Por Roberto Delgado
08 Octubre 2016
A tres días de la muerte del padre Juan Viroche, la imagen pública del “cura antinarco”, el “cura hippie” o “el duende adentro de la bota” (como lo llamaban los feligreses de La Florida y Delfín Gallo) se impuso a la imagen privada. Ayer el fiscal Diego López Ávila dijo en conferencia de prensa que no hablaría de la vida privada del sacerdote, pero la investigación sobre el suicidio por razones sentimentales se opone a la visión que tiene la opinión pública sobre lo sucedido, y esa idea poderosa terminará imponiéndose.
La Justicia avanza con el principio metodológico de la navaja de Ockam (atribuido al fraile filósofo franciscano Guillermo de Ockam, que inspiró al detective monástico Guillermo de Baskerville en “El nombre de la rosa”), según el cual, “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Es decir, entre la idea de un complejo entramado para armar un aparente suicidio provocado por mafias del narcotráfico y la idea de un suicidio por causa sentimental, debería imponerse esta, ya que, según la Justicia, la explican las evidencias encontradas en la parroquia Nuestra Señora del Valle de La Florida, donde fue hallado el cuerpo.
Pero a esto se opone otra teoría, la espiral del silencio (de la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann), que sostiene que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Varios elementos apoyan esta mirada: 1) voces de alto predicamento (como el padre Pepe di Paola o el legislador porteño antimafia y amigo del Papa, Gustavo Vera) advirtiendo que no es posible que un tipo que luchaba por la vida se haya suicidado. El obispo de Merlo (Buenos Aires), Fernando Maletti, comparó su deceso con el del padre Carlos Mugica. A esto aportaron figuras críticas de la misma Justicia como el fiscal federal general Antonio Gómez. 2) Además, Viroche había contado que recibía amenazas contra su familia y había pedido por ello traslado. Ayer se viralizaron en las redes sociales una imagen de un escrache en Facebook contra el padre y un audio en el que él relata su miedo. Ambos están siendo investigados por el fiscal López Ávila. 3) La percepción de la comunidad de que el cura era el único que se ponía al hombro la tarea de enfrentar los problemas graves, como la inseguridad, el narcotráfico y las adicciones. “La Florida es un pueblo de nadie. Ahora nos quedamos sin nada. En tiempo de política teníamos a la policía, ahora no. El padre no se suicidó, lo mataron”, dijo la vecina Ema Arroyo.
Por ello el fiscal López Ávila advirtió que no se hablará de la vida privada. Mostró los elementos que indicarían que se trató de un suicidio y dijo que se investigará si pudo tratarse de un suicidio inducido, lo cual permitiría sostener medianamente la teoría de que lo ejecutaron las mafias del narcotráfico. Es que aunque pudiera suceder que nadie lo haya matado, los problemas denunciados por Viroche involucran -sin nombre y apellido- a responsables de la violencia en la comunidad. Las localidades en las que actuaba el padre son de las más abandonadas en el este tucumano: La Florida, Posse, Delfín Gallo, y en ellas abundan el robo, la agresión y el narcomenudeo y escasean la vigilancia policial y los servicios comunales y sanitarios, según las denuncias del religioso.
Tras premanecer dos días en silencio ante la conmoción que generó esta tragedia, el Gobierno dijo que no había denuncias oficiales de los dichos del cura. “No consta en la comisaría ni en la Unidad Regional de la Policía. Sus denuncias eran de público conocimiento y la Policía había comenzado a actuar de oficio”, explicó el secretario de Seguridad, Paul Hofer. Y el gobernador, Juan Manzur, sólo sentenció que “a los narcos les vamos a caer con todo el peso de la ley”.
Distancia entre palabras y hechos
Pero la distancia entre las palabras y los hechos es grande. Por ejemplo, el padre Juan había reclamado por el escándalo de la fuga del presunto narco “Pico” Peralta de la comisaría de Delfín Gallo y nadie habla de las condiciones que ayudaron a esa fuga (descontrol, hacinamiento carcelario, corrupción); como no se habla de las pésimas condiciones de detención en las seccionales, donde están alojados 500 reos. Hace más de un año los fiscales López Ávila y Adriana Giannoni plantearon un habeas corpus ante una tragedia, y luego de clausurar calabozos de algunas comisarías el control de este problema pasó a la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema. Sigue habiendo presos hacinados y fugas.
