“Miguelón” nunca fue acusado por una amenaza a dos fiscales

El derrotero judicial de Miguel “Miguelón” Figueroa es al menos curioso. Ladronzuelo de joven, “soldadito” de los clanes Carrión y Toro, triple homicida y acusado de amenazar al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez de Ejecución Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo, sólo fue condenado por los tres homicidios con los que vengó la muerte de su hermano. Estuvo procesado por robos menores, pero jamás llegó a juicio. Fue detenido por tráfico de droga en Salta, pero no enfrentó un tribunal. Nunca fue investigado formalmente por los primeros mensajes intimidatorios que habría realizado contra dos representantes del Ministerio Público. La Justicia tampoco inició un expediente al surgir indicios sobre sus vínculos en la causa conocida como “narcopolicías”. “Quieren hacer creer que soy un monstruo, pero no tengo ningún antecedente”, señaló sonriendo en el juicio por un doble crimen.

“El siempre andaba pavoneando en el barrio porque tenía contactos en la Policía y en la Justicia. Que tenía el poder suficiente para hacer lo que quisiera”, explicó Gonzalo Ramírez, vecino de Villa 9 de Julio. “Con nuestros propios ojos nos dimos cuenta de que tenían razón. Mató a tres personas de la peor manera y estuvo casi dos años paseándose por la calle como si nada”, añadió el hombre que aseguró que hay que perder el miedo para que en los barrios no haya más “Miguelones”.

La feria de enero de 2024 había transcurrido sin grandes sobresaltos. Todo cambió cuando a fines de ese mes, una familiar de las víctimas de los homicidios se presentó en el despacho del fiscal López Bustos para informarle que “Miguelón” estaba amenazando a los testigos para que no declarara en los juicios que debían empezar en febrero y en marzo. El investigador analizó la presentación de la mujer y descubrió que también había enviado mensajes intimidatorios contra él y su colega Sale. Inmediatamente informó a sus superiores sobre lo sucedido de esta situación inédita en la historia judicial de Tucumán.

Un escándalo

La fiscala Regional de feria Estela Giffonielo logró que un juez autorizara un allanamiento en el penal de Villa Urquiza. En la medida, secuestraron tres chips, dos tarjetas de memoria, un celular y una balanza de precisión. También lo notificó que había iniciado una causa por amenazas en su contra. Además, le informó al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y al director del Servicio Penintenciario Mario Quinteros por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos al haber permitido que Figueroa contara con esos elementos.

Paralelamente, el ministro fiscal Edmundo Jiménez solicitó la suspensión de los debates por cuestiones de seguridad. “Este gobernador no va a permitir debilidad de ninguno de los tres poderes del Estado ante los narcos y la delincuencia en general”, dijo Jaldo al enterarse del planteo. “Los que hemos asumido la responsabilidad de estar al frente de un cargo, debemos tener la valentía suficiente para afrontar nuestras obligaciones. Si no pueden hacerlo, deben irse a sus casas”, añadió en esos días.

Las autoridades montaron un importante operativo de seguridad y ambos juicios se desarrollaron con total normalidad. En el primero de ellos se produjo un episodio histórico. La mayoría de los fiscales del Centro Judicial Capital, de manera espontánea, se sentaron en la sala para, según dijeron, respaldar a sus colegas y enviar un claro mensaje de que ninguna amenaza los detendría.

Defensa y final

En ambos debates, Macario Santamarina, ex defensor de “Miguelón”, consideró que la causa abierta por amenazas había sido montada para perjudicar a su defendido. “No hay ninguna prueba que demuestre si hubo una intimidación y si él fue el autor. Qué estrategia defensiva puedo desplegar si tuve a todo el Ministerio Público ejerciendo presión en la sala”, se quejó el profesional antes de que Figueroa se transformara en el primer tucumano en recibir dos perpetuas en menos de un mes, marca que perdió cuando un tribunal de Impugnación anuló una de ellas.

Los familiares del condenado, especialmente su esposa Marcela Díaz (ayer fue detenida por la Policía, leer aparte) siempre negaron esa acusación y aseguraron que el enjuiciado no tenía Instagram. Su teoría del caso era que habían sido los parientes de la víctima para complicar procesalmente a su marido.

Ha pasado más de un año desde la apertura de esa causa y las dudas no se despejaron. A “Miguelón” nunca le formularon cargos. No trascendieron detalles claves de la investigación como si se analizaron los chips y las tarjetas de memoria que fueron secuestradas en la celda del acusado. Tampoco se supo si la causa, que generó tanto revuelo, terminó archivándose.

En los dos debates surgieron indicios sobre la venta de drogas en varios barrios de Villa 9 de Julio. Sólo el tribunal integrado por Elizabeth Radi, Federico Moeykens y Fernando Zóttoli resolvieron que todos los datos surgidos sean remitidos a la fiscalía de Narcomenudeo y a la Justicia Federal para que se investigara. Hasta el momento no trascendió que se haya abierto una causa a raíz de este planteo.