Un fallo del que aprender

Gustavo Wallberg - Director de Políticas Públicas de Federalismo y Libertad

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no es una buena noticia, pero tampoco es una tragedia nacional. De hecho, puede contribuir a encaminar acciones futuras. Es una decisión que penaliza las irresponsabilidades de gobierno de las últimas décadas. No sólo la impericia en la gestión judicial actual, ni la liviandad en la toma de deuda de los 90. Esas son manifestaciones de la falta de visión de largo plazo de dirigentes y ciudadanos, de la falta de respeto a la organización republicana de gobierno.

El error de enfoque es notorio cuando se escuchan las quejas por la supuesta buena conducta financiera de Argentina no atendida por la Corte, sin entender que era irrelevante. La Corte sólo estaba analizando si le correspondía tomar el caso. No los méritos de las partes, sino la naturaleza del problema. La conducta del deudor era importante, y todavía lo es, ante el tribunal de la causa, no la Corte, a la hora de pensar cómo tratar al perdedor del juicio al darle o no facilidades para cumplir la sentencia. Pero tiene poco peso para establecer la razón en el pleito.

Lo mismo vale para el supuesto riesgo en que se pone al sistema financiero internacional, ya que se harían imposibles las reestructuraciones de deuda soberana. Esta cuestión está en vías de solución con la inclusión de cláusulas de acción colectiva en los títulos que se emitan, donde se prevea que el acuerdo de un cierto piso de la masa acreedora hace obligatorio el canje para todos los acreedores. Ese es un problema de los gobiernos, no del Poder Judicial. La Corte de EEUU está para verificar el cumplimiento de la ley en ese país, no para salvar al mundo o a una nación en particular. El error de apreciación del papel de la Justicia no sólo llevó en este caso puntual a desperdiciar esfuerzos.

En el fondo, el fallo trata de la supremacía del estado de derecho. Eso es lo que distingue a la civilización, las salvaguardas contra la arbitrariedad. Es cierto que responder al fallo traerá costos que sufrirán todos los argentinos. Pero que los gobiernos se salven de enfrentar sus errores solo lleva a la repetición de esas conductas. Por eso hay que subrayar que los costos que se carguen serán consecuencia de haber convalidado conductas que es sabido llevan a crisis como las que parecen recurrentes en Argentina sin importar el signo político de los gobernantes. Como mínimo, debe tenerse la esperanza de que los costos impulsen a los ciudadanos a ser más exigentes con sus dirigentes, y cobrárselos a los gobernantes locales responsables en vez de seguir pensando en culpables mitológicos.