31 Diciembre 2014
CON NUEVO MANDATO. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. reuters
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrentará en su segundo mandato -lo asume mañana- una carrera de obstáculos que combina problemas económicos con el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, cuyos reflejos políticos son esperados para 2015. Las investigaciones sobre el caso Petrobras todavía están en curso, pero indican un gran potencial explosivo, cuyas dimensiones recién se conocerán en febrero, cuando se espera que sean revelados los nombres de los políticos involucrados.
Por lo menos 26 políticos oficialistas -entre ministros, ex ministros, diputados, senadores, gobernadores y ex gobernadores- están en la lista de sospechosos de recibir aportes originarios de dinero desviado de contratos sobrefacturados de Petrobras, por parte de una red ilegal que habría movido unos U$S 3.700 millones entre 2004 y 2012. Si se confirman las sospechas, el escándalo podrá generar un terremoto en el seno del Gobierno y en la base aliada en el Congreso, lo que creará más dificultades para Rousseff.
El escándalo en Petrobras tiene además consecuencias económicas. Por ejemplo, según la cotización de sus acciones al 22 de diciembre, la empresa perdió en 2014 el 43,6% de su valor de mercado, que pasó de U$S 91.000 a U$S 51.600 millones.
Además, la petrolera enfrenta cuatro juicios en Estados Unidos -tres impulsados por fondos e inversionistas y uno por la ciudad de Providence, capital del estado de Rhode Island-. Los demandantes pretenden ser indemnizados por las pérdidas sufridas a raíz de la caída en los precios de las acciones de la petrolera.
También en razón de las investigaciones, la empresa estatal -que está en el centro de una cadena de producción responsable de alrededor del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil- debió retrasar la divulgación de su balance del tercer trimestre de 2014 y tendrá que recortar sus inversiones el próximo año.
El otro gran reto del segundo mandato es el de cambiar el rumbo de la política económica actual, que fracasó en su propósito de mantener la economía en crecimiento y fomentar el proceso de mejora de las condiciones de vida de los brasileños más pobres. El modelo basado en estímulos al consumo e incentivos fiscales a sectores productivos logró éxitos importantes en la primera década del siglo XXI, pero dejó de funcionar en los últimos años y en 2014 resultó en un grave deterioro de las cuentas públicas, al tiempo que la economía se mantuvo virtualmente estancada. Según los últimos pronósticos, el crecimiento del PBI quedará este año en torno al 0,3% la inflación anual podría incluso superar el 6,5% -el techo de la meta oficial-, y el saldo de la balanza comercial será probablemente deficitario por primera vez en 12 años. El presidente del Banco Central, Alexandre Tombini -quien permanecerá en el cargo- admitió ante el Congreso que sólo a fines de 2016 la inflación volverá a acercarse a la meta del 4,5% al año.
Para comandar el ajuste, Rousseff designó como titular del Ministerio de Hacienda al economista Joaquim Levy, conocido por sus posiciones ortodoxas y quien ya anunció una política de ajuste fiscal destinada a asegurar un superávit primario del 1,2% del PBI en 2015 y de un 2% en los dos años siguientes. La designación de Levy generó resquemores en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), ya que es considerado como un liberal y cuyas concepciones sobre economía serían más cercanas a las del rival de la mandataria, el socialdemócrata Aécio Neves. Conducir el “barco Brasil” por las tormentas políticas y económicas y llevarlo a buen puerto será la gran misión de Rousseff en este mandato. Y tendrá que hacerlo con escaso margen de maniobra. El politólogo Paulo Calmon, de la Universidad de Brasilia, opinó que el escándalo de Petrobras le impedirá a Rousseff beneficiarse del voto de confianza del que suelen disfrutar los gobiernos reelectos. Y, más pesimista, el economista Eduardo Gianetti dice que la Presidenta tendrá “un mandato anémico, pautado por crisis sucesivas y medidas improvisadas para contenerlas”, porque es un Gobierno “sin proyecto, sin fuerza y sin autoridad moral”.
Por lo menos 26 políticos oficialistas -entre ministros, ex ministros, diputados, senadores, gobernadores y ex gobernadores- están en la lista de sospechosos de recibir aportes originarios de dinero desviado de contratos sobrefacturados de Petrobras, por parte de una red ilegal que habría movido unos U$S 3.700 millones entre 2004 y 2012. Si se confirman las sospechas, el escándalo podrá generar un terremoto en el seno del Gobierno y en la base aliada en el Congreso, lo que creará más dificultades para Rousseff.
El escándalo en Petrobras tiene además consecuencias económicas. Por ejemplo, según la cotización de sus acciones al 22 de diciembre, la empresa perdió en 2014 el 43,6% de su valor de mercado, que pasó de U$S 91.000 a U$S 51.600 millones.
Además, la petrolera enfrenta cuatro juicios en Estados Unidos -tres impulsados por fondos e inversionistas y uno por la ciudad de Providence, capital del estado de Rhode Island-. Los demandantes pretenden ser indemnizados por las pérdidas sufridas a raíz de la caída en los precios de las acciones de la petrolera.
También en razón de las investigaciones, la empresa estatal -que está en el centro de una cadena de producción responsable de alrededor del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil- debió retrasar la divulgación de su balance del tercer trimestre de 2014 y tendrá que recortar sus inversiones el próximo año.
El otro gran reto del segundo mandato es el de cambiar el rumbo de la política económica actual, que fracasó en su propósito de mantener la economía en crecimiento y fomentar el proceso de mejora de las condiciones de vida de los brasileños más pobres. El modelo basado en estímulos al consumo e incentivos fiscales a sectores productivos logró éxitos importantes en la primera década del siglo XXI, pero dejó de funcionar en los últimos años y en 2014 resultó en un grave deterioro de las cuentas públicas, al tiempo que la economía se mantuvo virtualmente estancada. Según los últimos pronósticos, el crecimiento del PBI quedará este año en torno al 0,3% la inflación anual podría incluso superar el 6,5% -el techo de la meta oficial-, y el saldo de la balanza comercial será probablemente deficitario por primera vez en 12 años. El presidente del Banco Central, Alexandre Tombini -quien permanecerá en el cargo- admitió ante el Congreso que sólo a fines de 2016 la inflación volverá a acercarse a la meta del 4,5% al año.
Para comandar el ajuste, Rousseff designó como titular del Ministerio de Hacienda al economista Joaquim Levy, conocido por sus posiciones ortodoxas y quien ya anunció una política de ajuste fiscal destinada a asegurar un superávit primario del 1,2% del PBI en 2015 y de un 2% en los dos años siguientes. La designación de Levy generó resquemores en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), ya que es considerado como un liberal y cuyas concepciones sobre economía serían más cercanas a las del rival de la mandataria, el socialdemócrata Aécio Neves. Conducir el “barco Brasil” por las tormentas políticas y económicas y llevarlo a buen puerto será la gran misión de Rousseff en este mandato. Y tendrá que hacerlo con escaso margen de maniobra. El politólogo Paulo Calmon, de la Universidad de Brasilia, opinó que el escándalo de Petrobras le impedirá a Rousseff beneficiarse del voto de confianza del que suelen disfrutar los gobiernos reelectos. Y, más pesimista, el economista Eduardo Gianetti dice que la Presidenta tendrá “un mandato anémico, pautado por crisis sucesivas y medidas improvisadas para contenerlas”, porque es un Gobierno “sin proyecto, sin fuerza y sin autoridad moral”.
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