Hace 18 Hs
En Argentina el Sueldo Anual Complementario (conocido como aguinaldo) fue producto de una enorme gesta obrera llevada adelante hace exactamente 80 años, el 20 de diciembre de 1945, bajo el gobierno del General Edelmiro Farrell. Puede datarse la extensión del aguinaldo como derecho de toda la clase obrera en la emisión del decreto de 1945 (un año después se convertiría en ley), pero las acciones de lucha del movimiento obrero que llevaron a su promulgación comenzaron antes de esa fecha y, sobre todo, la garantía de su cumplimiento efectivo se logró sólo mediante la acción directa, la huelga general y las ocupaciones de fábricas que sucedieron después. Esto hace del aguinaldo una conquista de la lucha de la clase obrera. Perón había anunciado en un discurso (10 de octubre de 1945) desde el balcón de la Secretaría de Trabajo (cargo que ejerció entre octubre de 1943 y octubre de 1945), que fue transmitido a todo el país a través de la radio, que había dejado “firmado un decreto... que refiere al aumento de los sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación en las ganancias [de las empresas]”. El 9 de octubre, Perón, debió renunciar a sus cargos de Vicepresidente, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión y fue llevado detenido a la isla Martín García en una acción golpista de una fracción de los militares y los partidos civiles opositores con el apoyo de la embajada norteamericana. El decreto nunca se implementó. El interés de los trabajadores por la medida que había quedado postergada se volvió febril, al punto de que era “materia de las conversaciones cotidianas de centenares de miles de trabajadores durante noviembre y diciembre”, según Félix Luna en su libro “El 45”. En ese momento Perón ya se encontraba en plena campaña electoral hacia las presidenciales de febrero del 46, contra la fórmula Tamborini-Mosca que agrupaba en la Unión Democrática a todos los partidos de oposición (desde el Conservador hasta el Partido Socialista y el comunista, pasando por la UCR) y que contaba con el apoyo de la embajada norteamericana. Entre las manifestaciones por la sanción de la iniciativa y los desafíos presentados por la contienda electoral, la medida se sancionó finalmente por decreto 33.302 el 20 de diciembre de 1945, anunciado por el secretario de trabajo y previsión, Hugo Mercante, con la presencia del presidente Edelmiro Farrell. “El decreto no instauraba la participación en las ganancias, como se había anunciado; se explicó que por falta de tiempo este aspecto quedaba a estudio. En cambio, se creaba el Instituto Nacional de Remuneraciones, se establecía un aumento general de salarios y se creaba el «sueldo anual complementario» o aguinaldo, con la mención de que empezaba a regir inmediatamente y se extendía a casi todos los trabajadores el beneficio de las vacaciones pagas, aumentando, a la vez, las indemnizaciones por despido” (ídem). La medida principal del decreto fue el aguinaldo. En sus considerandos, el decreto 33.302 sostenía que “este Decreto Ley no sólo es la satisfacción de razonables y legítimos anhelos de los trabajadores, (…) sino también contribuye a la armonía con los patronos, evitando conflictos que, si hasta el presente fueron relativamente numerosos, en época de postguerra se repetirán con mayor frecuencia, lo que crearía un clima inconveniente para el mejor desarrollo de la industria y comercio de nuestro país”. A pesar de estos considerandos, el decreto recibió una reacción inmediata por parte de la burguesía. “Con una energía pocas veces desplegada antes, asociaciones de empleadores que representaban al comercio, la industria y la producción se organizaron para resistir al decreto. Una serie de reuniones culminaron el 27 de diciembre en una asamblea realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a la que asistieron unas 2000 personas y que denunció al decreto por inconstitucional, solicitó a los comerciantes que no pagarán el aguinaldo y nombró un comité ejecutivo con autoridad para convocar a un paro nacional de las actividades económicas si el gobierno insistía en implementarlo” (Potash, “El ejército y la política en Argentina”). Según el estudio de Hugo Sylvester, “Historia viva de la legislación del trabajo”, se trató de “la asamblea patronal más numerosa y representativa que se haya reunido nunca en el país”. Se inició entonces “un vasto operativo tendiente a desconocer el decreto 33.302. En la maniobra no intervinieron solamente las entidades patronales —lo que era lógico— sino algunas organizaciones sindicales que giraban en las órbitas socialista o comunista”. El decreto obligaba a las empresas a pagar el primer aguinaldo en el mes en curso de su promulgación, es decir, diciembre de 1945. Luego se estableció un límite final para el pago del aguinaldo fijado para el 7 de enero. Ninguna empresa, sin embargo, se avino a pagarlo. El gobierno, por su parte, dejaba caer el pago del aguinaldo sin tomar medidas y, aunque había cumplido un papel propagandístico en medio de la campaña electoral, el decreto quedaba sin efecto en los hechos. “El día 8 continúa la firme actitud patronal en todo el país y empieza a extenderse entonces un clima de huelga general” (ídem). Se desencadenó un dominó de huelgas espontáneas en todo el país. La dirigencia de los sindicatos debió ir a la zaga, luego de fracasar en contener la ebullición. Según describe Hugo del Campo (“Sindicalismo y peronismo”), “la negativa patronal a cumplir con el decreto desencadenaba una proliferación de paros espontáneos, desautorizados por la CGT en los frigoríficos, el puerto, los ferrocarriles y en varias ciudades del Interior”. En Tucumán se produjeron entre los días 7 y 8 de enero numerosas huelgas y medidas de fuerza en establecimientos industriales abocados al procesamiento de la caña de azúcar. Inclusive, los huelguistas cortaron los servicios de energía eléctrica y agua corriente de los poblados aledaños a la capital de la provincia: “En horas de la madrugada los obreros del ingenio San Juan resolvieron declararse en huelga y grupos exaltados violentaron los portones del citado establecimiento dirigiéndose a la usina del mismo y obligando a los obreros a abandonar el trabajo después de proceder al corte de corriente dejando sin luz a la población”. Los obreros del Ingenio Ledesma, como los del Ingenio San Pablo, llevaron adelante la misma medida de fuerza que sus colegas del Ingenio San Juan. A su vez, los primeros organizaron una manifestación que rápidamente fue disuelta por la policía. Y, los segundos, realizaron una protesta por un compañero despedido. En este último caso, también debieron intervenir efectivos policiales para “restaurar el orden”, debido a que hubo agresiones a encargados del establecimiento. Las huelgas y medidas de fuerza, tomadas por los obreros y empleados, se expandieron rápidamente frente a la intransigencia de las patronales para cumplir con el decreto del 20 de diciembre de 1945. Ellas debieron comenzar a ceder ante la firmeza de la clase obrera en la exigencia del cobro del aguinaldo, fueron cediendo una a una en favor del reclamo obrero ante la imperiosa necesidad de retomar la producción.
Pedro Pablo Verasaluse
pedropabloverasaluse@gmail.com
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