La decisión del Gobierno provincial de dar de baja al jefe y al segundo jefe de la Unidad Regional Norte (URN) expone, con crudeza, un cuadro preocupante de abuso de poder y manejo irregular de recursos humanos y penales dentro de la fuerza policial. La decencia policial, especialmente en el contexto de los actos de corrupción de público conocimiento en Tucumán, exige una conducta que se rija por la ética, la ley y el servicio público, contrastando con los hechos delictivos como el abuso de autoridad, soborno y extorsión. La conducta esperada incluye la integridad para no participar en actos corruptos, la obligación de denunciar delitos y el respeto por los derechos de los ciudadanos, lo que requiere un cambio cultural dentro de la institución policial para restaurar la confianza pública. El ciudadano que paga los impuestos y con ellos se solventa entre otras cosas la seguridad debería exigir de las fuerzas policiales: 1) Integridad y honestidad: El policía debe adherirse a los más altos estándares éticos y no participar en actos como sobornos o extorsión. 2) Cumplimiento de la ley: Se espera que los agentes hagan cumplir la ley de manera justa e imparcial, evitando la aplicación selectiva y el favoritismo. 3) Denuncia de delitos: Los funcionarios públicos tienen la obligación legal de denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, incluyendo la corrupción interna, lo que también se extiende a los ciudadanos. 4) Respeto por los derechos: La conducta debe ser respetuosa de la dignidad y los derechos de los ciudadanos, evitando la violencia, la discriminación y el abuso de autoridad.
Ricardo Anis
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