El Gobierno convierte a Yacimientos Carboníferos Río Turbio en sociedad anónima

El Gobierno de Javier Milei decidió convertir a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en sociedad anónima, en línea con la transformación del Banco Nación y con la posibilidad de que otros 60 organismos sigan el mismo camino. La medida, que se oficializará mediante un decreto en el Boletín Oficial, acerca a la empresa santacruceña a una eventual privatización, como lo contempla la Ley Bases. YCRT es una de las nueve empresas que quedaron en la lista de privatizables tras el recorte de las 41 propuestas originalmente.

El yacimiento de Río Turbio, único en su tipo en el país, es un emblema del kirchnerismo y ha sido objeto de fuertes controversias por su déficit y las millonarias inversiones que recibió en gestiones pasadas. Un informe de la SIGEN reveló que en 2024 la empresa tuvo un déficit operativo de 62.565 millones de pesos, a pesar de recibir fondos nacionales por más de 53.000 millones. Con más de 2100 empleados, en su mayoría administrativos, la actividad del yacimiento y la Central Termoeléctrica de Río Turbio es clave para la economía de la región.

El Gobierno sostiene que la conversión en sociedad anónima facilitará la transparencia, la administración eficiente y la posibilidad de atraer inversión privada. En este sentido, ya han surgido interesados en comprar la mina por una cifra estimada en 400 millones de dólares. Sin embargo, un intento de subastar 30.000 toneladas de carbón fracasó por falta de oferentes. Desde sectores sindicales y kirchneristas se oponen a la privatización, denunciando un “ajuste y vaciamiento” de la empresa.

Además de YCRT, el Gobierno analiza transformar otras empresas públicas como Tandanor, Correo Argentino, Enarsa, AySA e Intercargo. Según el oficialismo, este proceso busca reducir el déficit estatal y mejorar la eficiencia de las compañías. La privatización total o parcial de estas empresas sigue siendo una meta de la administración, que insiste en que una buena gestión privada no debe ser vista como un castigo, sino como una estrategia para mejorar el funcionamiento del sector público.