La Argentina vive el ciclo más intenso de alternancia constitucional

La Argentina se adentró en el ciclo más intenso de alternancia de gobiernos del orden constitucional. La victoria de Javier Milei (La Libertad Avanza) en el balotaje del domingo consolida una etapa única en la historia: la del cambio presidencial recurrente con mandatos terminados en tiempo y en forma. Nunca antes había ocurrido que cuatro líderes de tres signos políticos diferentes se alternen en el ejercicio regular de la Presidencia de la Nación en un plazo de 12 años, que deberán ser 16 cuando concluya el siguiente período en 2027. Este derrotero singular fue configurado sucesivamente por los triunfos de la peronista Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), del cambiemita Mauricio Macri (2015-2019), del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y del libertario Milei.

A 40 años de su restablecimiento, la democracia está emitiendo dos mensajes nítidos y distintivos. Por un lado, que las administraciones presidenciales duran cuatro años y concluyen en la fecha estipulada de antemano, sin importar el descontento que haya o el nivel de impopularidad del mandatario en funciones. Por otro lado, que el cambio de gobierno y de gobernantes es el único remedio para las gestiones insatisfactorias.

Dicho en otros términos: la mayoría del electorado da una oportunidad a quien ofrece un programa diferente, pero le otorga sólo un período para intentar ponerlo en práctica. Si el resultado no se consigue, el voto apoyará a quien más consistentemente vuelva a adueñarse de la bandera del cambio.

Si Macri se presentó como la contracara de Fernández de Kirchner, al cabo de cuatro años aquella eligió al saliente Fernández y lo presentó como la contrapartida del primero. Cuatro años más tarde, ni Fernández quiso retener el Poder Ejecutivo Nacional ni los dos mandatarios que lo antecedieron trataron de retornar a él. La reelección de la jefatura de Estado incorporada en la reforma constitucional de 1994 que se les dio a Carlos Menem (1989-1999) y a CFK (llegó a la Casa Rosada en 2007) se tornó esquiva a partir de 2015. A menos que se considere al ex candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, como el mandatario en los hechos, en este turno electoral ni siquiera existía la posibilidad de volver a elegir al mismo nombre que en 2019, como sí había sucedido con Macri en los penúltimos comicios.

Así como Fernández se postuló como lo opuesto a Macri, y alcanzó el bastón y la banda, este año Milei consiguió arrebatarle la camiseta opositora a Juntos por el Cambio y venció al peronismo. Aunque tímidamente tras las elecciones primarias y, con más fuerza, después de las generales, La Libertad Avanza alentó versiones de posible fraude, se corroboró que los controles funcionan y la Argentina es capaz de celebrar elecciones limpias incluso en escenarios muy competitivos, conquista que muy pocas naciones e, incluso, democracias, pueden exhibir. Está instalada la idea de que la fiscalización masiva es la salvaguarda de la voluntad popular.

No es un detalle menor que las elecciones sirvan para desalojar oficialismos. Pese a que a primera vista y en el corto plazo ello pueda considerarse un factor de inestabilidad, no hay nada más estable y seguro para un país que las disidencias acerca del rumbo colectivo puedan resolverse pacíficamente en el cuarto oscuro. Así como desde 1983 se sostiene el consenso de que los golpes militares son inadmisibles y, de hecho, en este tiempo hubo un proceso constante de “desmilitarización”, desde 2003 se corrobora el fortalecimiento de la autoridad presidencial, incluso en casos de Poder Legislativo sin mayorías propias y legitimación tan anómala como la de Fernández. Virtualmente ausente de la primera línea del Estado durante la campaña larga sustanciada para reemplazarlo, y asediado por la escasez de dólares y la inflación, el Presidente saliente se encamina a retirarse como no pudieron hacerlo ni Raúl Alfonsín ni Fernando De la Rúa.

