Dos revueltas policiales que quedaron en la memoria tucumana

Según los miembros y ex funcionarios de la fuerza policial, la Ley de Contravenciones Policiales no es la única norma que debe modificarse. La Ley Orgánica de la Policía (N°3.656) es la que organiza la estructura y vida de la institución policial. Fue sancionada a comienzos de la década de 1970 y a través de decretos y circulares se fue aggiornando, pero debido a los cambios que hubo en la Policía quedó prácticamente desactualizada.

Según le explicó el abogado, docente y criminólogo Mario Herrera a LA GACETA, la ley 3.656 fue sancionada en 1972 y tuvo modificaciones en 1.976. “Sí tuvo una influencia castrense, ya que el ejército argentino fue el que en su momento realizó esas normas. Pero a posteriori fueron adaptándose al sistema democrático”, indicó.

Entre los artículos que la conforman se plantea una marcada verticalidad, encabezada por la Plana Mayor y fija la prohibición de la sindicalización por parte de los oficiales subordinados.

“Creo que sindicalizar a la Policía no es una decisión correcta, para nada, porque tenemos un reglamento interno muy regio. Si llegamos a tener un sindicato va a haber 20 grupos que no se van a poner de acuerdo; y si ellos deciden hacer un paro policial, ¿cómo queda la sociedad? ¿Una parte de la Policía va a trabajar y la otra no? ¿En qué parámetro nos paramos para sancionar o para ir a la Justicia? Eso ya es un delito”, argumentó el Jefe de Policía, Joaquín Girveau.

Sin embargo, la ilegalidad de la creación de sindicatos, a nivel nacional, no impidió que en el pasado, miembros de la Policía realizaran huelgas y protestas salariales. Las más recordadas son las que tuvieron lugar en 1984 y 2013.

1984. Ese año se produjo la primera protesta salarial de los policías tucumanos, desde la vuelta de la democracia. La revuelta ocurrió en agosto bajo el gobierno del peronista Fernando Riera. El autoacuartelamiento comenzó con un grupo de agentes que exigían una suba en sus ingresos. Con el correr de los días la tensión se incrementó y la Jefatura de Policía estaba ocupada en su totalidad. El punto cúlmine llegó cuando el Gobierno provincial solicitó ayuda a la Nación. El entonces presidente, Raúl Alfonsín, avaló la intervención de Gendarmería Nacional, que copó las calles de la provincia el 5 de agosto. El 8 de agosto, luego de una disputa entre las fuerzas provinciales y nacionales, el gobernador Riera se presentó en la Jefatura para entablar un diálogo con los policías sublevados. Después de escuchar los reclamos y de analizar el tema en Casa de Gobierno anunció que el pedido había sido concedido y se dio fin a la protesta.

2013. Al igual que en el 84, el 8 de diciembre de 2013, los integrantes de la Policía comenzaron con una huelga por un reclamo salarial que se extendió hasta el 11 de ese mes. Durante esos días, los sediciosos tomaron la Subjefatura, bloquearon las entradas, secuestraron móviles e impidieron que el sistema 911 cumpliera su tarea preventiva. Debido a la desprotección que hubo, se generó una ola de saqueos en el Gran San Miguel de Tucumán; se registraron muertes y decenas de heridos.

Actualmente se está enjuiciando a 42 personas por ser consideradas partícipes y cabecillas de esa revuelta. Entre los acusados se encuentra el entonces Jefe de Policía, Jorge Racedo.

Girveau en 2013 era jefe de la División Motorizada y sufrió la toma de vehículos. En diálogo con LA GACETA afirmó: “El reclamo salarial en ningún sector es un reclamo injusto, lo malo es la forma en la que lo hicieron en 2013”. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero).