Por Luis María Ruiz
24 Mayo 2024
LA GACETA
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ratificó ante los tribunales provinciales que la cautelar dictada en agosto de 2022 para suspender el estacionamiento pago generó “un enorme perjuicio económico” al municipio, ya que tal situación “se mantiene en la actualidad”.
El escrito fue presentado por el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Felicitas Masaguer y María Florencia Casas, en el marco de la acción de amparo colectivo que unificó las demandas de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Eduardo Cobos, y de la federación de usuarios que preside José García, Fodecus, entre otros.
En abril, el fiscal municipal de la intendenta de Rossana Chahla había formulado un planteo en el que se advertía sobre “las improlijidades” en el procedimiento licitatorio para la adjudicación del estacionamiento medido a favor de la UTE Tecno Agro Vial, trámite efectuado durante la gestión de Germán Alfaro. Sin embargo, según la fiscalía municipal, estos cuestionamientos deberían haber sido subsanados “en el ámbito administrativo”.
La Sala II requirió a Mosqueira “que explicite de un modo claro el objeto” de aquel escrito, trámite que fue concretado este lunes.
“Debe quedar claro, que se están afectando recursos genuinos de mi mandante protegidos por la Ley Orgánica de Municipalidades”, indicó el abogado. Recordó que, según esta normativa, el patrimonio municipal comprende bienes públicos -como calles, veredas y parques- y distintos recursos, entre ellos, el servicio cuestionado en esta causa judicial. Y mencionó la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios, garantizada por la Constitución provincial.
“La prolongación indefinida del presente proceso de amparo colectivo, que en los hechos lo acerca a un proceso ordinario, afecta nuestra autonomía económica al privarnos de recursos genuinos y necesarios para la administración y gestión de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, apuntó Mosqueira.
Además, reiteró los cuestionamientos al acuerdo celebrado por el alfarismo por el estacionamiento pago, poniendo el foco en el efecto financiero de la cautelar vigente hace más de un año y medio. “La ausencia de ciertos requisitos que hacen a la transparencia del proceso licitatorio, audiencia pública, debida información de la situación del contratante codemandado, que confluyen en una leonina fijación de aranceles a su favor, hacen que mi mandante sea el único real perjudicado por esta acción”, indicó el fiscal municipal.
Según Mosqueira, la celebración de una audiencia pública antes de contratar a la UTE “hubiera ofrecido beneficios para los consumidores y la comunidad en general, ya que se favorece directamente la transparencia, y se permite que los proveedores de servicios públicos presenten sus argumentos y justificaciones para la fijación de precios y/o cánones”. “Ello hubiera conllevado a construir confianza entre la empresa y los consumidores”, agregó el letrado.
En esa línea, Mosqueira añadió que la participación ciudadana hubiera brindado a los vecinos “la oportunidad de expresar sus preocupaciones y opiniones sobre los precios propuestos, lo que fomentaría un mayor compromiso cívico” y “una mayor sensación de empoderamiento entre ellos”.
Luego, señaló que este tipo de proceso “favorece la rendición de cuentas”, ya que “las empresas de servicios públicos se ven obligadas a justificar sus decisiones de fijación de precios y asumir responsabilidad por sus acciones ante la comunidad”.
En este párrafo, el fiscal municipal envió otro tiro por elevación al alfarismo, al señalar la importancia de prevenir “abusos”, como el acuerdo de “85% de ganancia (para la empresa) vs 15% de recaudación al Municipio”. “Al exponerse (los números) a la opinión pública, se reduce la probabilidad de que las empresas fijen precios injustos o abusivos o ganancias exorbitantes , ya que están sujetas a una mayor supervisión y escrutinio de la comunidad”, agregó.
Por último, Mosqueira reiteró que la cautelar dictada en este proceso “agrava nuestra situación económica”, dado que la medida judicial permanece vigente desde agosto de 2022.
La Sala II, por su parte, pasó a resolver el pedido de la UTE Tecno Agro Vial para que se rechace in limine la demanda. Así, la causa sobre el estacionamiento pago podría haber entrado a una instancia decisiva, aunque no hay plazos para la sentencia de fondo.
Las claves del estacionamiento pago en Tucumán
1- En julio de 2022, la Intendencia entonces a cargo de Germán Alfaro (PJS) activó un mecanismo de estacionamiento medido en unas 300 cuadras de la Capital, abarcando el centro, el microcentro y sus alrededores.
2- Para su puesta en funcionamiento, el municipio celebró un contrato con la UTE Tecno Agro Vial. Sin embargo, el servicio sólo estuvo operativo durante 45 días, debido a una acción de amparo colectivo promovida por distintos demandantes.
3- En agosto de 2022, la Justicia provincial dispuso la suspensión de todos los actos relacionados al estacionamiento medido, incluyendo la concesión y el cobro a los usuarios. Así, la app permanece inactiva.
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