Crisis carcelaria: Tucumán casi no tiene lugar para alojar a detenidos por "narcos"

COMISARÍA 4ª. Una de las sedes que no podrá alojar presos federales, a partir del fallo judicial que denuncia “la grave afectación de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad”. la gaceta / foto de archivo COMISARÍA 4ª. Una de las sedes que no podrá alojar presos federales, a partir del fallo judicial que denuncia “la grave afectación de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad”. la gaceta / foto de archivo

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una acción de habeas corpus en favor de los aprehendidos en esas sedes Se trata de las seccionales 4ª, 7ª, 9ª y la de Delfín Gallo. Advierten sobre “el ruinoso y lamentable estado de las instalaciones”.

Un fallo de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires dejó a Tucumán casi sin lugar de alojamiento para las personas detenidas por cuestiones vinculadas a drogas, según confirmaron fuentes judiciales y policiales.

El pronunciamiento prohibió que personas arrestadas con causas federales sean alojadas en las seccionales 4ª, 7ª y 9ª de la capital y en la comisaría de Delfín Gallo. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Gustavo Hornos (como presidente) y Ana María Figueroa, hizo lugar a una acción de habeas corpus en favor de detenidos en esas dependencias policiales.

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El pronunciamiento advirtió sobre “el ruinoso y lamentable estado de las instalaciones en las que deben habitar las personas allí alojadas. La situación descripta representa un grave peligro para la integridad física y la salud de las personas que resulten allí detenidas y tal situación pone en evidencia la grave afectación de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad”.

La resolución ordenó a las autoridades que “adopten las medidas necesarias tendientes al acondicionamiento y habilitación de esas dependencias, adecuándolas a los estándares internacionales vigentes en la materia”.

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Dichas medidas se extendieron tanto a las personas detenidas a disposición de la Justicia Federal como a disposición de la Justicia provincial. Se dispuso que el tiempo de detención en estas dependencias debe limitarse al mínimo, a los fines de determinar la situación procesal de los reclusos.

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Se ordenó asimismo poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán.

Difícil situación

La situación ya era crítica antes de que se conociera este fallo. El año pasado, por decisión de los jueces federales de la provincia, se ordenó clausurar los calabozos que Gendarmería Nacional tenía en funcionamiento en el destacamento de Las Talitas.

La Agencia Regional de la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria no cuentan con lugares de arresto por ahora. Esta última fuerza, dada esa carencia, albergó detenidos en un par de habitaciones que están ubicadas en el aeropuerto Benjamín Matienzo.

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En la cuadra de Santa Fe al 600, en Barrio Norte, se encuentra la sede de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal. En un edificio que fue diseñado para tareas de investigación se encuentran alojadas unas 28 personas en dos calabozos que tienen capacidad para alrededor de 15 personas. Fuentes judiciales informaron que allí se tuvo que desarmar equipos de trabajo de calle para atender a los procesados que esperan ser trasladados al penal de Villa Urquiza o a las provincias de Santiago del Estero, Salta o Jujuy, donde hay cárceles federales. “Los vecinos no conocen de esta situación, pero ahí hay gente importante detenida. Tuvimos que reforzar la vigilancia para evitar un intento de fuga o un copamiento de terceros para liberar algunos de los que se encuentran detenidos”, comentó la misma fuente.

Distinto es el panorama en la Dirección de Drogas Peligrosas. Su jefe, el comisario Jorge Nacusse tiene la ventaja de acudir a compañeros de la fuerza para que le den cupo de alojamiento.

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Al estar colapsadas las seccionales de la capital, se trata de ubicar personas en las comisarías del interior. San Pedro en el norte; Banda del Río Salí en el este; Monteros en el oeste; y La Cocha, en el sur son algunas de las alternativas con las que cuenta para solucionar este inconveniente.

“El drama es trasladarlos. Eso nos lleva mucho tiempo. Perdemos horas de investigación”, dijo un vocero de la fuerza.

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