El domingo fue el motín con rehenes en la ex Brigada de Investigaciones. El mismo lugar donde este año hubo dos densos motines. ¿No se hicieron controles en la ex Brigada? “Se visitaron toda las comisarías, menos la 4a y la ex Brigada” dice una fuente, que explica que no se puede salir del problema porque el Estado tiene capacidad para 1.170 reos y hay 1.700 personas con causas.
Negocios sin control
Lo que no dice es que esta situación ha generado negocios oscuros incontrolados. Los familiares de los detenidos dicen que los policías les cobraban coimas para que les dejen pasar la comida. ¿El Estado no provee alimento a las personas detenidas? “En mayo se hizo una reunión para establecer un sistema de viandas, pero aún no está en vigencia”, dice. ¿Y en el caso de los detenidos por contravenciones? Son 500 por mes. Muchos son jóvenes demorados simplemente por no llevar la tarjeta azul en el auto. Otros por ser sospechosos de algo. La mitad de ellos cumple los siete días de detención. Sus familias caen en la trampa de tener que pedir permiso (¿coima?) para llevarles comida al calabozo. Un sistema medieval en pleno siglo XXI. A lo que se agregan denuncias por apremios, como la de Julio César López, que dijo que el 16/9 fue golpeado y detenido arbitrariamente en México y Líbano por personal del 911. La ley contra la Tortura en Tucumán fue sancionada en 2014 pero aún no se ha reglamentado.
Hasta ahora los funcionarios no han demostrado que el enloquecido sistema de detenciones (porque además de los 1.700 reos hay otros que tienen arresto domiciliario, más los que -con queja de los policías- son liberados por la Justicia) esté destinado a combatir la inseguridad.
La paradoja de los barrios estigmatizados
Los reclamos de los vecinos parecen mostrar que donde hay graves problemas la Policía (y el Estado) está ausente. “Lo paradójico -dijo en la marcha el psicólogo Emilio Mustafá- es que sean justamente los barrios más estigmatizados por la droga los que se levanten contra el narcotráfico. Porque en las villas no está el negocio grande de la droga, está en otro lado... Lo más duro de mi trabajo en los barrios es ir a los velorios de los chicos que se mueren por la droga”.
No sólo ocurrió el escándalo de la ex Brigada en la misma semana de la tragedia del padre Juan. Hubo dos homicidios (el domingo en barrio “El Sifón” y el lunes en San Luis al 1.700); la violenta incursión de los “Garra” (sindicados como una banda narcotraficante) que trataron de copar la comisaría 13 (el viernes 30) y las marchas pidiendo seguridad como la de Monteros anteanoche. Muestras de que los problemas de la seguridad van por un lado y las respuestas del Estado por otro: son mediocres, ineficaces o lejanas. Por eso el creciente fenómeno del narcotráfico lo está desbordando, a pesar de los operativos y las detenciones. Porque el modelo policial es igual que el de hace 50 años. Aunque se haya votado una ley de emergencia -que el Gobierno se apresuró a promulgar ayer, así como la de los foros vecinales-, no se han cambiado un ápice las estrategias frente al delito callejero y no se entiende cómo actuará la comisión que debe formarse para monitorear datos sobre inseguridad.
¿Qué viene ahora? Advertir dónde está el eje de las multitudinarias protestas realizadas en La Florida y en la plaza Independencia: la ausencia del Estado y el grado de distancia que tiene este con los problemas de la comunidad. Hay una necesidad de figuras y eso era el cura, como un héroe. De eso se trataron las marchas. “A la par del compromiso de este cura con los más pobres y excluidos, ¡qué nos importa su vida sentimental! El pueblo no lo hubiese crucificado por eso; más bien el pueblo cree que lo crucificaron por jugarse, por denunciar, por hacer...”, detalló Liliana Rojas. Si la tragedia del padre Juan se debe al ataque de mafias narco, así como no hubo preparación para prevenirlas, nada hay preparado para repelerlas en este sistema casi medieval. “Tenemos miedo”, dijo su vecina Lorena: “si fueron capaces de hacerle esto a él, ¿qué queda para nosotros?
