Un impuesto al consumo sinceraría la alta y distorsiva carga que significa Ingresos Brutos

“Un contribuyente presionado con impuestos crecientes, trastornado bajo un aluvión de textos normativos poco comprensibles, inmerso en un laberinto y entramado tributario de características Kafkianas, llega a un punto de saturación en el que siempre estará más dispuesto a rebelarse o aprovechar las oportunidades para evadir sus obligaciones tributarias y menos dispuesto a cumplir sus deberes en una plano de sincera y honesta lealtad con el Fisco”

La cita pertenece a Víctor Uckmar, el recordado tributarista genovés, que forma parte del libro “Saturados de Impuestos. Qué hacer”, de Guillermo LoCane y Enzo Aldo Grillo. Y describe, en general, la sensación que perciben los contribuyentes, de llevar sobre sus espaldas una carga fiscal que, de acuerdo con el “Vademécum tributario Argentino”, elaborado por el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), contenía 165 impuestos hasta 2020, el año en el que se inició la pandemia de la Covid-19 y en el que toda la actividad económica sintió un duro golpe acumulado por la recesión de arrastre. A ese escenario hay que agregarle la suspensión de la baja de alícuotas en impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, prevista en el Consenso Fiscal. Las provincias recibieron más fondos coparticipables de la recaudación nacional; sus ingresos por cobro de impuestos provinciales creció en términos reales, pero no hubo alivio, en general, para la actividad privada, salvo algunos sectores productivos y proveedores de insumos para la pandemia.

De acuerdo a un informe de Data Driven Argentina, realizado en base a datos del Banco Mundial y PWC, la presión impositiva a la producción representa el 106% de la ganancia neta (antes de impuestos) de una pequeña o mediana empresa en Argentina.

Data Driven destacó “la clara relación positiva entre ingreso per cápita y presión impositiva total”. Pero criticó que “son los impuestos que gravan a las empresas los que colocan al país en una situación única: en la Argentina, la presión impositiva a la producción es la mayor entre todas las economías relevantes del planeta”. “Lo más llamativo es la inversión de la relación que se observa entre presión fiscal y niveles de ingreso (medida de desarrollo económico). Los países de la OCDE, el club de economías desarrolladas, cobran impuestos a la producción relativamente bajos (promedio, 41%), pese a que su presión fiscal total es alta”, sostuvo. Según el informe, “la presión fiscal a las empresas pymes en Argentina está por encima de la de todos los países de Sudamérica (promedio 49%) y de los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- (promedio, 50%), grupo dentro del que destaca nuestro socio mayor del Mercosur (65%)”. Esto demuestra la grave situación que se observa para las empresas y los bajos incentivos para producir; o los elevados estímulos a evadir, dado que, si se pagan todos los impuestos, una PyME argentina termina dando pérdidas, argumenta el economista Clemente Babot, de la Fundación Federalismo y Libertad. De acuerdo con Data Driven, la muestra presentada relevó a 45 países que representan el 90% del PBI mundial, incluyendo a los principales socios comerciales de la Argentina.

Gravar el salario

El sistema Tributario Argentino ha presentado en los últimos años (sin distinción de que partido esta en el Gobierno) un cuadro muy negativo en términos de abogar por la inversión, la productividad y el empleo, afirma a LA GACETA Agustín Zeppa, presidente de la Comisión de Impuestos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán.

La provincia, según el especialista, no se subió al tren del pacto fiscal que, entre otras medidas, propuso la eliminación por ejemplo del impuesto a la Salud Pública (se aplica una alícuota del 2,5% sobre los salarios mensuales), que toma como base imponible la remuneración de los asalariados. En esa senda sí se ubicaron Salta y Santiago del Estero (en ambos distritos se llamaba Cooperadoras Asistenciales), entre los distritos del NOA, como una medida que tiende a alentar la generación de más puestos de trabajo.

Los tributos, son la fuente principal de los ingresos fiscales que financian el gasto público del estado. La recaudación depende del nivel de actividad y de la eficacia de los fiscos para lograr el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Es decir que, si el nivel de actividad cae, para mantener o incrementar el financiamiento de gastos del Estado, debe aplicar medidas impopulares como ser eliminación de franquicias, de exenciones, de beneficios para determinadas actividades o contribuyentes, incremento de base y/o alícuotas, entre otras, que pueden generar efectos negativos en la actividad económica, explica a nuestro diario el tributarista Octavio Concilio, del Estudio Concilio & Sarralde. Los emprendedores y empresas esperan medidas que estimulen el consumo y permita mejorar el nivel de actividad. Si bien, durante la pandemia el fisco promovió ciertos beneficios fiscales, el cierre de comercios y emprendimientos fue inevitable, sobre todo en aquellos casos, que por el tipo de actividad, no pudieron continuar con las persianas abiertas o aquellas que no pudieron adaptarse a los cambios tecnológicos, observa. En ese proceso, muchas empresas debieron reinventarse y crear canales de canales de ventas a través del comercio electrónico. Así, la cautela ha predominado entre los emprendedores y los empresarios que buscan sobrevivir a este golpe pandémico. La suba de costos es inevitable en un país con una inflación que no encuentra techo. Paralelamente, un incremento considerable de la carga fiscal causa desequilibrios financieros de importancia, a tal punto que muchos se financian con deuda o con ahorros, sostiene el tributarista.

