
Un grupo de dirigentes presentó la primera denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunta estafa y asociación ilícita tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales. Según los denunciantes, Milei participó en "la megaestafa más grande de la historia" en el sector cripto.
La denuncia, presentada el domingo, lleva las firmas de Claudio Lozano, líder de Unidad Popular; Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya, letrado; y María Eva Koutsovitis, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Se espera que en los próximos días otras presentaciones se sumen en la Justicia.
El escándalo se originó el 14 de febrero, cuando Milei utilizó sus redes sociales para promover el "Viva la Libertad Project", impulsado por la empresa KIP Protocol. Tras su mensaje, el valor de la criptomoneda pasó de US$ 0,000001 a US$ 5,20, pero se desplomó abruptamente cuando los desarrolladores abandonaron el proyecto y retiraron los fondos de los inversores. Este tipo de fraude es conocido como "Rugpull", una maniobra en la que los creadores de un token generan interés para aumentar su valor, para luego retirarse repentinamente con el dinero recaudado.
Los denunciantes solicitaron allanar la Quinta de Olivos y la Casa Rosada para incautar dispositivos electrónicos que pudieran contener pruebas de la supuesta estafa. Lozano, a través de sus redes sociales, sostuvo que "la evidente participación del presidente en esta estafa no hace más que reafirmar la doble moral del gobierno libertario".
Ante el revuelo generado, la Oficina Anticorrupción (OA) anunció que investigará si Milei incumplió la Ley de Ética Pública (N° 25.188), la cual prohíbe a los funcionarios utilizar recursos del Estado para beneficio personal o para la promoción de empresas privadas. En caso de detectarse irregularidades, la OA podría presentar una denuncia penal.
El gobierno, por su parte, minimizó el impacto de la denuncia y descartó cualquier posibilidad de juicio político. Fuentes oficiales argumentaron que "no hay ningún funcionario implicado en una maniobra ilícita ni hubo dolo". Según la Constitución Nacional, el juicio político solo procede en casos de mal desempeño o la comisión de delitos con sentencia judicial previa.
La investigación también se centrará en Hayden Mark Davis, presunto creador de $LIBRA y vinculado a la firma Kelsen Ventures, así como en el CEO de KIP Protocol, Julián Peh, y el trader Mauricio Novelli. Se analizarán sus conexiones con Milei y posibles reuniones previas a la promoción de la criptomoneda.
El escándalo sigue escalando y podría derivar en nuevas acciones judiciales, en un caso que expone la creciente preocupación por la regulación de los criptoactivos y la participación de figuras públicas en su promoción.