La Justicia avanza con el principio metodológico de la navaja de Ockam (atribuido al fraile filósofo franciscano Guillermo de Ockam, que inspiró al detective monástico Guillermo de Baskerville en “El nombre de la rosa”), según el cual, “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Es decir, entre la idea de un complejo entramado para armar un aparente suicidio provocado por mafias del narcotráfico y la idea de un suicidio por causa sentimental, debería imponerse esta, ya que, según la Justicia, la explican las evidencias encontradas en la parroquia Nuestra Señora del Valle de La Florida, donde fue hallado el cuerpo.
Pero a esto se opone otra teoría, la espiral del silencio (de la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann), que sostiene que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Varios elementos apoyan esta mirada: 1) voces de alto predicamento (como el padre Pepe di Paola o el legislador porteño antimafia y amigo del Papa, Gustavo Vera) advirtiendo que no es posible que un tipo que luchaba por la vida se haya suicidado. El obispo de Merlo (Buenos Aires), Fernando Maletti, comparó su deceso con el del padre Carlos Mugica. A esto aportaron figuras críticas de la misma Justicia como el fiscal federal general Antonio Gómez. 2) Además, Viroche había contado que recibía amenazas contra su familia y había pedido por ello traslado. Ayer se viralizaron en las redes sociales una imagen de un escrache en Facebook contra el padre y un audio en el que él relata su miedo. Ambos están siendo investigados por el fiscal López Ávila. 3) La percepción de la comunidad de que el cura era el único que se ponía al hombro la tarea de enfrentar los problemas graves, como la inseguridad, el narcotráfico y las adicciones. “La Florida es un pueblo de nadie. Ahora nos quedamos sin nada. En tiempo de política teníamos a la policía, ahora no. El padre no se suicidó, lo mataron”, dijo la vecina Ema Arroyo.
Por ello el fiscal López Ávila advirtió que no se hablará de la vida privada. Mostró los elementos que indicarían que se trató de un suicidio y dijo que se investigará si pudo tratarse de un suicidio inducido, lo cual permitiría sostener medianamente la teoría de que lo ejecutaron las mafias del narcotráfico. Es que aunque pudiera suceder que nadie lo haya matado, los problemas denunciados por Viroche involucran -sin nombre y apellido- a responsables de la violencia en la comunidad. Las localidades en las que actuaba el padre son de las más abandonadas en el este tucumano: La Florida, Posse, Delfín Gallo, y en ellas abundan el robo, la agresión y el narcomenudeo y escasean la vigilancia policial y los servicios comunales y sanitarios, según las denuncias del religioso.
Tras premanecer dos días en silencio ante la conmoción que generó esta tragedia, el Gobierno dijo que no había denuncias oficiales de los dichos del cura. “No consta en la comisaría ni en la Unidad Regional de la Policía. Sus denuncias eran de público conocimiento y la Policía había comenzado a actuar de oficio”, explicó el secretario de Seguridad, Paul Hofer. Y el gobernador, Juan Manzur, sólo sentenció que “a los narcos les vamos a caer con todo el peso de la ley”.
Distancia entre palabras y hechos
Pero la distancia entre las palabras y los hechos es grande. Por ejemplo, el padre Juan había reclamado por el escándalo de la fuga del presunto narco “Pico” Peralta de la comisaría de Delfín Gallo y nadie habla de las condiciones que ayudaron a esa fuga (descontrol, hacinamiento carcelario, corrupción); como no se habla de las pésimas condiciones de detención en las seccionales, donde están alojados 500 reos. Hace más de un año los fiscales López Ávila y Adriana Giannoni plantearon un habeas corpus ante una tragedia, y luego de clausurar calabozos de algunas comisarías el control de este problema pasó a la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema. Sigue habiendo presos hacinados y fugas.
