Polémica

Tal vez cebados por el avance de los fascistas en el gobierno de Javier Milei y de prácticas similares en algunas provincias, como ésta, se está tratando de escribir una historia oficial del Operativo Independencia cuyos 50 años se conmemora por estos días.

“Todos ellos tienen sus razones: los hijos de las víctimas de la subversión, porque entienden que no se hizo aún justicia con sus padres; los de los desaparecidos, porque claman por conocer el lugar donde depositar una flor a sus seres queridos” se puede leer en LA GACETA del 26 de enero en un artículo firmado por el abogado José María Posse, tratando de explicar la situación actual que, en rigor, está lejos de haberse cerrado.

En el informe de la Conadep (1984) que presidía Ernesto Sábato, se dice: “Durante la década del ’70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, se indicaba en el prólogo del Nunca Más. Luego se afirmaba que: “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto”.

En esta interpretación, que equipara los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones armadas aparece la llamada “teoría de los dos demonios”. También en la película “La historia oficial” (que se estrenó casi simultáneo al informe, y que ganó el Oscar) se expresa en uno de los diálogos que interpreta la actriz y modelo “Chunchuna” Villafañe.

El texto del abogado Posse lleva a un extremo la posición: pues, si todos “tienen sus razones”, vale todo. Si todos tienen sus razones, entonces, la tuvieron los nazis que asesinaron y los judíos que resistieron o que por ser tales sufrieron el holocausto.

1) Lo que sucedió con el Operativo Independencia es el inicio de un proceso de crímenes de lesa humanidad (que no prescriben): ¿y qué son estos crímenes? “Son crímenes cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación” definen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnesty Internacional y diversas instituciones.

2) El terror comenzó con el cierre de 11 ingenios, y la expulsión de decenas de miles de tucumanos. Algunos historiadores calculan que no fueron menos de 200.000 personas lo que partieron a poblar el conurbano bonaerense o el Gran Buenos Aires.

El terror fue quedarse sin trabajo, sin un lugar para vivir y el hambre. Así de sencillo, así de simple. Esto es el terror, es la violencia, generada desde el Estado, de gobierno cívicos militares respaldados por entidades empresarias, por la Iglesia y diferentes instituciones civiles.

Hasta ahora son 1.173 las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en 316 sentencias dictadas en todo el país desde 2006 (datos y detalles pueden ampliarse en https://www.fiscales.gob.ar/).

El regreso

Perón regresa al país porque la dictadura de Onganía- Levingston- Lanusse no pudo detener el movimiento clasista de izquierda que generó el Cordobazo. Tampoco lo pudo hacer Héctor Cámpora (duró menos que una primavera), que sólo pudo armar el famoso Pacto Social (de la mano del “maldito burgués”, José Ber Gelbard). Un pacto que fue reventado con diferentes luchas obreras; una de las más importantes fue la de Fotia, en septiembre de 1974 (un plenario nacional de dirigentes se realizó –aunque accidentadamente- en la quinta agronómica de la UNT con Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y dirigentes como Jorge Fischer, a pesar que la policía valló el local de la Fotia; se había acordado la formación de una coordinadora nacional, aunque no quedó en claro con qué características.

En ese 1974 las organizaciones guerrilleras realizaron una serie de acciones y presentaciones que en nada favorecieron a la lucha de los trabajadores. Por el contrario, la perjudicaron, porque terminaron justificando la represión del Estado.

En 1973, cuando Perón regresó apareció la Triple A, el Comando Libertadores de América, la represión oficial y los grupos parapoliciales que asesinaron trabajadores y estudiantes en todo el país, en adelante.

El decreto

De la mano de Isabel Perón y Amado Juri (decreto N| 261/75), el Operativo Independencia liquidó a decenas y decenas de activistas y dirigentes sindicales, de los ingenios azucareros, principalmente, la mayoría de los cuales no tenían militancia en organizaciones foquistas. Se debe recordar los comunicados firmados por la policía que instaba a los padres a vigilar qué hacían sus hijos por las noches y a los vecinos a alertarse por el accionar de parejas jóvenes; esas eran las noches de miedo y amenazas que generaba el gobierno.

