Osvaldo Jaldo sabía que no pasaría mucho tiempo desde que asumiera hasta que los gremios estatales demandaran una mejora en los salarios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) pulveriza, mes a mes, las remuneraciones de los trabajadores, pero no todos los sectores tienen la misma espalda para hacer un esfuerzo financiero que satisfaga las demandas sindicales.
El caso del Estado es particular. Con una dotación de unos 110.000 agentes públicos (casi 100.000 cargos permanentes, según el Presupuesto), anuncios como el concretado por el Gobierno de dar un anticipo de $ 40.000 por empleado a cuenta de las paritarias, tiene un claro mensaje: ganar tiempo para que la tranquilidad social se mantenga en el tiempo, en medio de un tormentoso proceso electoral en el que el oficialismo se juega la Presidencia de la Nación.
Ese anticipo tiene un costo fiscal directo de unos $ 4.400 millones; se pagará por planilla salarial a partir de la semana que viene, cuando se inicien las negociaciones con los gremios, pero además será tomado en cuenta para el cálculo del segundo Sueldo Anual Complementario, es decir, el medio aguinaldo que se abonará en diciembre.
Por esa razón, no es un bono extraordinario, como los que suelen otorgar las provincias al cierre de cada año. Además, los estatales contarán con los $ 40.000 en sus cuentas bancarias; no pueden sufrir descuento alguno, señaló el gobernador.
El Gasto en Personal representa, en la actualidad, entre un 50% y un 52% del total de erogaciones de la provincia. Con el último incremento del 24% más el anticipo, la planilla salarial bruta de la Provincia ascenderá este mes a unos $ 60.000 millones, casi tres veces más que la existente en igual mes del año pasado.
En medio de este proceso hubo una inflación interanual del 150%. “El empleado público de Tucumán no está exento de la realidad económica argentina. Estamos generando ahorros para reconocer la tarea de los trabajadores porque esto no es un gasto; es una inversión”, declaró Jaldo a LA GACETA.
El mandatario no arriesga qué otros pasos dará el Gobierno en materia salarial. Afirma que a partir del miércoles sus ministros Regino Amado (Gobierno) y Daniel Abad (Economía) comenzarán a recibir a los gremios para acercar posiciones, analizar qué disponibilidad tiene la provincia para atender las demandas y, paralelamente, buscar la manera de dar mayor eficiencia a los servicios que prestan.
Ese día irán a la Casa de Gobierno los representantes de ATEP, de APEMs, de AMET y hasta de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT), un gremio que no venía participando de las negociaciones. Luego será el turno de ATE, UPCN, del Frente y de la Unión de Gremios Estatales, de Vialidad y de la Policía. Por separado y hasta el viernes de la semana que viene, los ministros dialogarán con ATSA, AME, Sumar y Sitas, que hoy participó por primera vez de un anuncio oficial y aceptó la invitación para ser parte de las negociaciones paritarias.
Los gremios de la sanidad vienen reclamando al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria que, entre otros puntos, implica una recomposición salarial para la actividad. Hasta ahora se ha dado una cuota de ese reconocimiento, pero abonarlo implicaría a la Provincia unos $ 6.500 millones mensuales. De allí que las autoridades sostengan de que se irá reconociendo de forma gradual.
Cada día que pasa, Jaldo se encuentra con varias cajitas de sorpresa heredadas de la gestión de Juan Manzur. El nuevo gobernador se conforma por el momento con sostener la tranquilidad social y política, aunque sea en cuotas, hasta tanto se avance con las medidas de austeridad proyectadas que, hasta ahora, están en proyectos y que en el último mes del año se convertirán en decisiones de fondo.