03 Febrero 2013
El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó un decreto secreto en el que ordenaba al Ejército iniciar la "Operación Independencia" en la provincia.
Según la Justicia, "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror". La intervención fue encabezada primero por Acdel Edgardo Vilas y, luego, por Antonio Domingo Bussi.
El Operativo determinó la ocupación militar de ciudades del sur. Según figura en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", en 1975 hubo despliegues en al menos cinco ciudades, entre ellas Santa Lucía. La intromisión y el control sobre la población habrían durado tres años. "La base" dependía del Regimiento 19 de Tucumán. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes, el circuito represivo preveía que en asentamientos como el de Santa Lucía fueran alojados, interrogados y torturados. Luego, podían ser trasladados a otros Centros Clandestinos de Detención (CCD).
Esto significó un segundo golpe para el pueblo. El primero, había sido durante el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966 y 1970). Se había puesto en marcha el "Operativo Tucumán", cuyo objetivo anunciado era la "racionalización y diversificación" de la industria azucarera. Implicó la intervención y el cierre de ingenios, incluido el de Santa Lucía, según el expediente de la causa "Operativo Independencia". En diciembre, el juez federal N°1, Daniel Bejas, dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de ex militares y ex policías, por violaciones a los derechos humanos durante el Operativo. En el proceso se investigaron 269 casos, en los que se describen las vejaciones a las que fueron sometidas las víctimas.
La megacausa espera ser elevada a juicio oral.
Según la Justicia, "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror". La intervención fue encabezada primero por Acdel Edgardo Vilas y, luego, por Antonio Domingo Bussi.
El Operativo determinó la ocupación militar de ciudades del sur. Según figura en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", en 1975 hubo despliegues en al menos cinco ciudades, entre ellas Santa Lucía. La intromisión y el control sobre la población habrían durado tres años. "La base" dependía del Regimiento 19 de Tucumán. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes, el circuito represivo preveía que en asentamientos como el de Santa Lucía fueran alojados, interrogados y torturados. Luego, podían ser trasladados a otros Centros Clandestinos de Detención (CCD).
Esto significó un segundo golpe para el pueblo. El primero, había sido durante el gobierno de Juan Carlos Onganía (1966 y 1970). Se había puesto en marcha el "Operativo Tucumán", cuyo objetivo anunciado era la "racionalización y diversificación" de la industria azucarera. Implicó la intervención y el cierre de ingenios, incluido el de Santa Lucía, según el expediente de la causa "Operativo Independencia". En diciembre, el juez federal N°1, Daniel Bejas, dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de ex militares y ex policías, por violaciones a los derechos humanos durante el Operativo. En el proceso se investigaron 269 casos, en los que se describen las vejaciones a las que fueron sometidas las víctimas.
La megacausa espera ser elevada a juicio oral.
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