“Una reforma fiscal integral, debe permitir una correcta armonización del régimen tributario argentino, considerando como principales ejes el crecimiento de las actividades económicas, generando empleo e ingresos fiscales al Estado”, indica. Para ello, es necesario un estudio pormenorizado de la incidencia de los tributos en las actividades económicas, para que el impacto de las medidas tributarias de los estados nacionales, provinciales y municipales, no afecte negativamente en tales actividades, ni tampoco la autonomía económica y financiera de los fiscos provinciales y municipales

Doble imposición

La actividad privada y la política pusieron sus ojos en el impuesto a los Ingresos Brutos, la gallina de los huevos de oro para las provincias. El 80% de lo que recauda la Dirección General de Rentas corresponde a este impuesto. De allí la postura de los empresarios de señalar que Ingresos Brutos representa una doble imposición frente al IVA, mientras que los cuatro intendentes de Juntos por el Cambio han señalado la necesidad de que el Poder Ejecutivo analice la posibilidad de coparticiparlo para que haya más y mejores servicios en esas jurisdicciones.

Ingresos Brutos es un impuesto general al consumo, acumulativo y plurifásico que se superpone, en principio, en su base imponible con el impuesto al valor agregado y que origina distorsiones económicas por efecto “cascada”, al acumularse en la forma de un gasto operativo en las diferentes etapas del proceso productivo o cadena de valor. Por otra parte, los regímenes de pago, retenciones y percepciones dan lugar a la existencia de créditos fiscales que afectan la competitividad de las firmas y a la eficiencia en la asignación de recursos, afectando por extensión los procesos de inversión, crecimiento y generación de empleo en el largo plazo. “Se trata de un impuesto invisible a los ojos del ciudadano, porque lo pagás cuando compras algo, pero antes se gravó en toda la cadena de comercialización”, define a LA GACETA Nadin Argañaraz, director del Iaraf. El economista plantea que Ingresos Brutos ha llegado a significar el 9% del precio que uno paga sobre el bien o el servicio final. “Algo similar sucede con las tasas municipales de Comercio, Industria o Seguridad e Higiene que, de algún modo, es ingresos brutos”, acota.

Argañaraz considera que el desafío, en una reforma integral, es sustituir al distorsivo impuesto sobre los Ingresos Brutos (el otro es Cheques) por un impuesto al consumo o a las ventas finales que, en cierta medida, sinceraría el alto peso que tiene aquel tributo. “Pero para que eso suceda, se requiere una coordinación interjurisdiccional, bajo un esquema de sostenimiento de la recaudación, permitiendo además el desarrollo y la competitividad de la economía y una reducción de la informalidad”, apunta.

Efecto en las PyME

Zeppa coincide con Argañaraz en que la acumulación de cargas de Ingresos Brutos eleva con fuerza el precio de venta final de los productos y reduce la rentabilidad de la empresa. “En el caso de las PyME, se traduce automáticamente en más inflación”, agrega. Según el tributarista, la situación con este impuesto es más grave ya que, en época como la actual de recesión, grava las ventas brutas independientemente de lo que suceda con las ganancias de la empresa. Además cada fisco ha creado el sistema de cobro anticipado a cuenta con una implementación de un entramado muy difícil de conocer en su totalidad y con una acumulación de alícuotas donde llegan las empresas a anticipar más del doble de la alícuota a la que están sujetas a tributar.

Zeppa, asimismo, advierte que la Dirección de Rentas está avanzando en determinaciones de Ingresos Brutos sobre actividades que históricamente no estaban alcanzadas (al no ser habituales) y, además, fomentan el ahorro para que se incrementen los préstamos a las PyME y a la Inversión. “Ahora las pretensión fiscal va sobre los Plazo Fijo y otras Inversiones Financieras, y sobre las utilidades que distribuyen las PyME a sus socios, cuando todos sabemos que esas empresas ya abonaron el Impuesto por la totalidad de las ventas”, expresa. Recuerda también que las PyME tucumanas, en su gran mayoría, son empresas familiares en las que sus integrantes sólo perciben ese ingreso, con carácter alimentario.

El caso Colombia        

“El aparato productivo está quebrado”

La pandemia y la cuarentena por la Covid-19 ha golpeado a todas las economías. Colombia no fue la excepción y su presidente, Iván Duque, ha intentado aplicar una reforma tributaria que incrementaba el peso fiscal sobre la clase media y sobre las empresas. La sociedad salió a las calles y frenó el proyecto, pero Colombia quedó al borde del estallido social y a mirar lo que sucedió en Venezuela, señala a LA GACETA el economista colombiano, Hermes Ruiz Rincón.

“Cerca del 80% de los tributos son aportados por las empresas y el 20% restante por las personas de los estratos sociales 4, 5 y 6 (clase media y alta, según la escala de ese país)”, describe. 

“Hoy vivimos algo paradójico -describe el caleño-, ya que se tumbó la reforma, pero algunos sectores continuaron el paro y los bloqueos de camino por otras demandas que ahorcan al aparato productivo del país”. Ruiz Rincón afirma que hay compañías que se han declarado en quiebra; otras cerraron totalmente sus actividades y hasta los bloqueos atentan no sólo contra los empleos, sino contra la vida misma de los colombianos. 

“Nadie puede pagar las nóminas (salariales), menos los impuestos como corresponde. El sector privado terminará siendo el gran perdedor de lo que pasa como consecuencia del paro; el aparato productivo está quebrado y estamos al borde de un estallido como sucedió en Venezuela”, relata. El economista también es empresario e indica, en ese sentido, que por los bloqueos, no se puede producir porque no se consiguen insumos y los que hay en plaza cuestan el triple que antes de la revuelta. “A la larga, todos nos terminaremos perjudicando”, concluye.