, la muda contemplación de la devastación sólo dejará rocosas ruinas donde antes hubo una institución.

La palabra de la Justicia, además, no es cualquier palabra: es palabra que crea. De semejante poder sólo hay antecedentes bíblicos. Sólo el dios de los judíos y de los cristianos hace con sólo decir. “Hágase la luz”, expresa. Y la luz es hecha. En el inicio de todo hay una palabra: en el principio era el Verbo… De ese decir que hace por derecho divino sólo queda la Justicia de los hombres, que “hace” en el “decir” del derecho positivo. La Justicia que dice hace inocentes y culpables. En el decir está el poder del Poder Judicial. Hasta tal punto de que los miembros de la Corte reciben por apelativo el nombre de las únicas letras del alfabeto que tienen sonido propio. La cumbre de la Justicia está dominada por vocales, no por consonantes mudas.

El divorcio

Como en Tucumán no se vive en una república (es decir, como a juzgar por las denuncias, las contradenuncias y el silencio de la Justicia, la república más que un sistema de gobierno es en los hechos tan sólo una aspiración: un valor casi utópico), cada vez son más los tucumanos que no están viviendo en una democracia.

Esa es la tragedia que retroalimenta una crisis que ya no es institucional, sino que es acabadamente social. Afuera de esas burbujas de privilegios y comodidades que son los cargos públicos en los poderes del Estado hay una provincia donde el coronavirus ha venido no sólo a matar comprovincianos, sino también a exponer la pandemia de desigualdad que infecta el tejido de esta sociedad. La pobreza, que como una sombra del crepúsculo cubre cada vez más áreas de esta provincia, le coarta a sus víctimas la posibilidad de elegir entre el cumplimiento o la transgresión de las normas de distanciamiento social. Si las opciones son aislarse y no tener para comer o exponerse y conseguir sustento para un día más, ahí no hay una elección. Y si no hay elecciones, no hay democracia.

A la par (porque en el clima subtropical con estación seca, todas las pestes sociales se abaten de manera simultánea sobre el maltratado cuerpo comunitario de Tucumán), la inseguridad ha adquirido niveles demenciales. Hasta el punto de que los habitantes de este terruño han desarrollado una justificada paranoia respecto de que los asalten en la calle que mucho más aguda que el temor fundado a contagiarse de covid-19. Para los tucumanos trabajadores, y especialmente para las tucumanas laburantes, llegar a fin de mes con el sueldo es secundario con respecto a llegar al fin de semana sin ser víctimas de la inseguridad desembozada que se pasea en moto por las calles de las ciudades. Y en auto por los caminos rurales del campo.

No deja de ser lógico que si ni siquiera están seguros los pilares del sistema de gobierno, la inseguridad todo lo cubra en este diezmado jardín.

Si eso que atraviesa la vida de cientos de miles de tucumanos, y los desvela hasta las angustias primordiales (eso son la vida misma y el sustento diario), no es la prioridad de las autoridades de los tucumanos, la democracia se desangra en una hemorragia catastrófica. La democracia peligra allí donde representantes y representados tienen intereses divorciados, porque la democracia es gobernar para el pueblo, que es igual a decir que es pueblo gobernando.

Los ciudadanos que ven las pestes de la naturaleza y del poder cernirse sobre ellos sin contemplaciones no merecen ni una crisis institucional dilatada, ni denuncias y contradenuncias sin definiciones, ni poderes denunciados por interferir, como le apuntan al Legislativo; ni cuestionados por hacerse los distraídos, como le critican al Ejecutivo; ni callados hasta la solemnidad, como le machacan al Judicial. Todos ellos en nombre de lo por aquí que no se consigue: el bien de la república.

Para decirlo con una fórmula que debiera ser dogma civil: menos república jamás puede dar más democracia.