En procura de la reducción del gasto en el Estado

Luego de la presentación del proyecto de retiro voluntario, el Gobierno busca prohibir el desempeño de dos o más empleos públicos remunerados en el Estado provincial, con excepción de la docencia, la investigación y los empleos en escala. Se trata de un impedimento que ya existe en la Constitución, aunque lo que se busca ahora es hacer extensiva la prohibición a la percepción de beneficios previsionales o de retiro. La idea de las autoridades es, por lo menos, reducir el gasto de modo de poder aprovechar partidas para avanzar o concretar obras importantes para la comunidad que han quedado detenidas por la fuerte restricción de gastos del Gobierno nacional.  

Ya se sabe que, por una parte, la Nación está exigiendo, con miras al propuesto Pacto de Mayo, el equilibrio fiscal, que ha llevado a que las provincias resignen recursos que, en otros tiempos, llegaban por la vía discrecional. El ajuste nacional también impactó en las transferencias coparticipables. La indisponibilidad de esos fondos ha frenado la obra pública y ha expuesto a los distritos provinciales a eventuales conflictos sociales. En ese sentido, el ordenamiento del Estado es necesario, según afirma el Gobernador. Desde que arrancó la actual administración en octubre pasado se ha bajado en $ 220.000 millones la pauta presupuestaria que dejó el anterior Gobierno y se eliminaron y fusionaron estructuras del PE, además de que se desarmó la Unidad de Reconversión Laboral, que contenía a unos 7.500 beneficiarios, y se prescindió de asesores.

Con un gasto mensual de $ 84.500 millones, los salarios de los casi 110.000 empleados aumentaron su peso en el Presupuesto, que representa cerca del 56% del total de erogaciones. Se intenta volver los sueldos a la incidencia histórica, del 50%. “Estamos acomodando las finanzas, a través de un sinceramiento del Estado de tal manera que a partir del año que viene podamos arrancar un plan de obras públicas que dinamice la economía”, resaltó el Gobernador.

La idea es que además de la cobertura esencial de servicios de salud, de educación y de seguridad y de resolver los mandatos de las emergencias, hagan proyectos de futuro, para avanzar con las obras en el dique El Cadillal, en la doble terna energética de El Bracho-Villa Quinteros, el acueducto de Vipos o terminar la cárcel de Benjamín Paz.

Al tiempo que se espera una reducción de gastos con el retiro voluntario -se habla de unos 2.000 casos, que permitirían un ahorro de $ 4.000 millones al año- y con las jubilaciones, se van a acelerar las intimaciones a quienes ya cumplieron la edad legal para acceder al beneficio previsional. Al mismo tiempo, se han venido revisando las adscripciones, particularmente en educación, y se han hecho sumarios a empleados públicos que cobraban el plan “Potenciar Trabajo”.

De no mediar otro salto inflacionario o actualización de precios, el sector público tendrá tranquilidad financiera en los próximos meses. Lo que se desprende de este reordenamiento del Estado es que, además del ahorro, podría ser el puntapié inicial para la redefinición de lo que debe hacer la administración pública, ya sea en programas de largo plazo como en proyectar lo inmediato, y tener claro cuánta gente realmente necesita para cumplir con los servicios que brinda.