Por Gustavo Rodríguez
25 Agosto 2022
MOMENTO CLAVE. El gobernador interino Osvaldo Jaldo saluda a Miguel Gómez después de haber jurado como director de Institutos Penales. la gaceta / fotos de antonio ferroni
Ayer al mediodía, al haberse enterado de ciertas versiones, el gobernador interino Osvaldo Jaldo, habló telefónicamente con el director del Servicio Penitenciario Luis Alberto Pereyra para saber si eran ciertas. Al confirmar el comisario retirado que había enviado notas pidiendo explicaciones a varios funcionarios judiciales y una carta documento a LA GACETA por la investigación de la distribución de la comida a los condenados que están en comisarías, el tranqueño le pidió la renuncia. Sin dar más vueltas designó a su reemplazante, Miguel Gómez. El ex secretario de Seguridad de la provincia asumió anoche en el cargo en un acto que se desarrolló en la Casa de Gobierno.
Pero lo que no se sabe es qué sucedió durante la mañana, cuando un equipo de 15 personas del Ministerio de Seguridad se presentó en el penal de Villa Urquiza para profundizar la auditoría que el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, había anunciado que se realizaría. En las primeras horas de trabajo, los enviados se habrían topado con algunas novedades que fueron transmitidas rápidamente.
Según confirmaron altas fuentes del Gobierno, entre otras cosas, habrían descubierto el mal uso que se les estaban dando a algunas oficinas; supuestos presos VIP; el faltante de dos escopetas en el penal de Concepción; que se había autorizado la filmación de un videoclip del cantante Walter Salinas y un posterior almuerzo sin que se haya tomado las medidas de seguridad correspondientes.
También se habrían encontrado nuevos detalles sobre la distribución de las raciones de comida a los condenados que se encuentran detenidos en los calabozos de las comisarías que, según los registros de LA GACETA, son casi 500.
En su edición del domingo, nuestro diario daba cuenta que los reos no recibían todos los días la ración -pese a que el Estado pagaba para que ello ocurriera- que consistían en sándwiches en mal estado y dos tortillas. Los presos, por su mala calidad, no los comían y, antes de tirarlos, los policías los regalaban a personas en situación de calle o, cuando no eran aptas para consumo humano, se los entregaban a criaderos de cerdos para que alimenten a los animales.
En la edición de ayer del Boletín Oficial se publicó el decreto donde se autorizaba a Pereyra a que le pague al Departamento de Producción más de $20 millones en concepto de las raciones que, supuestamente, se habían distribuido en las dependencias policiales durante el mes de abril únicamente.
“El que actúa mal o el que no hace bien su trabajo, a este gobernador no le temblará el pulso para firmar un decreto para nombrar otra persona en el cargo”, señaló Jaldo al hacer uso de la palabra en la asunción de Gómez. En esta oportunidad, el funcionario saliente no estuvo en el acto y tampoco hubo agradecimientos por la gestión realizada, como normalmente suele suceder.
Las palabras del tranqueño fueron refrendadas por el ministro Agüero Gamboa. “La investigación continuará, por más que haya un funcionario saliente”, aseguró con tono tajante en una entrevista con LA GACETA.
“Hoy (por ayer) avanzamos en el penal de Villa Urquiza; después seguiremos por el de Concepción y, por último, el de mujeres que está en Banda del Río Salí; y también en el Patronato de Internos y Liberados. Esto recién comienza y se analizará todo”, agregó. Sobre las presuntas irregularidades, el funcionario respondió: “todo será investigado, absolutamente todo”.
Poder
En el esquema de Seguridad hay una subsecretaría de Servicio Penitenciario -cargo que actualmente ocupa Graciela Sale- y la Dirección de Institutos Penales que ocupaba el renunciante. Pero en la realidad, es el titular de la última repartición el que tiene mayor poder de decisión, ya que están a su cargo las áreas más importantes del sistema penitenciario.
Pereyra, que asumió en el cargo a mediados de abril, desde junio venía sumando problemas a su gestión. En ese mes, por nota, la jueza de Ejecución Alicia Merched le pidió que no nombrara a un oficial del Servicio Penitenciario como subdirector de la cárcel de Concepción porque ella lo había denunciado en la Justicia Federal en una causa por droga que ya fue elevada a juicio.
En la misma nota, la magistrada le pidió explicaciones por la negativa de trasladar a un condenado que estaba alojado en la comisaría de Juan Bautista Alberdi, si había cupo en la unidad carcelaria de Concepción. También le advirtió claramente que si no acataba sus órdenes, le iniciaría una causa por incumplimiento a una orden judicial.
En una audiencia realizada en julio pasado, el juez Gonzalo Ortega le aplicó una multa de $30.000 por haber incumplido una orden que le había dado. Ese mismo día fue notificado de la sanción que había recibido.
Las quejas de los magistrados llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que también intervino en el asunto. Habría enviado un oficio para advertirle a Pereyra lo que estaba sucediendo.
La noticia en el penal fue bien recibida por los internos. En los últimos días, los reclusos no sólo expresaron su malestar por la comida, sino que además le habían comentado a sus defensores que había presos que tenían privilegios, otro de los puntos que será investigado por la auditoría.
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