“En Ganancias se priorizó lo político y no lo técnico”

Para tener un sistema tributario equitativo, la Argentina necesita reactivar la economía, controlar la inflación y reducir el gasto estatal. Pero esto no será suficiente si antes la sociedad y los dirigentes políticos no definen el rol del Estado y el destino de los recursos que la administración recauda mediante el fisco. Así lo expresó el abogado tucumano, Juan Manuel Vázquez, quien, con 26 años, cursa la maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Georgetown, en Washington (Estados Unidos).

El joven abogado, quien se graduó en 2012 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), obtuvo el año pasado la beca Fulbright, que financian el Departamento de Estado norteamericano y el Ministerio de Educación de la Nación, para cursar la maestría en la segunda universidad más prestigiosa de Estados Unidos en la especialidad de impuestos. En una charla con DINERO, Vázquez analizó la coyuntura de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional y estableció comparaciones con el esquema vigente en Estados Unidos.

-¿Qué mirada tiene sobre las últimas reformas impositivas que impulsa el Gobierno nacional?

-El sistema tributario internacional avanza hacia un intercambio de información fiscal entre los países. En el mundo habrá pocos lugares donde los contribuyentes puedan ocultar renta. El blanqueo de capitales en la Argentina está en línea con esa política. El programa permite que los contribuyentes se sinceren con el Estado y el fisco puede tener una fuente de ingresos. A partir del recambio político, este último blanqueo se generó un marco de confianza. Y el contexto internacional fue clave.

-¿Cómo evalúa la puesta en marcha del blanqueo en la Argentina?

-La ley fue el resultado de un trabajo bastante pensado. Además, ofrece beneficios para el contribuyente cumplidor. Sin embargo, cuestiono el manejo político a la hora de trasladar el proyecto al Congreso. Esto mostró, un poco, la falta de conciencia que tenemos los argentinos sobre la importancia de la seguridad jurídica y sobre la necesidad de discutir a fondo los temas técnicos. En este punto, las pujas políticas llevan a que la discusión técnica quede en un segundo plano. Los dirigentes políticos deben priorizar el trabajo técnico de un asunto tan complejo como el blanqueo, para no dañar estructuras que aseguren el funcionamiento del Estado.

-¿La política también se filtró en el debate para reformar Ganancias?

-Pasó algo parecido. En 2013 se incluyó en la ley de Ganancias la gravabilidad de los dividendos. En 2016, con el blanqueo de capitales, se derogó y ahora quieren aplicarlo de nuevo. Si la idea es mostrarle al mundo que el país ofrece seguridad jurídica estos cambios no pueden suceder.

-¿Está de acuerdo con los cambios que se introdujeron en el impuesto?

-Ganancias necesitaba ajustes en los mínimos no imponibles, en las escalas y en las alícuotas, porque hay trabajadores que resultan muy perjudicados. El impuesto perdió progresividad. Pero la realidad es que, desde el plano técnico, es muy difícil dar soluciones en una economía con tanta inflación. Es complejo diseñar una norma que sea lo suficientemente elástica. En Estados Unidos, por ejemplo, esto es más fácil porque no hay tanta inflación. Además, tiene un sector productivo que conforma una base de recaudación más amplia. En la Argentina, la carga tributaria recae sobre la clase media.

-¿El elevado gasto público influye a la hora de pensar en una reforma impositiva integral en la Argentina?

-Ese es otro problema. Pretendemos que la Argentina cuente con un Estado benefactor y, al mismo tiempo queremos, impuestos bajos. Es contradictorio. Debemos definirnos como país para saber qué es lo que queremos. Es cierto que en la sociedad hay sectores que no están en condiciones de contribuir. No se puede gravar como renta recursos que apenas alcanzan para vivir.

-¿Por qué nos cuesta tanto tener un sistema tributario equitativo?

-Desde la década de 1930 que el Impuesto a las Ganancias se cobra como un tributo de emergencia, que administra la Nación. La Constitución lo prevé como algo excepcional. Y la discusión para modificar esto se sigue postergando. En Estados Unidos, los distritos son autónomos y el gobierno federal está reducido al mínimo. Detrás de Ganancias, más allá de la discusión técnica, se prioriza un debate político. Es prudente la reforma de los montos, de las alícuotas y de las escalas, pero la sociedad debe entender que no se puede todo. Brindar una exención es lo mismo que dar un subsidio. Lamentablemente, de algún lado hay que compensar para cubrir el costo fiscal.

-¿Cómo funciona el sistema de estudio en Georgetown?

-En Estados Unidos, el mecanismo de estudio es muy diferente al que conocemos en la Argentina. Es capitalista y prioriza la generación de riquezas. La carga horaria de las clases es parecida a la de Argentina, pero la diferencia está en que los profesores orientan la enseñanza para facilitar la generación de capital, ya sea para trabajar en el sector público o en el privado. Y en el Derecho Tributario aplican el mismo criterio: la idea es que los especialistas diseñen marcos con la menor presión impositiva que sea posible para que proliferen negocios que aporten a la economía, que generen empleo y que faciliten el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos.

-¿Cuándo se reanudan las clases en la universidad?

-Este mes finalizó el primer cuatrimestre y en enero vuelvo a cursar. Además, Georgetown gestiona para los becarios, la posibilidad de hacer pasantías en el marco del programa de estudios. Por lo cual comenzaré a trabajar en la consultora KPMG, especializada en impuestos. Será una experiencia muy linda. La estructura de Georgetown es gigantesca y facilita a los estudiantes todos los recursos para que se desarrollen. Por ejemplo, si alguien necesita para un trabajo, un libro en particular, que no está en la biblioteca, la universidad lo busca, lo pide prestado a cualquier otra biblioteca del mundo y, en 24 horas está disponible. Además, tiende puentes con empresas privadas o con organismos estatales para incorporar a los becarios al mercado de trabajo.