Cruces por el tratamiento de la vinaza

“La posible prórroga de la Ley de Biocombustibles y el futuro aumento del corte de nafta con bioetanol representa para Tucumán una oportunidad clave: la oportunidad de transformarse en un polo de biocombustibles, o pequeña ‘Vaca Muerta’. Para que esa oportunidad tenga éxito, es imperativo incluir el tratamiento definitivo de la vinaza. Lo contrario representa un desastre ambiental, enfermedad y muerte para sus habitantes”, categorizó Mónica Cabariti, del proyecto Nueva Tucumán. Fue en respuesta a las declaraciones del legislador radical José Ascárate, quien la semana pasada había criticado la propuesta de la ambientalista sobre el tratamiento de la vinaza.

“Celebro que el legislador Ascárate reconozca que existe contaminación con la vinaza. Celebro que haya un legislador, representante de los ciudadanos que finalmente reconozca este problema y exprese públicamente que se le debe dar solución”, declaró Cabariti.

Y añadió: “estamos a favor del crecimiento del sector, y estamos a favor de la calidad de vida de los pobladores. Por eso evaluamos muchas tecnologías y optamos por un proceso integral y definitivo, que genera productos de valor y permiten pagar la inversión. Por eso trabajamos desde hace años para concretar la solución. Sin pedir ni al Estado ni a los ingenios que se hagan cargo de la inversión.

Dijo también que las opiniones de Ascárate le permiten transmitir temas importantes que el legislador menciona, a su juicio, erróneamente, como que “el Estado no puede ser un intermediario entre privados”. Cabariti enfatizó que “el medioambiente no es un tema entre privados” y citó la Ley General del Ambiente, n° 25.675, sobre el “principio de subsidiariedad”. “El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales -reseñó-. Lo que hace el Estado es establecer los estándares de calidad del agua de los ríos; controlar a todas las empresas para que no arrojen residuos y sancionar a quienes lo hagan”.

Según la empresaria, “justamente, el problema es que el Gobierno de Tucumán, en el caso de la vinaza no cumple con la Ley General del Ambiente”. “Se ignora el estudio de impacto ambiental que marca la Ley. En su lugar, se da a los ingenios un certificado de aptitud ambiental. Autoriza la disposición en suelo de la vinaza, ignorando el serio riesgo que representa. La Resolución N° 40 de la SEMA permite disponer hasta 150 metros cúbicos de vinaza por hectárea, por año. Eso nadie lo controla. Un estudio del INTA Famaillá indica que no debería aplicarse más de 100 m3 por hectárea al año”, remarcó.

Cabariti también citó el artículo 11 de la norma, que indica que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Por ello, insistió en que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley.

Ascárate había afirmado que “el plan elaborado por Crealab es hermoso para presentarlo en la facultad; ahora, para la realidad de Tucumán no es adecuado”. “Cuando se trata de un proceso con un recurso hídrico, en este caso con el tratamiento de efluentes, siempre es más barato hacer pequeñas plantas de tratamiento”, había sostenido el radical. Como respuesta, Cabariti afirmó que “por economía de escala es más económico hacer una planta de tratamiento para varios ingenios. Por ‘pequeñas plantas de tratamiento’ tal vez se refiera al proyecto de una importante compañía con una inversión de U$S 60 millones, para generar energía eléctrica a partir de bagazo y combustión de la vinaza en Ingenio La Florida. Finalmente no se concretó”.

Como conclusión, sostuvo que el proyecto Nueva Tucumán “es imprescindible”. “Dar solución a la contaminación de la vinaza requiere de una decisión política. Mientras haya un Gobierno que permite la destrucción de los recursos y el daño en la salud de sus habitantes, el trabajo será más difícil de realizar”, definió.