Crisis carcelaria: familiares denuncian irregularidades en el trato de detenidos

La escena se repite una y otra vez. Cada vez que se registra un motín: los parientes comienzan a pedir explicaciones. “¿Dónde están los jueces? ¿Qué hacen los defensores oficiales? ¿Y los de derechos humanos? ¿Por haber cometido un delito que lo están pagando no tienen derechos?”, se preguntó Rosa Galíndez, pareja de uno de los amotinados en la ex Brigada.

Algunos de los interrogantes no tienen respuestas. “El problema carcelario le compete al Poder Ejecutivo. Sin embargo, los jueces deben velar para que los detenidos no sean alojados en lugares que no son propicios para tener a una persona privada de su libertad. Pocos magistrados contemplan al momento de otorgar una prisión preventiva las alarmantes condiciones de los centros de detención”, explicó el abogado José Del Río.

Aníbal Paz sostuvo que el mayor problema es que los operadores quedaron atrapados en un círculo vicioso. “El fiscal pide la preventiva, el defensor su libertad y el juez decide si la otorga o no. El magistrado, en caso de que las acepte, solicita que sean trasladados al penal de Villa Urquiza, sabiendo que no hay cupos. Lo hacen porque si llegara a pasar algo podrá decir que él ordenó su traslado y, si no cumplieron su orden, su responsabilidad será de los funcionarios policiales o del área del ministerio de Seguridad”, comentó.

“Lo que le pasa a nuestros hijos es una verdadera vergüenza. Están aquí porque roban para drogarse. Nadie los ayuda. El Estado no hizo nada para luchar contra los vendedores de esa porquería y tampoco pudieron recurrir a un lugar para dejar de consumir. Ahora lo mandan a una porquería de celda”, comentó indignada María Fernanda Medina. “Nos cansamos de pedir ayuda y nadie hace nada. Ahí están, amontonados, pálidos y con sarna”, añadió la mujer en la puerta de la seccional 9ª.

Del Río dijo que en Tucumán no se cumple con el mandato constitucional de que las cárceles deben ser sanas y limpias. “En mi trayectoria jamás me encontré con un juez visitando los lugares de encierro. Sí a abogados particulares y oficiales”, detalló. Pero hasta aquí no existe un nuevo planteo por la crisis carcelaria. El año pasado, dos profesionales del Ministerio Pupilar de la Defensa presentaron un recurso. No sólo que no tuvieron eco, sino que además le quitaron la responsabilidad de velar por los detenidos.

Los parientes de los presos en comisarías denunciaron que para ser trasladados al penal de Villa Urquiza deben “arreglar” con funcionarios del Servicio Penitenciario. “Los que tienen recursos se van muy rápido a la cárcel, los ‘piperos’ que no tienen una moneda, se quedan meses en las comisarías. Es muy injusto lo que está pasando”, comentó Esteban Martínez.

Los abogados entrevistados por LA GACETA también opinaron sobre este punto. “Esos arreglos para pasar al penal es una verdad que nadie quiere contar”, señaló Geraldine Salazar. “No conozco situaciones de estas características, no deberían existir porque es un derecho que le corresponde a los reos. Pero no me sorprende que haya este tipo de acuerdo”, destacó Paz. Ernesto Baaclini y Álvaro Zelarayán señalaron que en los años que tienen de profesión, nunca tuvieron un caso así y aclararon que se los debería denunciar para que los responsables sean severamente castigados.

La crisis carcelaria ha generado otros problemas. Al hacinamiento se le suman los problemas de alimentación. Los procesados comen las raciones que le llevan sus familiares. Los condenados deberían recibir la comida del penal. Policías y familiares indicaron que esa situación no se está cumpliendo, pese a que los menús diarios están contemplados en el presupuesto del penal. “No vienen todos los días. A veces les entregan un paquete de yerba y azúcar para que lo ocupen durante varios días. Por eso los changos se desesperan para que los pongan en una comisaría que esté cerca de sus casas. Hay changos que los llevan al interior y la pasan mal porque no se les puede llevar la vianda todas las jornadas”, comentó Jeniffer García, pareja de un procesado.

Los abogados entrevistados por LA GACETA coincidieron en señalar que la situación es crítica. El malestar de los detenidos va creciendo con el correr de los días. “Estamos ante una bomba de tiempo que cuando estalle puede generar una tragedia sin precedentes. Quiera Dios que no, pero recién ahí todos comenzarán a rasgarse las vestiduras”, concluyó Zelarayán.