05 Septiembre 2020
Un pedido de apertura de investigación interna ingresó esta semana a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La solicitud lleva la firma de Alejandra Martínez, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación-Seccional Tucumán, y pretende que uno de los miembros del alto tribunal, Daniel Leiva, sea sometido a un sumario. Con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, Martínez expresó que correspondía esclarecer la responsabilidad administrativa del vocal respecto de los hechos que había denunciado el juez Enrique Pedicone el 1 de septiembre.
La presentación reproduce las manifestaciones de Pedicone en cuanto a que Leiva lo habría contactado para tener una reunión antes de la celebración de la audiencia oral y pública relativa a una denuncia contra el legislador Ricardo Bussi. Martínez y Morales indicaron que en ese encuentro en una cafetería, “Leiva supuestamente habría hablado en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo” para pedir a Pedicone que “mantuviese asustado” a Bussi.
El escrito de Martínez y de Morales especifica “que no era la primera vez que Leiva intenta presionar en fallos judiciales, y que ya lo había hecho en las causas ‘Toledo, José Roberto’ y del intendente Javier Noguera”. Y añade que, sin embargo, en el supuesto de Bussi, Pedicone “tomó los recaudos” y grabó las conversaciones. Martínez y Morales refirieron que el primer diálogo telefónico para arreglar la reunión presencial había sido puesto en altavoz y escuchado por el secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Fernando Valladares, quien procedió a labrar un acta. Y que ese fedatario luego consignó lo que le dijo el vocal acerca del encuentro en un bar de Barrio Norte y que aquel había decidido guardar las pruebas para presentarlas cuando dejara de intervenir en la causa de Bussi. Según Pedicone, ello ocurrió el 1 de septiembre, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.
“El instrumento público ha sido redactado por un funcionario judicial que, por lo tanto, tiene ‘plena fe’ y sólo puede ser redargüido de falsedad en sede penal o civil”, subrayaron Martínez y Morales. Y agregaron que observaban “graves desórdenes de conductas incompatibles” con un juez de la democracia por su desprecio a las garantías de imparcialidad e independencia como por la falta de recato. Los autores de la solicitud dijeron que el caso de Leiva manchaba a la Justicia y que, por ello, debía ser dilucidado, sin perjuicio de que iban a pedir la destitución en el Poder Legislativo.
En diferentes declaraciones a LA GACETA, Leiva negó “categórica y rotundamente” la denuncia, y afirmó que nunca se había reunido con magistrado alguno para tratar de influenciar en sus decisiones. Además, atribuyó la acusación al hecho de que había sancionado a Pedicone “por actuar fuera de su competencia”. Y dijo que ese juez lo llamaba a él para seguir el trámite de más de 100 casos donde había liberado a presos.
“Defiende lo indefendible”
La sindicalista le exige mesura a Jaldo.
Alejandra Martínez, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional-Seccional Tucumán, manifestó ayer que el vicegobernador Osvaldo Jaldo debía ser más mesurado. “Deje de defender lo indefendible, y aguarde que la Justicia aclare y deslinde las responsabilidades”, opinó en un mensaje que envió a este diario. Martínez rechazó la exigencia de pruebas al juez Enrique Pedicone por parte del vicegobernador Osvaldo Jaldo. “Una vez más somos asistentes privilegiados a otra intromisión de la política en la independencia de la Justicia y de ninguna manera lo vamos a permitir. Quien aún no ha dado explicaciones de las valijas legislativas, del listado de personal de su institución ni de tantos hechos escandalosos no puede formular exigencias”, dijo Martínez.
Lo más popular
