¿Cuánto dinero se necesitaría para eliminar la pobreza urbana?

En la Argentina, una familia tipo necesita $ 104.216 para no caer en la pobreza. En el último año, la Canasta Básica Total, compuesta por los alimentos y por los gastos básicos para sostener un hogar ha subido un 71,5%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Mañana, el organismo que conduce el economista Marco Lavagna dará a conocer el dato de julio y que puede llevar a la CBT a los $ 110.000 para un matrimonio y dos hijos pequeños. El constante reajuste ha signado a más familias hacia la pobreza y las consultoras privadas prevén que en el primer semestre de este año afecte al 40% de la población urbana. Otro dato preocupante es que a un tercio de los ocupados no le alcanzan los ingresos para salir del umbral de la pobreza y tienen que salir a buscar otro empleo para subsistir.

Si se toma en cuenta el impacto de los planes sociales que otorga el Estado a la población más vulnerable, lo que invierte la Nación y las provincias en programas asistenciales alcanzaría para eliminar la pobreza, según sostiene el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El diseño de la Asignación Universal por Hijo (AUH) establece que los hogares beneficiados cobran el 80% del subsidio de manera automática y el 20% restante condicionado a controles de salud y educación. Si bien el Estado administra la educación y la salud, el control de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) consiste en exigir a los beneficiarios que gestionen los certificados de cada hijo en las escuelas y los hospitales. Esta concepción del ciudadano “cadete” del Estado multiplica los gastos administrativos, los costos para las familias y facilita el fraude. En la práctica, hace que los controles de salud y educación en la AUH no se hagan, explica Idesa.

Adicionalmente, el Estado nacional administra varios otros programas para asistir a los mismos hogares. A la AUH se le suman la Tarjeta Alimentaria y el Potenciar Trabajo. Las provincias y municipios, por su parte, financian programas similares para las mismas familias. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay otra tarjeta alimentaria denominada Ciudadanía Porteña, destinada a la misma gente que recibe la AUH, con los mismos requisitos de salud y educación que, al igual que con la Anses, no se controlan, expresa la entidad.

Cálculo aproximado

Para dimensionar el esfuerzo que el Estado argentino hace en planes asistenciales se puede comparar lo que se necesitaría para terminar con la pobreza de ingresos con lo que el Estado gasta en planes asistenciales. Procesando datos del Indec y el Ministerio de Economía referidos al 1° trimestre de este año se observa:

• Para terminar con la pobreza urbana de ingresos se necesitaban unos $ 140.000 millones mensuales.

• El gasto en la AUH y los planes del Ministerio de Desarrollo Social ascendió a $ 90.000 millones mensuales.

• El gasto asistencial de las provincias ascendió a unos $ 30.000 millones mensuales.

“Estos datos muestran que, sumando el gasto asistencial nacional y provincial, se llega a un monto bastante cercano a lo que se necesitaría para que cada hogar pobre deje de serlo. Ciertamente que se trata de un cálculo muy aproximado y que la pobreza es un fenómeno mucho más amplio y complejo que la insuficiencia de ingresos. Pero este ejercicio da una idea del masivo desvío de recursos derivado de la pésima gestión pública”, expresa el reporte de Idesa.

Un ejemplo ilustrativo son las reacciones que generó el anuncio de que en CABA se comenzarán a aplicar los controles de salud y educación. Los controles generaron polémicas. Pero no el hecho de que los pobres que viven en CABA, además de recibir asistencialismo de varios programas nacionales (AUH, Tarjeta Alimentaria, Potenciar Trabajo), sean cubiertos por un programa local que tiene similar diseño (Ciudadanía Porteña), explica. “Parece que no hay conciencia de que el solapamiento de programas además de ser tortuoso para las familias es muy oneroso para el Estado. Se multiplican los gastos administrativos, en empleados públicos y en comisiones bancarias. El resultado es que llega menos plata a los pobres porque mucha se pierde en la intermediación y en la muy precaria gestión. Pierden los pobres y ganan los que usan a los pobres”, remarca el diagnóstico.

La lógica de los programas de “transferencias condicionadas de ingresos” -que son muy aplicados en el resto del mundo- es dar una señal contundente a las familias sobre la importancia de la educación y el cuidado de la salud de los niños. Si un hogar no los cumple hay una situación grave que amerita una acción más vigorosa del Estado. Limitarse a seguir transfiriendo ingresos a los hogares donde los niños no reciben cuidados elementales de salud ni educación no es un acto solidaridad sino de hipocresía. Es resignarse a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Según Idesa, la degradación de la gestión pública no se revierte con acciones aisladas, como convocar a las universidades para auditar los planes asistenciales. Se necesita un ordenamiento integral del Estado para aumentar la calidad de la gestión pública y así su sostenibilidad financiera. “En materia de asistencia social, un solo nivel de gobierno debería administrar un solo programa, con criterios de elegibilidad transparentes y donde los controles (salud, educación, etc.) sean automáticos con la información de los diferentes organismos públicos (centros de salud, escuelas, etc.)”, finaliza Idesa.