Lo que recuerda la historia

Si bien la batalla de Pavón (17 de septiembre de 1861) no implicó la definitiva conclusión de las guerras civiles, la victoria de Bartolomé Mitre habilitó el inicio del ciclo político ajustado a los lineamientos de la Constitución de 1853 y alumbró la etapa de organización nacional. De Confederación, la Argentina pasó a la condición de República y la capital se trasladó de Paraná a Buenos Aires. En 1862 se celebró un ensayo electoral (votaron 14.000 personas, el 1% de la población estimada de 1,4 millón de habitantes) y no hubo candidato opositor a Mitre.

Resultó el comienzo de un período de exactos 50 años caracterizados por un esquema de poder inalterado, en manos de una elite que albergó conflictos, divisiones y crisis -incluyendo levantamientos armados y renuncias presidenciales-, pero sin resignar su condición de clase dominante. Por consiguiente, las elecciones fueron más bien internas entre candidatos del mismo signo ideológico. La figura clave de ese medio siglo de historia política fue sin dudas el tucumano Julio Argentino Roca, quien con su Partido Autonomista Nacional (PAN) manejó los hilos al punto de ser dos veces Presidente y de haber colocado en el cargo a su cuñado Miguel Juárez Celman para asegurar la alternancia.

Se sucedieron las Presidencias de Mitre (1862-1868), Domingo F. Sarmiento (1868-1874), Nicolás Avellaneda (1874-1880), Roca (1880-1886 y 1892-1904), Juárez Celman (1886-1890, Carlos Pellegrini completó el período hasta 1892 tras la renuncia del mandatario), Luis Sáenz Peña (1892-1895, José Evaristo Uriburu completó el ciclo hasta 1898 por la renuncia del Presidente), Manuel Quintana (1904-1906, José Figueroa Alcorta completó el mandato hasta 1910 por la muerte del Presidente) y Roque Sáenz Peña (1910-1914, Victorino de la Plaza completó el período hasta 1916 por la muerte del mandatario).

Aquella Argentina decimonónica le había dado paso a un país reconfigurado por la inmigración y por la modernidad, urgido de reformas, entre ellas la electoral. Y el que dio ese paso trascendente, el verdadero cambio de paradigma en la historia argentina, fue Roque Sáenz Peña con la ley de voto universal, secreto y obligatorio que lleva su nombre. Sancionada en 1912, la norma terminó con el dominio de la elite y con su “fraude patriótico”, y le abrió la puerta a la participación de los partidos mayoritarios. El sistema terminaría de perfeccionarse con el agregado del voto femenino, concretado durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

No obstante, el repaso de lo sucedido entre 1912 y 1983 no registra un caso de alternancia democrática como la que estamos experimentando en estos años. En ese sentido, los golpes militares, las proscripciones, incluso el nuevo interregno fraudulento de la “década infame” (1930-1943), conspiraron contra el ejercicio de una institucionalidad sana, estrictamente apegada a la Constitución.

El golpe de 1930 interrumpió el ciclo hegemónico de la UCR y las presidencias de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y de Marcelo T. de Alvear (1922-1928). Agustín P. Justo fue elegido Presidente (1932-1938) con el radicalismo proscripto, y el período de Roberto M. Ortiz que debía finalizar en 1944 (Ramón Castillo asumió tras la muerte del Presidente) se interrumpió por la asonada militar de 1943. A continuación, los golpes cortaron de cuajo el segundo período de Perón (1946-1952, 1952-1955), el de Arturo Frondizi (1958-1962), el de Arturo Illia (1963-1966) y la tercera Presidencia de Perón, que debía extenderse de 1973 a 1979 (tras la muerte del mandatario, en 1974, asumió su esposa María Estela Martínez, derrocada en 1976).

Con estos antecedentes, la experiencia de los últimos 40 años, tras la restauración democrática, resulta positiva desde la mirada netamente institucional. Los tiempos que corren señalan dos circunstancias: el fin del bipartidismo que caracterizó nuestra historia política y esta novedosa alternancia, emergente de una sociedad que ha modificado su conducta en el cuarto oscuro.