“CHIPI” JIMÉNEZ. Se habría constatado que recibió castigo físico.
La Justicia Federal dictó medidas de protección para uno de los procesados de la causa Alberdi, en la que se investiga los posibles vínculos de ex funcionarios de ese municipio con el narcotráfico.
En junio se abrió una investigación por un audio que se viralizó. Se trataba de una charla que mantuvo el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Jiménez con el ex intendente Luis Campos en el que no sólo quedaron al descubierto los posibles contactos narcos, sino también irregularidades con las obras públicas. Después de un largo derrotero procesal, se definió que la justicia federal llevaría un expediente por asociación ilícita, lavado de activos y confabulación por narcotráfico.
La teoría del fiscal
La teoría del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz es que Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, José Carlos Roldán (ex secretario de Hacienda de Alberdi), Juan Pablo Barrionuevo (ex titular de Desarrollo Social de esa ciudad), Albano Loru (ex concejal) y Jiménez (al que le otorgaron varias obras públicas de manera directa) habrían utilizado la estructura financiera del municipio para ingresar los activos que podrían haber provenido de la distribución y de la comercialización de la droga.
Sólo el ex intendente y su pareja se encuentran en libertad. Todos los otros imputados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz. En los últimos dos de ellos fueron noticias. A Roldán le otorgaron arresto domiciliario y Jiménez habría sufrido apremios ilegales, según constaría en el expediente. Su defensora Silvia Furque denunció el castigo físico y pidió que fuera examinado por un médico forense.
Los profesionales habrían constatado lesiones por lo que se dictaron medidas de protección. No sólo advirtieron al Servicio Penitenciario sobre lo ocurrido, sino que además ordenaron que dos guardiacárceles no se acercaran a él.
Furque informó que están haciendo las gestiones para que sea trasladado a un penal federal y que no solicitaron que se le otorgue el arresto domiciliario por problemas de salud, como se informara erróneamente el lunes pasado.
Javier Lobo Aragón y su hijo homónimo presentaron planteos para que a su defendido Loru se le otorgue el arresto domiciliario, pero por el momento no fue aceptado.
Pericias
Por otra parte, el fiscal Vehils Ruiz avanza con la investigación del caso. Durante estos días se hizo el acto de reconocimiento de los bienes secuestrados a todos los sospechados. En tanto, ya están encaminadas las diligencias para que se desarrollen las pericias a los celulares y dispositivos electrónicos decomisados en los allanamientos. También se esperan que se inicien los análisis financiero-contables de los imputados.

























