25 Marzo 2021
La llamada ola de robos en countries ha derivado en un debate sobre lo que está ocurriendo, principalmente en Yerba Buena, en cuyo piedemonte están instalados muchísimos barrios privados, y también en las zonas de San Pablo y de Tafí Viejo, que contienen muchísimas edificaciones privadas. En Tafí Viejo hay una franja estrecha en el sector entre Yerba Buena y el parque Sierra de San Javier de la UNT, y en San Pablo hay una franja amplia donde están instalándose enormes conglomerados urbanos. Precisamente uno de estos barrios, La Arboleda, ha sido el escenario donde ocurrieron hace un mes hurtos de bicicletas y el fin de semana pasado el robo de 30 millones de pesos de una residencia. Todo en un marco de vigilancia privada, cámaras de seguridad y supuesto control perimetral del vecindario.
El debate sobre lo que sucede no ha llegado a conclusiones claras. Es por lo menos insólito que tengan lugar estos hechos en sitios que se han erigido precisamente como espacios de contención de la comunidad frente a los riesgos del ámbito público que no han podido -o no han sabido- resolver las autoridades en las ciudades. En los barrios cerrados hay vecindarios que, al estilo de los consorcios de edificios, han encargado a una administración que se ocupe no sólo de la estética urbana interior y los servicios en general, sino de saber quién ingresa, quién sale y circula por el predio comunitario, en el cual hay normas elementales que se cumplen a rajatabla como no ocurre en el espacio público de las ciudades, como la limitación de velocidad de los vehículos, que en estos casos es de 20 km/h (en las ciudades es 30/40 km/h, y no se respeta).
Precisamente el éxito de esta experiencia comunitaria en pequeña escala (para la cual se pagan expensas que equivalen a los impuestos que los ciudadanos pagan al Estado a cambio de servicios, precisamente) ha generado que cada vez más gente se haya interesado por trasladarse a estos vecindarios. Por ello es insólita la circunstancia de que haya robos. Lo dicen los vecinos: “Antes sufríamos por lo que pasaba en la calle; ahora se agregó lo que pasa en el interior de los countries. Estamos preocupados porque jamás pensamos que llegaríamos a vivir esta situación”, señaló una residente a LA GACETA.
Por ello mismo, uno de los planteos ha sido cuestionar a las empresas de seguridad interna, algunas de las cuales pueden haberse visto desbordadas por fenómenos nuevos o por el aumento externo de la inseguridad. Los investigadores policiales, a la hora de esbozar explicaciones, han hablado de gente desconocida que ingresó a los barrios cerrados (acaso alquilando viviendas temporalmente) y permitió que se filtraran datos de la vida comunitaria; además, han sugerido que los delincuentes son más sofisticados (afirmación que es cuestionable, por cierto) y que estudian a sus víctimas; y también, que falla la vigilancia perimetral.
El fenómeno ha movilizado a los funcionarios de Yerba Buena, pese a que no tienen injerencia en el área de San Pablo (nada han dicho los responsables policiales de esa zona), que han prometido mejoras en la presencia policial urbana. La seguridad pública en Yerba Buena en particular está en el ojo de la tormenta en estos días, a raíz de los cuestionamientos y reclamos de comerciantes.
No obstante, la magnitud del problema en los countries no ha podido ser medida aún. Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal aventuran que no hay incremento de robos en barrios cerrados, sino que “ahora se visibilizan los hechos”, y que “se están dando todas las respuestas y se lograron esclarecer la mayoría de los casos que se denunciaron”. Esto es, hay autoridades que no están viendo una situación preocupante donde los vecinos sí la ven.
Una primera aproximación al asunto sería que la Policía de las localidades comprometidas, más allá de la de Yerba Buena, se sume al debate en busca de estrategias tendientes a obtener soluciones, y que se estudie el problema a fondo. Puede haber muchas teorías, pero hay hechos concretos que avalan que haya inquietud vecinal.
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