Legisladores rechazan impugnaciones por “prejuzgar”

Los legisladores peronistas Zacarías Khoder, Norma Mariela Reyes Elías y Adriana Najar intervendrán en la comisión de Juicio Político de la Legislatura que resolverá si solicita o no el despido de Enrique Pedicone, el juez que denunció al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. Ocurre que aquel comité legislativo rechazó las recusaciones por “prejuzgamiento” que había interpuesto el magistrado en las siete denuncias que contestó. La desestimación prosperó con los votos de 10 de los legisladores, incluidos Khoder y Reyes Elías; otros seis justicialistas (Renée Ramírez, Enrique Bethencourt, Graciela Gutiérrez, Sergio Mansilla, Gonzalo Monteros y Carlos Gómez); el alperovichista Julio Silman, y el alfarista Raúl Pellegrini. Sólo Mario Casali, parlamentario de Fuerza Republicana, se pronunció a favor de admitir las impugnaciones mientras que Najar faltó a la reunión donde se tomó la decisión.

Los abogados de Pedicone, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, habían manifestado que los justicialistas Khoder, Najar y Reyes Elías no estaban en condiciones de analizar con imparcialidad las denuncias. “En cuanto miembros de otras comisiones de la Legislatura, ellos ya han adelantado opiniones y ejecutado acciones”, plantearon. En concreto, los defensores del juez apuntaron que los titulares de Seguridad y Justicia, Gerónimo Vargas Aignasse; de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Javier Morof, y de Legislación General, Raúl Ferrazano, más el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, habían solicitado a la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, con copia a Leiva, la lista de las 104 causas donde, según el vocal denunciado, Pedicone había liberado presos con preventiva contra el orden jurídico. Como se sabe, Leiva mismo remitió la nómina y la Legislatura la publicó en una solicitada en LA GACETA el domingo 6 de septiembre. “En ese aviso, sin lugar a dudas, las mencionadas comisiones y con ellas sus miembros tomaron partida de las acusaciones que Leiva profiriera contra Pedicone, y afectaron de esta manera la garantía constitucional de imparcialidad”, dijeron Ahumada y Battig.

Con la excepción de Casali, los demás legisladores afirmaron que la causal invocada no estaba prevista en la ley, que sólo prevé el apartamiento por parentesco o por “sociedad o comunidad” con el imputado. “Como Khoder, Reyes Elías y Najar no están incursos en esas situaciones, que son de aplicación restrictiva, debe ser rechazadas las recusaciones”, dijo la mayoría. Y añadieron una cita jurisprudencial de la Corte de la Nación que expresa: “no puede darse al juicio político un estándar tan riguroso de imparcialidad como el de la sede judicial pues la admisión de múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario podría bloquear el adecuado funcionamiento del sistema”.