Por Gustavo Rodríguez
01 Marzo 2022
Una semana en materia de seguridad puede ser una eternidad. Y en Tucumán, en siete días pueden pasar muchísimas cosas. Los peores rostros del narcotráfico y del narcomenudeo se dejaron ver en la provincia. La investigación de una banda integrada por policías en actividad y el accionar de sicarios en la provincia formaron parte de un menú sorpresivo en una provincia que, de a poco, van perdiendo capacidad de asombro por lo que sucede en las calles.
Una organización integrada por policías fue desarticulada después de haber intentado asaltar a un hombre en Famaillá. La víctima denunció que se llevaron $20.000, pero en la calle se comenta que habría sido una cifra millonaria. Los vecinos de esa ciudad también se sorprendieron con esta noticia, no por el hecho en sí, sino por el crecimiento económico que tuvo en los últimos tiempos el damnificado. Se sospecha que ese mismo grupo podría haber secuestrado a un narco en el interior de la provincia para exigirle a cambio dinero o ¡droga! Y no es la primera vez.
En junio pasado hubo otra banda de efectivos en actividad que fueron detenidos por el mismo delito. La pregunta es: ¿cuántos casos como estos se habrán registrado en los últimos tiempos? Nunca se sabrá porque las víctimas prefieren no denunciar los casos para no quedar en la mira de los investigadores. Está claro entonces que los uniformados actúan sabiendo que serán protegidos por la impunidad. Por eso concretan los golpes a plena luz del día y no les interesa en lo más mínimo quedar registrados por cámaras de seguridad.
El fiscal federal Pablo Camuña (el expediente lo tiene ahora su par Agustín Chit) no se conformó con la detención de los cuatro hombres del caso de 2021. Siguió investigando y sumó pruebas categóricas para detener a otro uniformado. En este caso, un hombre de la división especializada en la lucha contra la droga que habría sido el encargado de brindar la información de potenciales víctimas a la banda. El acusado, además, es pariente de un ex policía de la provincia que, después de haber cumplido una condena en una causa por homicidio, de la noche a la mañana tuvo un exponencial crecimiento económico. Al poco tiempo de salir del penal de Villa Urquiza, se mudó a un country.
Robos
El robo a narcos es otro de los delitos que creció en la provincia. En Tribunales toman con pinzas las denuncias de personas que sufren asaltos comandos sufriendo pérdidas millonarias. Las mayorías de estas demandas tienen similitudes: las víctimas aseguran que los asaltantes estaban vestidos de policías y que se apoderaron del dinero obtenido en actividades con las que no se puede confirmar su procedencia (venta ambulante y compra al por mayor de prendas y zapatillas en Bolivia, entre otras).
Ley no escrita
En diciembre de 2019, el fiscal Diego López Ávila desarticuló en Villa 9 de Julio una banda integrada por delincuentes y policías en actividad que se dedicaba a robar la droga de terceros. En la investigación también surgió que el grupo estaba pensando apoderarse de las armas del clan Toro, bajo sospecha de comercializar droga en ese sector de la ciudad. El año pasado, en un intento de asalto, tres hombres perdieron la vida en Alderetes. Hasta aquí sólo existen indicios de que no fue un hecho de inseguridad, sino que se habría tratado de un asalto para apoderarse de la droga que habría tenido el dueño de casa.
En el oscuro mundo narco hay una ley que se cumple a rajatabla. La muerte espera a los que roban la droga, no pagan sus deudas con el proveedor, los que engañan y los que delatan. La sentencia la hacen cumplir los mismos narcos o contratan a terceros para que lo hagan. Se los conoce como sicarios, personas se especializan y tienen conocimientos no sólo para asesinar, sino también para no dejar huellas. La provincia quedó espantada por el doble crimen de La Invernada registrado el año pasado en el sur de la provincia. Víctor Hugo Brito (de 58 años) fue ejecutado en su casa y el cuerpo de su hijo Gonzalo (18), que estaba desaparecido, fue hallado calcinado en el interior de su vehículo. Los familiares negaron que se haya tratado de una venganza por cuestiones de drogas, pero en la investigación por el doble crimen llevó a desarticular una red de narcomenudeo que operaba en varias ciudades del sur.
En menos de un año se registró otro doble crimen de similares características. Luis “Chano” de la Vega (52) fue encontrado sin vida en un paraje de Santa Lucía. Lo habrían matado de dos balazos y luego le prendieron fuego en el interior de su camioneta. El cadáver de su hijo Walter (25) apareció dos días después, a 100 metros donde se había encontrado a su progenitor y un lugar que ya había sido rastrillado por las autoridades y la familia. Tantas similitudes no son casuales, sino que se deberían considerar como sellos característicos de uno o más sicarios. El móvil de este doble homicidio sigue siendo un misterio. Hay varios indicios, pero ninguna pista concreta para dar con los autores. Sí se puede decir que se cometió en una localidad que está cruzada por la ruta 307 que, desde hace años, está considerada como un camino alternativo de la cocaína que llega de Bolivia.
Ya no quedan dudas que en Tucumán se están multiplicando los delitos que son característicos de ciudades de frontera. Y esa es la consecuencia directa de que no haya una política para luchar contra el flagelo. Mientras la sociedad se espanta con este tipo de hechos, el Estado sigue sin resolver cómo hará para frenar el avance del narcomenudeo, tanto en la persecución penal como en la prevención del consumo y la asistencia de los adictos. Tampoco hacen nada para que la devastada justicia federal de nuestra provincia tenga la estructura necesaria para que los peores rostros narcos sigan mostrándose en la provincia como si nada.
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