El domingo fue el motín con rehenes en la ex Brigada de Investigaciones. El mismo lugar donde este año hubo dos densos motines. ¿No se hicieron controles en la ex Brigada? “Se visitaron toda las comisarías, menos la 4a y la ex Brigada” dice una fuente, que explica que no se puede salir del problema porque el Estado tiene capacidad para 1.170 reos y hay 1.700 personas con causas.
Negocios sin control
Lo que no dice es que esta situación ha generado negocios oscuros incontrolados. Los familiares de los detenidos dicen que los policías les cobraban coimas para que les dejen pasar la comida. ¿El Estado no provee alimento a las personas detenidas? “En mayo se hizo una reunión para establecer un sistema de viandas, pero aún no está en vigencia”, dice. ¿Y en el caso de los detenidos por contravenciones? Son 500 por mes. Muchos son jóvenes demorados simplemente por no llevar la tarjeta azul en el auto. Otros por ser sospechosos de algo. La mitad de ellos cumple los siete días de detención. Sus familias caen en la trampa de tener que pedir permiso (¿coima?) para llevarles comida al calabozo. Un sistema medieval en pleno siglo XXI. A lo que se agregan denuncias por apremios, como la de Julio César López, que dijo que el 16/9 fue golpeado y detenido arbitrariamente en México y Líbano por personal del 911. La ley contra la Tortura en Tucumán fue sancionada en 2014 pero aún no se ha reglamentado.
Hasta ahora los funcionarios no han demostrado que el enloquecido sistema de detenciones (porque además de los 1.700 reos hay otros que tienen arresto domiciliario, más los que -con queja de los policías- son liberados por la Justicia) esté destinado a combatir la inseguridad.
La paradoja de los barrios estigmatizados
Los reclamos de los vecinos parecen mostrar que donde hay graves problemas la Policía (y el Estado) está ausente. “Lo paradójico -dijo en la marcha el psicólogo Emilio Mustafá- es que sean justamente los barrios más estigmatizados por la droga los que se levanten contra el narcotráfico. Porque en las villas no está el negocio grande de la droga, está en otro lado... Lo más duro de mi trabajo en los barrios es ir a los velorios de los chicos que se mueren por la droga”.
No sólo ocurrió el escándalo de la ex Brigada en la misma semana de la tragedia del padre Juan. Hubo dos homicidios (el domingo en barrio “El Sifón” y el lunes en San Luis al 1.700); la violenta incursión de los “Garra” (sindicados como una banda narcotraficante) que trataron de copar la comisaría 13 (el viernes 30) y las marchas pidiendo seguridad como la de Monteros anteanoche. Muestras de que los problemas de la seguridad van por un lado y las respuestas del Estado por otro: son mediocres, ineficaces o lejanas. Por eso el creciente fenómeno del narcotráfico lo está desbordando, a pesar de los operativos y las detenciones. Porque el modelo policial es igual que el de hace 50 años. Aunque se haya votado una ley de emergencia -que el Gobierno se apresuró a promulgar ayer, así como la de los foros vecinales-, no se han cambiado un ápice las estrategias frente al delito callejero y no se entiende cómo actuará la comisión que debe formarse para monitorear datos sobre inseguridad.
¿Qué viene ahora? Advertir dónde está el eje de las multitudinarias protestas realizadas en La Florida y en la plaza Independencia: la ausencia del Estado y el grado de distancia que tiene este con los problemas de la comunidad. Hay una necesidad de figuras y eso era el cura, como un héroe. De eso se trataron las marchas. “A la par del compromiso de este cura con los más pobres y excluidos, ¡qué nos importa su vida sentimental! El pueblo no lo hubiese crucificado por eso; más bien el pueblo cree que lo crucificaron por jugarse, por denunciar, por hacer...”, detalló Liliana Rojas. Si la tragedia del padre Juan se debe al ataque de mafias narco, así como no hubo preparación para prevenirlas, nada hay preparado para repelerlas en este sistema casi medieval. “Tenemos miedo”, dijo su vecina Lorena: “si fueron capaces de hacerle esto a él, ¿qué queda para nosotros?
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Cura Juan Viroche
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