La Iglesia volvió a advertir al gobierno de Milei: "Recortar a expensas de los pobres es pecado"

Durante un encuentro en Buenos Aires, los sacerdotes volvieron a alertar sobre el incremento del narcotráfico en las comunidades más humildes.

Gustavo Carrara. FOTO Caminosreligiosos.com Gustavo Carrara. FOTO Caminosreligiosos.com
26 Junio 2024

La Iglesia católica lanzó su más reciente advertencia durante una reunión de obispos en Quilmes: "Recortar a expensas de los pobres es un pecado". La frase pertenece a Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y referente de los curas villeros, cercano al arzobispo Jorge García Cuerva, y fue escuchada por ex funcionarios de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En los últimos tres meses, la Iglesia ha enviado varios mensajes al gobierno de Javier Milei. Primero, sobre el impacto del plan de ajuste en los sectores más vulnerables; luego, por la demora en la distribución de alimentos a cargo del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello; después, por la estigmatización del trabajo de las organizaciones sociales en las villas; y finalmente, por el avance del narcotráfico en los barrios.

Los curas son fundamentales para la asistencia a familias sin recursos, con miembros afectados por adicciones y donde el narcotráfico se ha enraizado en las calles de los barrios. Los mensajes de la Iglesia, que se expresaron desde abril, han reflejado críticas hacia la gestión libertaria y un llamado constante para que el Estado juegue un papel protagónico en los sectores más desfavorecidos.

En la conferencia de ayer, con la presencia de Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Carlos Tissera, titular de Cáritas, la Iglesia volvió a alertar sobre el incremento del narcotráfico en las comunidades más humildes. Los curas han informado cada vez más sobre familias con problemas de adicciones y un aumento significativo de la violencia en las calles.

En este contexto, Ojea destacó que "el narcotráfico representa un Estado dentro de otro Estado", ilustrando la gravedad del problema. 

Los narcotraficantes ocupan el vacío estatal ofreciendo oportunidades aparentemente mejores a los jóvenes vulnerables, a cambio de ingresos ilícitos que temporalmente los alejan de la pobreza, pero con un alto riesgo de violencia y marginalización, han alertado en la Iglesia.

La Iglesia subrayó que muchos curas están dedicados diariamente a la recuperación y contención de jóvenes afectados por las adicciones, aunque criticaron las insuficiencias en las intervenciones estatales a nivel nacional, provincial y municipal. Cada mensaje y llamado reflejó una urgencia por la falta de empleo, alimentos insuficientes, dinero efímero y una violencia que erosiona la estructura familiar y educativa en las comunidades más necesitadas.

La preocupación de la Iglesia se centra en cómo las familias más humildes se desintegran debido al contexto social adverso. La captación de jóvenes por bandas criminales continúa en aumento en un entorno de creciente pobreza e indigencia. La institución religiosa llama la atención al gobierno nacional por desmantelar el esquema de colaboración entre Estado, organizaciones sociales y la Iglesia en las villas, sin ofrecer una alternativa efectiva.

Carrara aseguró que es determinante "la presencia inteligente y necesaria del Estado porque, si no (ocurre eso), el narcotráfico avanza y mata personas en concreto, hipoteca la vida de niños y adolescentes". Es un mensaje contundente para un gobierno de Javier Milei que no cree en el accionar del Estado. "Soy el topo que destruye el Estado desde adentro", había dicho el economista libertario.

Un sacerdote de una parroquia del conurbano bonaerense aseguró que creció la inseguridad, aumentaron los excesos y los jóvenes están cada vez más vulnerables. Según dijo, una de cada tres familias nos cuenta que tiene algún problema de adicción en algunos de sus integrantes.

La afirmación de Carrara, "recortar por los pobres es un pecado", está vinculada a la decisión del gobierno de Milei de dar de baja el plan FISU, que era utilizado para realizar obras para que la gente de los barrios más humildes tenga agua potable, accesos pavimentados y baños en condiciones dignas. Una política de hábitat que los curas revindican y piden que vuelva a funcionar, auditoria de por medio, consignó Infobae. 

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