Por Gustavo Rodríguez
09 Mayo 2024
¿DERROTA PARA LAS DEFENSAS? La Justicia finalmente no le pedirá a la víctima el celular para que sea analizado por los peritos.
La causa en la que se investiga el abuso que habría sufrido una joven y por la que están acusados cuatro jugadores de Vélez tuvo una importante novedad: la fiscala Adriana Reinoso Cuello decidió no pedirle a la víctima que entregue el celular. Tomó esta decisión al confirmar que analizará los móviles de dos amigas a las que les envió mensajes y audios entre el 2 de marzo y el 18 de abril. Así se puso fin a una disputa que podría haber terminado en un escándalo.
La joven denunció que el 3 de marzo fue atacada sexualmente en una habitación del hotel Hilton por los futbolistas. La fiscala Eugenia María Posse resolvió acusar de abuso agravado por la participación de dos o más personas a Braian Cufré y a José Florentín Bobadilla (como autores) y a Sebastián Sosa (como partícipe secundario) y a Abiel Osorio por abuso simple. Al arquero uruguayo le permitieron seguir el proceso en libertad, mientras que a los otros tres futbolistas se les dictó el arresto domiciliario y ahora pugnan por su libertad (ver nota aparte).
Con el correr de los días, la causa derivó en un caso de “no es no”. La víctima reiteró en más de una oportunidad que ella se negó a mantener relaciones. Cufré, Osorio y Florentín Bobadilla dijeron que el encuentro íntimo había sido consentido. A partir de allí, el Ministerio Público, la querella y los defensores comenzaron a recolectar indicios para probar su teoría del caso.
María Florencia Abdala y Camilo Atim (defensores de Florentín Bobadilla), con el apoyo de José María Molina, Antonella Battaglia y Ernesto García Biagosch (asisten a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa), solicitaron el análisis del celular de la denunciante al sospechar que allí podrían existir mensajes y audios con los que se podrían confirmar que el encuentro había sido consentido. En un primer momento, asesorada por sus abogados Patricia Neme y Juan Andrés Robles, la joven anunció que entregaría su celular el 16 de abril. Pero al asumir Patricio Char, la querella cambió de postura y anunció en varias oportunidades que no lo presentaría porque consideraba que se violaría su intimidad y que se la revictimizaría.
Se hicieron dos audiencias para resolver el intríngulis. Primero fue el juez Sebastián Mardiza el que rechazó el secuestro del celular porque no se había vencido el plazo de entrega anunciado por la víctima. Días después, el juez Augusto Paz Almonacid tampoco hizo lugar al decomiso del móvil, pero sí le dio plazo a la fiscala Reinoso Cuello para que decidiera qué hacer, ya que su par Alejandra Mibelli había autorizado a que se lo analizara por una autorización solicitada por Posse antes de que se confirmara que no entregaría el móvil.
La resolución
La fiscala Reinoso Cuello desistió finalmente de pedirle a la denunciante que entregara el celular para que fuera analizado. Argumentó su decisión al señalar que la información que buscaban los defensores podría ser encontrada en el teléfono de M.C, amiga de la víctima.
La testigo se transformó en un engranaje clave en la investigación del caso. El juez Mordiza ordenó que entregara el celular porque se negaba a hacerlo. Lo hizo, pero según consta en el expediente, no entregó el patrón de desbloqueo porque dijo no recordarlo. El inconveniente fue resuelto por el padre de la joven que entregó la clave para que no hubiera problemas.
M.C fue ofrecida como testigo por la querella. Cuando fue entrevistada por todas las partes, reconoció que había borrado todos los mensajes que le envió su amiga antes y después que sufriera el ataque que denunció.
Para los defensores su testimonio no es creíble. Abdala y Atim presentaron un escrito para que se investigara su historia laboral. Señalaron que podría haber sido beneficiada con un puesto de trabajo para respaldar los dichos de la denunciante.
“Esta defensa que la testigo se encuentra influenciada por la querella de una manera clara, evidente y grosera, lo que demuestra la maliciosa intención por parte de la querella de influir desde el inicio de la presente causa sobre testigos”, argumentaron. “Los representantes de los denunciantes también quieren influir sobre las pericias, evidencias y, principalmente, influir sobre la verdad”, añadieron en el escrito.
Los profesionales solicitaron que la fiscal realice pedido de informes a su empleador, a la Anses y a la AFIP. Reinoso cuello deberá resolver sobre esa cuestión.
El análisis del celular de la víctima está previsto que se realice el lunes, pero esa fecha podría postergarse. Ocurre que la resolución en la que se ordenaba esta pericia fue impugnada por la querella y hasta aquí no se resolvió su planteo, por lo que podría ser suspendida.
Fuentes judiciales confirmaron que los representantes legales de la denunciante realizaron una serie de planteos.
El primero de ello fue pedir explicaciones a Reinoso Cuello sobre por qué el expediente cayó en sus manos, ya que es titular de otra fiscalía. La representante del Ministerio Público no resolvió porque entendió que no era el ministro Edmundo Jiménez el que debía responder. La otra, pidieron que sea apartada de la causa por falta de perspectiva de género.
Lo más popular
