Tras siete meses, ordenaron la libertad de Zarlenga

La audiencia de impugnación dejó dos cuestiones en claro: Armando Zarlenga quedará en libertad después de siete meses de estar detenido con la modalidad de arresto domiciliario. La segunda, es que seguirá así hasta que se realice un juicio abreviado o sea sometido a un debate oral el año que viene, ya que no hay fechas para que se lo realice en lo que queda de 2022.

El 25 de abril, Zarlenga les causó la muerte a Maximiliano Saldaño y a Joaquín Franck Colombres al embestir su camioneta con la moto en la que se trasladaban las víctimas por avenida Mate de Luna. Los estudios realizados al acusado dieron cuenta de que conducía alcoholizado. El deportista está detenido desde la fecha del percance.

El fiscal Pedro Gallo lo acusó de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de una camioneta, triplemente agravado por la pluralidad de víctimas, por nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre y por exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida. Anunció también que solicitará una pena de cinco años (la máxima es de seis).

Los querellantes Jorge Lobo Aragón y Federico Iramain, que representan a la madre y al padre de Franck Morales, y Humberto Domingo Castaldo, que atiende los derechos de la familia Saldaño, no compartieron la opinión del fiscal y solicitaron que sea enjuiciado por homicidio culposo con dolo eventual y anticiparon que solicitarán que se le dicte una pena de 12 años.

Los defensores del acusado Camilo Atim y Ernesto Baaclini solicitaron una audiencia para analizar la medida cautelar en contra del golfista. Plantearon que no había riesgos procesales para que Zarlenga siguiera detenido. Señalaron que la investigación ya estaba cerrada y que durante los casi siete meses en los que estuvo privado de su libertad tuvo una conducta ejemplar, según los informes que se realizaron para controlar el cumplimiento del arresto domiciliario. Los querellantes y el auxiliar fiscal Gustavo Benjamín Zavalía, siguiendo las instrucciones del fiscal Diego Hevia, se opusieron al planteo. El juez Facundo Maggio le terminó dando la razón a los defensores y ordenó que Zarlenga quedara en libertad. Pero para ello, deberá fijar una caución real de $ 20 millones ($ 8 millones más de lo que le fijaron para que le dictaran el arresto domiciliario), ausentarse de la provincia y del país (le exigieron la entrega del pasaporte), no acercarse a las familias de la víctima y presentarse ante las autoridades periódicamente para demostrar que cumple con las medidas.

Una duda

“Vamos a seguir insistiendo con la posibilidad de que el caso se resuelva a través de un juicio abreviado. Creo que es la salida que le conviene a todas las partes de este proceso”, explicaron Atim y Baaclini en una entrevista con LA GACETA.

Semanas atrás, estuvo a punto de cerrarse un acuerdo. Según confirmaron fuentes judiciales, Zarlenga se declararía culpable y recibiría una pena de tres años de cumplimiento condicional. Además, hizo una oferta de reparación económica de $ 39 millones. De ese monto, $ 13 millones estaban destinados a cada una de las dos familias y los $ 13 millones restantes, serían para cubrir los honorarios de los abogados querellantes. Sin embargo, los tres profesionales que asisten a la víctima, presentaron un documento anunciando que rechazaba la realización del acuerdo.

Hevia, al no haber acuerdo, dejó en claro que irá con todo en contra de Zarlenga. Zavalía designó protestar el fallo de Maggio y serán los miembros de la Corte Suprema de Justicia que deberán resolverlos. “Normalmente estas cuestiones no son tratadas y, si lo hacen, demoran meses, por lo que es probable que sea enjuiciado antes”, explicó una fuente tribunalicia.

La intención del MPF, al no haber un acuerdo, es llegar a juicio y que reciba una condena. Tiene pruebas suficientes para que le dicte una pena, pero nada puede garantizar que sea de cumplimiento efectivo. Los querellantes tampoco pueden asegurar que un tribunal acepte ser condenado por dolo eventual. Tampoco nadie puede garantizar que, a través de una demanda civil, reciben un monto mayor al que le ofrecieron para cerrar el acuerdo.