El gobierno de Amado Juri había creado un clima de terror con sus jefes policiales Mario Zimmerman y Antonio Arrechea: “En su mensaje anual a la Legislatura del 1 de abril de 1975, Juri declaraba ufana y macabramente que la Policía de Tucumán había actuado en el curso de 1974 y 1975 “cuidando especialmente la garantía de los derechos de protección a la vida, integridad física y patrimonial, etc.” (y el etcétera indica que el gobernador enumeraba los derechos humanos como se enumeran frutas o verduras) de todos los habitantes de la provincia, añadiendo que el accionar de la policía y “el de nuestro Ejército” “han dado un golpe mortal a las facciones extremistas que habrán de ser desterradas para siempre del territorio patrio”, cita de Roberto Pucci de LA GACETA, marzo de 1975, 1-6; en el texto “Tucumán, año 1975. La guerrilla y el terrorismo de estado antes del golpe militar”. “Me siento orgulloso del personal que está defendiendo nuestra bandera, la azul y blanca….lo único que hago es interpretar a un pueblo que los admira y los quiere. Triunfaremos con soldados como ustedes….” (LA GACETA, 11, 12, 1975). “Don Amado Juri (entonces gobernador) aplaudió el accionar del general Vilas y lo condecoró el día que se fue. Carlos María Torres, intendente de Tucumán, era íntimo amigo de Vilas, lo visitaba en Famaillá, y bautizó una plaza con el nombre del capitán (Humberto) Viola, que fue muerto por el ERP”, relata el periodista Marcos Taire (ex dirigente de la Asociación de Prensa de Tucumán).

El clima de terror lo creó el Estado, insisto: el decreto 1368/74 (6 de noviembre de 1974) ya había dispuesto el Estado de Sitio y otras medidas de seguridad.

María Estela Martínez, cuya indagatoria pidieron los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira nunca declaró ni fue acusada de nada. El juez Daniel Bejas sostuvo que la imputación es “débil y confusa” y minimiza el rol de la viuda de Perón. El juez fue apoderado del Partido Justicialista (1984 y 1996).

La responsable política de esta violencia y terror vive sus últimos años en paz y en España alejada de cualquier proceso. Estuvo detenida por Videla es verdad (también lo estuvo Juri y algunos de sus colaboradores).

Lucha liquidada

La Compañía de Monte del ERP que, según diversos historiadores no pasó de 150 integrantes, fue liquidada prácticamente en 1975 por el general Acdel Vilas. En una conocida y difundida comunicación, cuando asume la dirección del Operativo Independencia, Antonio Bussi lo saluda a Vilas, diciendo que “no le había dejado trabajo para hacer, prácticamente” (Bussi asumió el operativo en diciembre de 1975). No había tal “guerra sucia” como indican algunos portavoces de los sectores militares, tampoco era guerra.

Los estudiosos de este período indican que con el Operativo Independencia, hubo más de 800 víctimas y 250 desaparecidos y numerosos centros clandestinos de detención (las investigaciones de Roberto Pucci y Silvia Nassif, entre otros autores, son claros al respecto, así como los informes de las comisiones de la provincia y de la Nación). Y dan cuenta que hasta el golpe de Estado habían sido secuestradas ya el 44% de víctimas registradas para todo el período 1975-1983. No son pocos los trabajos de investigación que se hicieron.

El 9 de febrero de 1975 se produjo la ocupación militar con el desembarco de 1.500 soldados y el establecimiento del Comando Táctico de Acdel Vilas en la Comisaría de Famaillá, para “combatir a la guerrilla instalada en el monte”. Las fuerzas se instalaron principalmente a lo largo de la ruta 38 y la población civil quedó dentro del territorio militarizado. La Escuelita de Famaillá, que en ese entonces era una escuela cuya construcción no había sido terminada, fue la sede del primer centro clandestino de detención del país. Allí estuvieron secuestradas alrededor de 3.000 personas.

El nombre de la ruta 38, la “ruta de la muerte” como se la conoce hoy, antes que difundirse como tal por los accidentes con las rastras cañeras, podría denominarse así por las acciones de los militares.

Este año debía iniciarse la causa Ingenio La Fronterita por delitos cometidos contra 68 personas y será (sería, hasta ahora) el primer juicio que se desarrollará en la provincia que juzga la responsabilidad empresarial en este tipo de delitos. Allí funcionaba un centro clandestino de detención. Uno de los imputados fue reconocido por el municipio de Famaillá como “ciudadano ilustre”.

Hablar del terror y de la violencia… hoy, cuando la comunidad internacional ha sido uniforme en señalar a los militares y civiles de la dictadura cívico militar, y para qué hablar, del Operativo Independencia, del gobierno peronista convocando a los militares. Defender el Operativo Independencia o justificarlo es, no de algún modo, sino de todos, defender los crímenes de lesa humanidad.

© LA GACETA

Jorge Figueroa – Tucumán.