Cuánto deben ganar los legisladores nacionales

Los funcionarios electos son como los empleados públicos en cuanto a la dificultad para decidir cuánto abonarles. Lo que se paga a un empleado privado surge del valor del bien y de la contribución del empleado. En el sector público, no.

El factor productivo es importante según lo sea el bien al que contribuye. No es igual ayudar a fabricar zapatillas que palitos para picolé. En cuanto a la contribución; quien más aporte a la existencia del bien recibirá una mayor porción de su valor. En un mercado es bastante sencillo observar el precio del bien, que expresa cuánto vale según los consumidores. También sirve la cantidad vendida si el precio es bajo pero el artículo tan considerado que se vende en tal cantidad que el monto de ingresos es grande y así puede serlo la retribución a los trabajadores. Sobre la contribución, hay trabajos en los que es mensurable cuánto aporta cada persona al producto, hay otros en que no. Para estos últimos, una alternativa es la facilidad de sustitución. Cuanto más sencillo de reemplazar, menor la contribución de un empleado en particular, por lo tanto menos cobrará comparado con otro más difícil de sustituir.

Ahora bien, un problema con el Estado es que sus productos no suelen tener mercados, por lo tanto no hay precios explícitos. ¿Cómo saber cuánto vale lo que brinda a la sociedad para decidir cuánto pagar a su personal? La respuesta es política, tanto con los empleados como con los funcionarios, lo que agrega imperfecciones. ¿Y la productividad? Es un inconveniente cuando el trabajo es intelectual. Un profesional ante un café en un bar ¿trabaja o tontea? Por la actitud no se sabría, hay que esperar el resultado. Es el caso de los legisladores.

Su trabajo no es sólo asistir a sesiones plenarias. Debería desarrollarse sobre todo en las comisiones y en el diálogo con los potenciales beneficiados o perjudicados de las decisiones públicas. Mirar sólo el número de sesiones no es una buena guía, aunque cosas como dos reuniones al año claramente harían sospechar. Similar para el número de normas. No es suficiente ese solo dato. Los buenos resultados también implican frenar malos proyectos (no suman como normas) así como realizar las tareas de control de los actos de otros poderes, en especial, por su ritmo de trabajo, del Ejecutivo: interpelaciones, pedidos de informes, estudio ágil y concienzudo de los decretos especiales (DNU, promulgación parcial, facultades delegadas), profundidad en las audiencias con los propuestos al Poder Judicial.

Y para ello requieren personal de apoyo. No sólo el permanente del Congreso sino también el de confianza incluyendo asesores. ¿Por qué? Porque nadie sabe todo. Lo esencial es tener buen criterio para decidir; luego, saber escuchar y especializar la tarea legislativa en aquello que sí se conozca en profundidad. Todo eso debería manifestarse en la calidad del trabajo puesta a evaluación de la población, lo que requiere mucha transparencia. Una cosa es necesitar un equipo de trabajo, otra llenar el Congreso de punteros o parientes.

Otro punto son los costos personales. En particular, viajes y alojamiento. Suele reclamarse que los paguen de su dieta. Error. O esos rubros integran el sueldo y éste es suficientemente grande, o no lo integran y es menor pero se cubren por aparte. ¿Que los particulares los pagan de su bolsillo? Sí y no. Alguien de San Miguel aceptará trabajar en Concepción yendo y viniendo todos los días si el sueldo le alcanza para la movilidad o bien si le pagan menos de bolsillo pero le reconocen los gastos de transporte. El costo siempre está. Además, debe considerarse que la responsabilidad, al menos de los diputados, abarca todo el país. Formalmente son diputados de la Nación, no de una provincia. Por lo tanto deben poder trasladarse a cualquier lado. Así, debería implementarse el sistema que sea más transparente y menos propenso al abuso.

También suele asomar la propuesta de que los legisladores no cobren. Pero no tiene sentido. Se presentarían sólo quienes ya tienen dinero, dejando el gobierno para una élite económica o para quienes quieran lucrar con la corrupción. ¿Y los patriotas? Pues también deben comer. Y siempre es mejor que el diseño institucional se base en la desconfianza. El mundo está habitado por humanos, no por ángeles. El mercado se sustenta en que la manera de enriquecerse sea satisfacer las necesidades ajenas; si las personas fueran altruistas, mejor, pero por las dudas sean egoístas, que se haga el bien por ambición. En política la actitud preventiva debe ser igual. Por eso la necesidad de elecciones periódicas, república y transparencia. La no retribución de los cargos sólo aumentaría las tentaciones del abuso. Igual con pretender que ganen como los maestros; no aumentarán los salarios docentes sino la tentación de robar. Mejor no exigir los límites morales, incluso de quienes los tengan elevados. En general, si se buscan gobernantes capaces como mínimo deben cobrar lo equivalente a lo que ganarían en el mercado menos el valor del honor de ocupar una función pública.

Entonces, el legislador propone y aprueba su propia dieta y la población debería ver si su función es acorde a ella y luego reelegirlo o no. Por desgracia, el sistema electoral argentino es muy malo para controlarlo debido al rezago en las decisiones y al costo de aparición de competidores. Aun así, hay esperanzas. Los senadores retrocedieron con el aumento de dietas por su impacto negativo en la opinión pública, aunque las elecciones recién serán el año que viene y afectarán sólo a un tercio de ellos. Sintieron el rechazo de actuar desentendidos del esfuerzo de la población; su función será muy importante pero no pueden quedar al margen del sacrificio general. De todos modos, no debe olvidarse que la dieta es sólo una expresión de la tentación del poder. Cuanto menor sea éste y mayor la transparencia, mejor.