MESA PANEL. En el segundo turno del Foro estuvieron Luciana Eleas, Dive Mohammed y Agustín Serenelli. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
La necesidad de activar políticas de prevención institucionales y privadas abarcativas, coordinadas entre distintos sectores y enfoques, fue uno de los ejes que sobresalió de la mesa “El impacto de los siniestros viales”, la segunda que se desarrolló dentro del Foro Tucumán Responsable, organizado por Meta Tucumán.
El panel fue abierto por la jueza civil de los tribunales de Monteros e integrante de la Asociación de Magistrados, Luciana Eleas, quien giró alrededor de una consigna determinante: “los problemas de la siniestralidad son culturales, no legales; tenemos normas claras que no se cumplen o que se elige cuándo cumplirlas”. El enfoque de su despacho ante ese contexto es desplegar “una justicia cercana y más humana, que tenga impacto real y que no se agote en la condena o en la sanción”.
En su experiencia, el cambio del proceso a la oralidad ha sido trascendente: “ya no es un papel, sino que hay que estar presente en el juicio, dar la cara, incluso pedir perdón como se logró en algún caso. Todo eso debe servir para concientizar, pero para tener impacto hay que coordinar acciones con otros organismos y con entidades educativas con herramientas que no son costosas”, señaló. Sin embargo, reconoció que “las partes naturalizan lo que les pasó, minimizan el riesgo, no recuerdan si la moto tenía luces, si el casco estaba bien colocado o si habían consumido alcohol, ni saben quién tiene prioridad de paso en una esquina; ni siquiera en lo gestual expresan preocupación”.
“En la sentencia hablamos de manera coloquial para resaltar lo que consideramos importante y así tratar de lograr que la conducta sancionada no se repita. Pero a esa sentencia se llega cuando el daño ya se consumó, cuando hay una persona muerta o incapacitada
Su área de cobertura judicial abarca los departamentos de Monteros, Simoca, Famaillá y Tafí del Valle, "que está cada vez más peligrosa”, y si bien el juzgado aborda distintos hechos civiles, el 30% de sus fallos se relacionan con el tránsito, “lo que es altísimo”.
"Siempre nos preguntamos si se podría haber evitado"
Para aportar la mirada del Poder Ejecutivo intervino la emergentóloga Dive Mohamed, cuya experiencia en el hospital Padilla la impulsó a la función pública. “Recibimos muchos accidentados con su vida contra reloj y siempre nos preguntamos si se podría haber evitado, si llevaba el casco y el cinturón de seguridad bien puesto, si frenó a tiempo. Un error cuesta una vida o una incapacidad, con una familia deshecha por detrás, sin su soporte económico y debiendo atender a quien sufre una secuela. Es muy difícil decirle a una madre que su hijo de 15 años puede morir, no tendríamos que acostumbrarnos a ello”, sostuvo.
MINISTERIO DE SALUD. Dive Mohammed, durante su exposición en la segunda mesa panel. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
La edad del ejemplo no es casual. Las estadísticas oficiales indican que la mayoría de los 13.000 siniestrados que debieron ser atendidos en 2024 (no el total de accidentados) tenían entre los 15 y los 30 años y que el 82% iba en moto. “Los recibimos ya lesionados, y las consecuencias son grandes, con asistencia médica y estrés social y emocional que abarca a los médicos. Los servicios de urgencia siempre tienen gente esperando en la puerta y hay mucha reincidencia, porque sobresale la idea de que ‘a mí no me va a pasar nada’”, alertó.
Los seguros
Desde el sector asegurador aportó su experiencia Agustín Serenelli. “Es un problema social cultural. ¿A qué le da prioridad una persona? Todos corren para sacar el seguro del auto, pero ¿Cuánto cuesta llegar a la casa propia y cuántos la tienen asegurada? ¿Cuántos tienen un seguro de vida? Se le da poco valor a la vida. La gente se cree inmortal y cuando les pasa algo, ya es tarde. Hay una carga emocional muy importante aparte de la física de quien queda discapacitado o de quien causó un daño a otro, y aún así la reincidencia de quien se accidenta es muy alta”, lamentó.
El representante de Federación Patronal Seguros reivindicó la importancia de abordar el tema desde “un conjunto de responsabilidades y en forma conjunta” y mencionó la experiencia junto a la Unsta de dar charlas a alumnos de colegios secundarios que estaban por sacar su primer carnet de conducir.
“El seguro cumple una función social en la Argentina, es una promesa intangible de estar ahí cuando pase algo. Sólo la compañía que integro dispuso el año pasado de $3.500 millones pasa siniestros de automotor, tanto en daños físicos patrimoniales como a las personas, y en el país funcionan 192 empresas. Hay que tener aseguradoras sanas y solventes para atender esa demanda y a mayor costo, más precio. Un cálculo determinó que el seguro debería valer cinco veces más de lo que se cobra; es por eso que se debe realizar una administración austera y eficiente y premiar a los buenos conductores”, mencionó.
Para cerrar, instó a repensar el sistema en general para tener controles eficaces, lo cual es complejo en un parque automotor de 15 millones de vehículos en todo el país. “Hago un llamado a la reflexión para articular respuestas entre todos”, concluyó.





















