La embestida sobre la independencia judicial

La andanada de recusaciones y denuncias contra jueces ocurrida en los últimos días ha derivado en un duro comunicado de la Comisión Nacional de la Independencia Judicial que expresa "la preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país, referida a hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos".

Semejante declaración llega en un momento de profunda tensión institucional, exteriorizada en la recusación por parte del Gobierno a todos los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal a cargo del caso "Clarín". Lo cual fue acompañado por la advertencia del ministro de Justicia, Julio Alak, de que si hubiera un fallo que extendiera la medida cautelar a favor de Clarín (lo que finalmente ocurrió ayer), eso implicaría un "alzamiento contra una ley de la nación" y generaría "un conflicto de poderes". A la vez, dirigentes "K" hacían fuertes declaraciones, como denunciar "un intento de golpe institucional de la corporación judicial" (diputado Carlos Kunkel), o advertir que "si los jueces quieren gobernar con sus sentencias, por supuesto que podemos usar el juicio político" (senador Marcelo Fuentes).

Todo esto se dio al cabo de días de intensa presión contra la Justicia en el marco de la causa vinculada con la Ley de Medios, que ha derivado también en la preocupación de las entidades periodísticas. Por ello, se encuentra por este motivo en el país el titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), advirtió la intensa tensión existente con "el intento de recusación de miembros del Consejo de la Magistratura, la sugestiva designación de conjueces para llenar las vacancias, la expeditiva sanción del instituto del per saltum y los discursos de legisladores y funcionarios con duras advertencias dirigidas a la Corte Suprema y a los jueces en general".

La Comisión Nacional de la Independencia Judicial ha ido más allá y ha expresado su fuerte inquietud por "la falta de cobertura de cargos de magistrados, generando que los jueces subrogantes designados no tengan garantías de estabilidad suficiente", las "recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa"; "campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal", "pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales", e "intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados". En su documento, exhortan a que se cubran los cargos vacantes en tiempo; que cesen las presiones; que no se afecte la estabilidad de los jueces y que no se los someta a agravios personales o a desmesuradas críticas; y a que se habiliten canales de expresión pública para el Poder Judicial.

Vale decir que no se trata solamente de la tensión derivada de un conflicto puntual, sino de una situación extendida en el país y que presenta un panorama preocupante, en el que se ve que por distintas vías se pone en la lupa la misma independencia de la Justicia. Esta es, precisamente, uno de los controles de los abusos de poder; principio fundamental del Estado de Derecho y constituye -señala la Comisión en su texto- una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos.