La trama secreta de la venta ilegal de la mercadería

La investigación comenzó por la venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social. Pero nadie se atreve a decir hasta dónde llegará. La causa es una bomba que ya fue activada y que puede explotar en cualquier momento. Tanta preocupación tiene una sola razón: no hay delito más repudiable que hacer negocios o política con los alimentos que compra el Estado para entregar a personas que no tienen qué comer.

El expediente se abrió por la denuncia que realizó el ministro de Desarrollo Social Federico Masso por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo. Pero ahora trascendieron los motivos del porqué la hicieron. Al asumir en su cargo, el ex legislador opositor, descubrió que su ministerio adquiría mensualmente unos 600.000 kilos de alimentos por unos $600 millones.

También estableció que más de la mitad de los víveres eran llevados al depósito de la empresa Hacha de Piedra para que fueran retiradas por unas 74 organizaciones civiles y sociales, cuando en realidad no existen más de 24 en toda la provincia. Por último, confirmó que nadie controlaba este proceso. Los empleados de la firma eran los responsables de entregarlas y los beneficiarios, una vez por mes debían presentar la información del destino de la mercadería.

En diciembre, que fue el primer mes del control absoluto de la nueva gestión, las autoridades de Desarrollo Social descubrieron que casi el 30% de las organizaciones no habían cumplido con la obligación, por lo que decidió suspender la entrega de este mes.

La decisión, que también fue apoyada por Jaldo, generó malestar entre los dirigentes del oficialismo que ya habían demostrado su sorpresa y enojo por el nombramiento de un “foráneo” en un ministerio clave para el dominio territorial. Idearon entonces una campaña de desprestigio en contra del robusto ministro. Pero el dirigente, con el aval del gobernador, fue más rápido y realizó la denuncia en la Justicia para frenar este intento desestabilizador.

Consecuencias

La reacción de los “rebeldes” no se hizo esperar. Primero fue involucrar a la hija de Masso en el caso a través de una denuncia que realizó un abogado en las redes sociales y que en Tribunales dejó más dudas que certezas. No sólo fue un golpe bajo, sino que además dejó en claro que el ministro de Desarrollo Social no goza del apoyo de todos sus pares del gabinete. Cuentan en Casa de Gobierno que pocos o ningún familiar lo llamó para apoyarlo. Masso sonrió cuando se le consultó sobre el tema. La segunda maniobra fue tratar de instalara la versión de los vínculos de Hacha de Piedra con otro funcionario del PE. “Están nerviosos los muchachos”, dijo un allegado al dirigente tranqueño. Jaldo, en una reunión con algunos ministros y el jefe de Policía, fue claro: “vamos a ir hasta el fondo”.

Varios entendieron el mensaje y se acabaron las campañas de desprestigio. También los llamados telefónicos y los pedidos de entrevistas privadas. Tanta intranquilidad tiene su razón de ser. En medio de la investigación se descubrió que en octubre hubo una doble entrega de mercadería. La fecha no es casual: fueron los días en el que se realizaron las elecciones presidenciales y el posterior balotaje. La sospecha de que esos víveres fueron a parar a los bolsones que entregan a cambio de votos comenzó a cobrar fuerza. La pesquisa abarca desde marzo a diciembre de 2023. En el medio, están los meses de abril y junio que estuvieron al rojo vivo por las elecciones provinciales.

Es importante aclarar que hay muchos dirigentes del oficialismo y de la oposición que apoyan y ayudan a organizaciones que atienden merenderos y comedores. No es delito solicitar al Estado mercadería, si lo será si le dan otro destino. En medio de la investigación trascendió que el año pasado, en tiempos electorales, personas vinculadas a entes autárquicos, legisladores, concejales, funcionarios provinciales y nacionales, solicitaron módulos alimentarios para entregar. Ahora deberán demostrar quiénes la recibieron.

Pregunta

Algunos tucumanos se preguntan hasta dónde se llegará con esta investigación. El fiscal Ignacio López Bustos avanza paulatinamente con la causa, pero él la conducirá hasta el 31 de enero, ya que está subrogando la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que es dirigida por Mariana Rivadeneira. El ministro Edmundo Jiménez deberá resolver cuál de los dos continuará con el expediente.

La burocracia es el principal enemigo de cualquier causa en la que se investiga un acto de corrupción y el caso de Desarrollo Social no es la excepción. El fiscal López Bustos descubrió que la empresa Hacha de Piedra no tenía informatizado el sistema de entrega de mercaderías. Sí contaba con los duplicados de las órdenes. Serán al menos más de 1.000 boletas que deberá entrecruzar con la que entregó el Estado, por lo que la tarea demorará.

Por esa tardanza, hasta el momento hay cinco procesados por el delito de encubrimiento. Faltan identificar a los responsables que permitieron que se comercialice la mercadería ilegalmente. Existe la decisión política, según anunció el propio Jaldo. La Justicia está haciendo lo suyo y el Poder Legislativo, a pesar del silencio de los legisladores, también dio una señal al cesantear al empleado involucrado. Pero en Tucumán nunca hay que decir nunca.