Por Silvia De Las Cruces
02 Agosto 2020
TAREA EXTRA. Los adicionales se asignarán ahora teniendo en cuenta, entre otras cosas, la necesidad económica del empleado policial voluntario.
La Policía de Tucumán comienza a ajustarse al nuevo régimen de Servicios Adicionales de Vigilancia y Seguridad, que promete llevar transparencia y orden a una tarea extra que realizan más de 2.000 efectivos de la fuerza. Si bien la Ley ha sido aprobada en diciembre de 2018 y promulgada oportunamente, su reglamentación recién fue publicada en el Boletín Oficial hace un mes y por estos días se encuentra en una etapa de organización.
Para aplicar esta nueva reglamentación fue creada la Dirección General de Servicios Adicionales, a cargo del comisario mayor Diego Brandán, quien explicó que los principales cambios que se introducen están relacionados con la organización del trabajo, que además se abonará mediante planilla salarial.
“Actualmente hay más de 200 objetivos que se están cubriendo, entre públicos y privados, y son entre 2.000 y 2.500 los empleados registrados para esa tarea”, estimó Brandán, tras aclarar que esos números se modifican de manera permanente.
¿Qué cambiará ahora? En primer lugar, quien desee contratar un servicio adicional deberá firmar un convenio con esta área de la Policía. En cuanto a los uniformados, habrá un registro de voluntarios a los que se les irán asignando las tareas. Para ello el policía debe completar una declaración jurada donde se le requieren datos personales y familiares, y presentarla en la dirección de Servicios Adicionales (funciona en la Subjefatura). “Se va a hacer una selección y se va a dar prioridad al empleado de acuerdo a su formulario y a la necesidad de cada uno, teniendo en cuenta la carga familiar, por ejemplo”, explicó Brandán.
El comisario remarcó que es indispensable estar registrado y prestar el servicio adicional de esta manera. “Vamos a hacer controles y si detectamos que un policía presta un servicio no declarado va a ser sancionado”, advirtió. “No es que uno quiere perseguir al policía -aseguró- sino que se busca protegerlo porque al estar esto reglamentado va a cobrar más y va a estar cubierto por la ART”.
La Ley establece la siguiente distribución de ingresos por este servicio: el 85% será destinado al pago del personal policial que lo presta y el 15% restante será distribuido para la atención de los gastos administrativos y operativos de la Policía, así como para adquirir equipamiento policial y a brindar asistencia social al personal. “El pago se va a depositar en una cuenta y el empleado policial lo va a percibir junto con la liquidación de su sueldo”, explicó Brandán.
No todos los servicios adicionales tienen el mismo valor. La nueva reglamentación diferenció tres categorías de acuerdo al riesgo que implica la tarea:
A-Alto riesgo: los servicios prestados en bancos, entidades financieras u otro tipo de organismos donde se traslade y custodie grandes cantidades de dinero.
B- Mediano riesgo: los servicios prestados en locales donde se resguarden valores o bienes y no encuadren en la categoría A, como edificios, casas particulares, negocios o empresas.
C- Bajo riesgo: los servicios prestados en horarios diurnos en el interior de locales comerciales o empresas que no representen peligrosidad.
Brandán precisó que el valor de la hora para la categoría A es de $ 351,46, para la B es de $ 341,70 y para la C es de $ 325,43. “Eso es para suboficiales y agentes, que representan a la mayoría de los empleados voluntarios para esta tarea”, aclaró.
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