23 Abril 2017
Referentes de organizaciones sociales y de sindicatos rechazaron categóricamente el proyecto de ordenanza presentado por el concejal radical Agustín Romano Norri, por criminalizar la protesta social.
“Este proyecto se vincula con una política a nivel nacional: ante el crecimiento de la miseria y de la pobreza en números reales divulgados por la Universidad Católica Argentina y por el propio Indec, el gobierno busca fortalecer el núcleo duro de los votantes macristas atacando las manifestaciones pero no intentan solucionar las causas de las crisis sociales”, consideró el referente del Frente Popular Darío Santillán (ex COBA), Hugo Heredia.
Desde la organización vincularon el proyecto de ordenanza con una política que se profundizó en el último lustro. “Forma parte de una mirada del gobierno que no es nueva. Hace poco lo escuché por televisión a Sergio Berni (secretario de Seguridad de la Nación durante el kirchnerismo) jactándose de haber desalojado a más de 2.500 piquetes. Con esto se profundiza la represión y la criminalización de las protestas”, profundizó Heredia.
El secretario general de la CTA Autónoma, Salvador Agliano, también repudió el proyecto. “Nos oponemos a toda ley que pretenda coartar los derechos constitucionales que establece el artículo 14 bis de la Carta Magna, entre ellos, el derecho a peticionar y a protestar”, bramó el gremialista. Agliano vinculó la iniciativa con políticas nacionales y se quejó por no haber sido consultados al elaborar el proyecto. “Ya hemos rechazado en el pasado el Proyecto X y la ley Antiterrorista. Nos opusimos siempre a estas medidas. Repito lo que dije en el último paro nacional: no somos destituyentes de un gobierno por protestar, queremos que atiendan a nuestros reclamos”, finalizó.
“Este proyecto se vincula con una política a nivel nacional: ante el crecimiento de la miseria y de la pobreza en números reales divulgados por la Universidad Católica Argentina y por el propio Indec, el gobierno busca fortalecer el núcleo duro de los votantes macristas atacando las manifestaciones pero no intentan solucionar las causas de las crisis sociales”, consideró el referente del Frente Popular Darío Santillán (ex COBA), Hugo Heredia.
Desde la organización vincularon el proyecto de ordenanza con una política que se profundizó en el último lustro. “Forma parte de una mirada del gobierno que no es nueva. Hace poco lo escuché por televisión a Sergio Berni (secretario de Seguridad de la Nación durante el kirchnerismo) jactándose de haber desalojado a más de 2.500 piquetes. Con esto se profundiza la represión y la criminalización de las protestas”, profundizó Heredia.
El secretario general de la CTA Autónoma, Salvador Agliano, también repudió el proyecto. “Nos oponemos a toda ley que pretenda coartar los derechos constitucionales que establece el artículo 14 bis de la Carta Magna, entre ellos, el derecho a peticionar y a protestar”, bramó el gremialista. Agliano vinculó la iniciativa con políticas nacionales y se quejó por no haber sido consultados al elaborar el proyecto. “Ya hemos rechazado en el pasado el Proyecto X y la ley Antiterrorista. Nos opusimos siempre a estas medidas. Repito lo que dije en el último paro nacional: no somos destituyentes de un gobierno por protestar, queremos que atiendan a nuestros reclamos”, finalizó.
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