Letrados tucumanos, contra reformas al Consejo

La seguidilla de "batallas" judiciales contra la "democratización de la Justicia", impulsada por la presidenta, Cristina Fernández, sumó un nuevo condimento vernáculo. El Colegio de Abogados de la Capital acudió ayer a los Tribunales Federales de Tucumán para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación (CM). Antes había hecho lo propio el senador José Cano (UCR); y también hay un pleito iniciado por un letrado, a título particular.

La demanda, que ingresó en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Daniel Bejas, fue presentada por José Adle y Rodolfo Moisá, secretario y prosecretario de la entidad que preside FranciscoGarcía Posse. El escrito solicita al magistrado que imprima al juicio el trámite sumarísimo, y que dicte una medida cautelar para suspender provisoriamente la convocatoria a elegir -mediante el voto popular- a consejeros jueces, abogados y académicos o científicos en los comicios de este año.

A diferencia de otras judicializaciones más amplias que han proliferado en los juzgados del país desde la promulgación de la reforma al CM (Ley 26.855), la acción de los letrados de la capital se concentró en atacar la decisión de aumentar el número de consejeros (pasa de 13 a 19) y de quitar a los estamentos "no políticos" la potestad de elegir a sus representantes.

"En la nueva composición, además de tres abogados, (la Ley 26.855) prevé la presencia de seis legisladores, seis académicos, un representante del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y tres jueces. La confluencia de seis académicos con siete representantes de los poderes políticos rompe todo tipo de equilibrio: quienes convivimos diariamente en el Poder Judicial, jueces y abogados, sólo tenemos tres integrantes cada uno. Pero lo que es más grave aún es que estos jueces y abogados no son representantes de los jueces y abogados, sino de la sociedad", expresaron.

Roto por "antiabogados"

El CM ingresó a la Constitución Nacional con la reforma de 1994. Según los letrados, ese instituto supuso un recorte de prerrogativas del PEN que, hasta entonces, elegía a los magistrados discrecionalmente. Pero la Convención Constituyente sólo dijo que el Consejo debe ser compuesto periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. "Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley (especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara)", prescribe el artículo 114 de la Carta Magna.

El Colegio considera que aquel equilibrio fue estropeándose en favor del poder político con los sucesivos retoques legislativos a la organización del CM, órgano encargado de sustanciar concursos públicos para seleccionar a los jueces federales; de ejercer la potestad disciplinaria y de promover la remoción de los magistrados, entre otras funciones. "Originalmente la representación política era del 45% (el oficialismo tenía un 25% del total de los representantes). A su turno, los abogados, contábamos con un 20%, mientras que los jueces, con un 25%. (Por la reforma de 2006 -que impulsó el kirchnerismo-), los poderes políticos cuentan con el 53,8% de integrantes del CM (el oficialismo tiene el 38,45%). Por su parte, los abogados contábamos con el 15,38%. Si bien el desequilibrio era mucho más notorio aún, con la actual composición hemos perdido toda representatividad", explicaron.

Ese deterioro del equilibrio constitucional sucedió gracias a la prédica "antiabogacía" que desplegó el oficialismo, de acuerdo con la interpretación del Colegio: "queda de manifiesto que poco importa el criterio constitucional, la por entonces senadora (hace referencia a la enmienda de 2006) y actual Presidenta considera que a los abogados -aun cuando ella también lo es- sólo nos importa nuestro beneficio personal en desmedro de las instituciones, que sólo son defendidas por el poder político -al que precisamente la Constitución le quitó representación por los resultados obtenidos (en materia de selección y ejercicio del poder de disciplina sobre los jueces)-".

Los letrados remarcaron que, así, se convirtió al CM en un órgano del PEN. "Esta ley no sólo rompe el equilibrio, sino que rompe el diseño constitucional y la Justicia así debe declararlo", agregaron.