En el IPV, Jiménez Augier habría indicado quién recibía las casas

Un pequeño racimo de flores y un discreto souvenir decoran el escritorio de la máxima autoridad del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), la interventora Noemí Ferrioli. Su despacho es sobrio y la pared tras ella está vacía, no hay fotos ni carteles. En una entrevista con “Panorama Tucumano”, el programa de televisión de este diario, se refirió a las tareas que realizaban en la repartición un ex funcionario -Miguel Jiménez Augier- y un coordinador -Lucas Barrionuevo- que hoy están detenidos mientras la Justicia investiga su patrimonio.

Ellos negaron tener injerencia en la adjudicación de obras y viviendas, pero la interventora explicó que Jiménez Augier sí intervenía en la entrega de casas. Sobre Barrionuevo, sostuvo que no podía asegurar hasta qué punto participaba en la asignación de obras a las empresas constructoras.

“No, de ninguna manera. Acá el instituto de la Vivienda tiene toda una dirección del Área Social donde, de acuerdo a qué tipología de vivienda, es la adjudicación”, explicó hace más de un año Jiménez Augier. Se lo había denunciado como al presunto encargado de manejar una serie de adjudicaciones irregulares de casas, pero él sostuvo que no tenía un rol decisivo en el proceso.

Ferrioli fue contundente cuando se le preguntó sobre el papel que tenía Jiménez Augier en este proceso. “Él le mandaba al Área Social. Mandaba, entiendo, con nombre y apellido de la gente según la evaluación que él hacía. Todas las resoluciones de vivienda, llámese adjudicación, cancelaciones, rescisiones de vivienda, las revisaba él”, explicó. Agregó que, cuando ella era subinterventora, el tema siempre fue manejado por el ex coordinador. “En Vivienda jamás firmé resoluciones de adjudicación. Porque él (el ex interventor Gustavo Durán) confiaba en Jiménez Augier y era él quien revisaba las resoluciones y el que decía ‘está mal’, ‘no está mal’. Él atendía a los gremios. Las colas de gente se veían acá y él atendía a la gente que venía por viviendas: Jiménez Augier”, declaró.

El ex funcionario se encuentra detenido desde el lunes, como consecuencia de una investigación que la fiscala Adriana Giannoni abrió de oficio tras un informe que transmitió “Panorama Tucumano” el año pasado. Se le imputa el delito de enriquecimiento ilícito y uno de los elementos claves de la investigación es el hecho de que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad a su nombre . Cuando se difundió el hecho de que tenía U$S 500.000, fue despedido del Ipvdu por el gobernador Juan Manzur (ver “Miguel Jiménez Augier”).

Barrionuevo se encuentra una situación casi idéntica. Es otro de los investigados por Giannoni en el “caso Viviendas” y, el martes, quedó detenido después de declarar en la fiscalía, imputado por enriquecimiento ilícito (ver “Lucas Barrionuevo”).

“No manejo la parte de contrataciones ni de adjudicaciones”, dijo en julio del año pasado. En ese momento aseguró que, como coordinador de Programas Federales (cargo que mantiene aún hoy), estaba a cargo de determinar las zonas idóneas para ciertas obras, determinar los requisitos del terreno y trabajar con la infraestructura, entre otras cosas. “Apertura y adjudicación o contratación, (en) eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver mi área”, había enfatizado.

Se preguntó a Ferrioli si Barrionuevo intervenía en la adjudicación de las obras. “Calculo que con el ingeniero Durán. No estoy segura, pero no creo que él haya dicho ‘den (determinada obra) a Juan, a Pérez, a Diego’, no. Lo tiene que haber consensuado con el ingeniero Durán o a lo mejor con el Área Técnica”, estimó. “No puedo asegurar si él era el que adjudicaba o el ingeniero Durán. No lo puedo asegurar porque no he estado en ninguna reunión de ellos ni con las cámaras (de constructores)”, agregó.

“Puede haber”

Ferrioli evitó opinar sobre la causa por la que fueron detenidos Jiménez Augier y Barrionuevo ya que, según dijo, no está familiarizada con el contenido del expediente. Pero reconoció que el caso tuvo un impacto en la repartición. “La verdad que es una situación para nada feliz. Acá hay gente buena también, y todos tenemos el letrero de coimeros, de corruptos. (...) Puede haber, pero hay mucha gente que no”, comentó.

Consultada acerca de la posibilidad de que haya empleados del instituto vinculados a actividades ilegales, aclaró que no sabe de nadie en particular pero reconoció que es una posibilidad. “No tengo identificado a nadie, pero puede haber gente que cobre. Sí sé que hay gente honesta, (pero) no me consta de todos porque no los conozco a todos, hay 500 y tantos empleados”, sostuvo.