Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

El fallo del caso Julieta Prandi no es uno más. Su ex pareja, Claudio Raúl Contardi, a la pena de 19 años de prisión tras considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado” y de “causar un grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada”. Funcionarios y operadores judiciales explicaron que la dura condena generará cambios en Tucumán.

Prandi y Contardi comenzaron su relación en el año 2000. Tras cinco años de noviazgo se separaron, pero en 2008 decidieron retomar el vínculo. En 2011 se casaron, tuvieron dos hijos, Mateo y Rocco, y en 2019 se separaron nuevamente. En 2021 la celebridad denunció a su ex marido ante la Unidad Fiscal N°4 de Escobar por distintos episodios de violencia a los que fueron sometidos tanto ella como sus hijos.

Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del último de los hijos de la pareja- y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. Durante esos años, los reiterados abusos se habrían desarrollado bajo un contexto de violencia psicológica y física. El caso fue investigado por el fiscal Christian Fabio, quien solicitó la elevación a juicio oral en octubre de 2022. Después de tres jornadas de duro debate, el acusado escuchó la dura pena en su contra y fue detenido inmediatamente.

Una dura realidad

En Tribunales el panorama es complejo. Los funcionarios judiciales aseguran que no se disminuyeron las denuncias de violencia de género ni el dictado de medidas de protección. Si observaron que ocho de cada 10 presentaciones se terminan archivando porque las víctimas, por diferentes motivos, desisten de seguir con las causas. Esta situación, según confirmaron varias fuentes, generan una importante pérdida de recursos humanos y, fundamentalmente, le quitan tiempo para trabajar en los expedientes más graves.

No existen estadísticas reales sobre los casos de abusos que son denunciados varios años después de haberse concretado los ataques. Sí hay una política criminal más o menos establecida: en caso de que las víctimas sean menores de edad, los denunciados, en la mayoría de los casos, son detenidos y procesados.

No ocurriría lo mismo con los casos protagonizados por adultos en los que no existen la evidencia suficiente. “El testimonio de la víctima es fundamental en esta causa, pero no alcanza para solicitar la detención de una persona. Lo normal es que se ordene cuando haya más evidencias”, expresó una fuente judicial.

En los pasillos de avenida Sarmiento al 400, tanto funcionarios como operadores judiciales confirmaron que en los próximos días sí se puede producir un incremento de denuncias por abusos sexuales que no fueron recientes. “Muchas víctimas, más aún sin son conocidas, ayudan a las mujeres a dar ese paso trascendental que es exponer ante las autoridades su caso”, explicó un investigador.

Opiniones

La penalista Florencia Abdala señaló que el caso puede generar un triple impacto en la sociedad. El primero, según su criterio, que la vida en pareja no es un contrato de consentimiento permanente y que la coacción psicológica también invalida el consentimiento. El segundo, impulsar reformas prácticas que aceleren los tiempos procesales. Por último, opinó que habrá más mujeres que se animarán a denunciar.

“Este fue uno de esos casos donde los elementos de corroboración periférica toman una especial dimensión. Las reformas que se necesitan no sólo deben atender el impacto en la salud y la vida de la víctima, sino también del imputado mismo”, fundamentó. “Con seguridad habrá más mujeres denunciando, pero vale la pena hacer un recordatorio de que el debido proceso y la presunción de inocencia no son negociables. Son garantías constitucionales que no deben cederse sin importar el delito que se investigue”, razonó.

Según la abogada Agustina Lasquera, “el Caso Prandi constituye uno de los tantos ejemplos que evidencian lo lejos que nos encontramos de construir una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Pone de relieve las diversas modalidades de violencia, recordándonos que estas no son ajenas a ninguna esfera, incluso cuando se desarrollan en el marco de una relación de pareja”.

“Me mantengo escéptica respecto a las denominadas condenas ejemplares. Sin embargo, considero que en un proceso con esta visibilidad puede descartar cierta sensibilidad social, capaz de traducirse en prácticas políticas orientadas a la transformación”, explicó. “En un contexto donde la violencia tiende a naturalizarse y donde se minimiza e incluso se cuestiona a las mujeres que se atreven a denunciar, casos como este invitan a interpelar y revisar prácticas sociales profundamente arraigadas”, concluyó.

La también penalista Paula Morales Soria dijo que el fallo dictado ayer no es solo el cierre de una causa judicial, sino un mensaje contundente para toda la sociedad. “El abuso no tiene cabida y la impunidad no será la regla cuando el coraje de una víctima se una a la firmeza de un tribunal”, sentenció. “Este fallo marca un precedente jurídico y social de enorme relevancia. Por un lado, porque reafirma que la integridad sexual y la dignidad humana son bienes jurídicos que deben protegerse con todo el peso de la Ley. Por otro, visibiliza la realidad de muchas mujeres que enfrentan no sólo la violencia física y psicológica de su agresor, sino también un sistema judicial que muchas veces las somete a un calvario de revictimización.

“Ella lo dijo con crudeza: ‘fue un infierno llegar hasta acá’. Esa frase refleja lo que vemos a diario en nuestro trabajo, es decir, víctimas que se enfrentan a interminables pericias, declaraciones reiteraras y dilaciones que desgastan su fortaleza emocional”.  

Por último, Agustina Recalde destacó la importancia del fallo. “Va a marcar un antes y un después en la lucha contra la violencia de género no sólo en Tucumán, sino en todo el país. La condena es un mensaje claro: la impunidad no es una opción y la Justicia está para proteger a las víctimas”.

“Para quienes aún no pueden exponer su historia, ya sea por miedo o dolor, este caso puede ser una esperanza. Demuestra que, a pesar del largo camino de revictimización que enfrenta quien denuncia y, aunque sea un camino duro y lleno de obstáculos, denuncia puede transformar el sufrimiento en una oportunidad para recuperar la dignidad, tiempo y vida”, finalizó.