Pedicone exige que le digan si tendrá o no su audiencia

Pasaron siete días desde que el juez Enrique Pedicone, y sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig solicitaron a la comisión de Juicio Político que aplique el nuevo Código Procesal Penal, la Constitución y los tratados internacionales, y les permita contestar siete pedidos de destitución en una audiencia oral y pública. Ante la falta de respuesta, Pedicone y sus letrados presentaron el viernes un pedido de pronto despacho ante el comité que preside el oficialista Zacarías Khoder. Cada hora pesa porque el 29 de octubre expira el plazo para responder las acusaciones: es la fecha sugerida para hacer una rendición de cuentas abierta a la sociedad y no por escrito, como dispone el artículo 27 de la Ley 8.734.

En su última presentación, el magistrado denunciante del vocal Daniel Leiva instó a los legisladores a diferenciarse del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, quien en comentarios periodísticos se opuso de modo rotundo a la idea de la audiencia con los 12 miembros de Juicio Político y opinó que el juez pretendía violar el procedimiento de la Ley 8.734. “La comisión va a seguir funcionando con independencia, y ajustada a la Constitución, a las leyes y al Reglamento de la Cámara”, prometió Jaldo. E incluso envió a Pedicone a hacer audiencias con los familiares de las víctimas de presos a los que él había liberado.

Luego de reiterar que, en su afán de defender a Leiva, el vicegobernador era capaz de traspasar cualquier límite, Pedicone formuló esta pregunta a los legisladores: “¿advierten que la insensatez de Jaldo coloca a la provincia al borde de la intervención federal?”. Lejos de considerar que solicitaban algo indebido o contrario al orden jurídico, el juez de Impugnación expresó que con una audiencia satisfacía sus objetivos de transparencia, y la posibilidad de ofrecer una explicación a las víctimas que solicitaron su destitución luego de que él expusiera que Leiva le había pedido “que manejara las intensidades” de una causa penal del legislador Ricardo Bussi con invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur y de Jaldo. El vocal negó los hechos y refirió que su denunciante había liberado 104 presos con preventiva “contra el orden jurídico”.

El 5 de octubre, la comisión de Juicio Político rechazó y archivó las seis peticiones de destitución existentes contra Leiva, y dio curso a las correspondientes a Pedicone. Esta semana, el comité volvió a reunirse y desestimó las impugnaciones contra seis magistrados acusados de mal desempeño por no juzgar y liberar a uno de los supuestos homicidas de Ana Dominé (ver la integración de la mesa legislativa y sus votaciones por separado).

“Mi pedido de audiencia ofrece a la comisión la posibilidad de salvar la situación de que una autoridad del Poder Ejecutivo como Jaldo usurpe sus funciones”, reflexionó Pedicone. Y añadió: “el republicanismo se ve arrasado al tener Jaldo un representante en el Poder Judicial, que es Leiva, y, a su vez, adelantar la opinión contraria a la audiencia con mis denunciantes para que exhibamos las pruebas que demuestren quiénes son los responsables de las ‘puertas giratorias’”. El juez consideró que los legisladores de Juicio Político no podían ser “seres irrelevantes” sometidos a la voluntad del vicegobernador: “el Parlamento debe parlar, que es la esencia de la representación popular, y no guardar el silencio de una secta”.