Complicaciones y burocracia frente al contrabando

Las imágenes publicadas en nuestra edición del 28 de marzo mostrando enormes cantidades de bultos de mercaderías, cubiertas y vehículos en los puestos fronterizos de nuestra provincia con Salta, Santiago del Estero y Catamarca dan cuenta de las complicaciones derivadas de la burocracia y de las trabas legales luego de los operativos contra el contrabando.

Es decir, a medida que se observa como acciones positivas las que se llevan a cabo para combatir la evasión y el trasiego de mercadería ilegal -además de la lucha contra el narcotráfico, que mueve sus tentáculos por las mismas rutas que las del contrabando- también se van generando complicaciones que exigen mayores gastos y personal a las autoridades para mantener esta política. ¿Hay soluciones? Las autoridades dicen que sí es posible resolver estos inconvenientes, y que están trabajando para ello. No obstante, los bagayeros dicen que los funcionarios “no saben qué hacer”. Esos comerciantes informales llevan a cabo desde hace más de tres décadas estas actividades irregulares pero consentidas por parte de la sociedad que consume muchos de estos productos, como son las ropas que se venden en las ferias repartidas por toda la provincia.

La mercadería que estos comerciantes adquieren principalmente en Bolivia es más barata por las diferencias de las políticas económicas de los países e ingresa sin pagar impuestos y aranceles. Según su valor, se considera esta evasión una infracción aduanera o bien un delito que es el contrabando. Esta cuestión, llamada aforo, es una de las principales causas de que la mercadería termine atiborrada en los 12 puestos fronterizos y de control de la provincia. Las normas establece que los infractores deben abonar una multa cuyo costo está compuesto por el valor de lo decomisado más impuestos. Pero como el valor del aforo no se ha actualizado desde 2017, las multas son más caras que lo que cuesta lo secuestrado y el infractor abandona el producto. De allí deriva otro problema: la aduana y la Justicia federal deben decidir qué hacer con los elementos secuestrados, que son considerados en su gran mayoría delito a causa del aforo.  El 90% de los procedimientos desarrollados en el Operativo Lapacho terminaron con la apertura de una causa judicial y la Justicia de Tucumán, como se sabe, está sobresaturada de causas y carece de personal e infraestructura. Como el único juez, además, se ocupa de todo tipo de asuntos, deja en lugar secundario causas por bultos de ropa.

Los funcionarios de la provincia afirman que   están haciendo gestiones con la Nación para que se regularice la situación con el tema del aforo -habría que cambiar los valores- y para activar algunos abandonados programas de entrega de mercadería secuestrada. Es de esperar que esto se haga. Además habría que estudiar más en profundidad el complejo problema social del trasiego de mercadería, que siempre desafía al sistema. Los bagayeros dicen que las autoridades, “como no conocen de qué se trata, no saben qué hacer”.