05 Enero 2024
Las adicciones destruyen al ser humano. Las consecuencias de ser un adicto se manifiestan directamente en deterioro físico y, además, genera actitudes violentas que terminan por impactar de lleno en la sociedad. Los especialistas advierten que más del 90% de las personas que delinquen lo hacen bajo los efectos de la droga. Lo hacen justamente para poder comprar más drogas, generando un círculo vicioso muy complejo de detener.
Hace pocos días se llegó a la resolución de un caso que conmovió a los tucumanos: el asesinato del ciclista Guillermo Eduardo Romero, quien murió durante un asalto ocurrido el 6 de agosto cuando la víctima y otros amigos circulaban por inmediaciones de la rotonda San Miguel Arcángel, en el acceso este a la ciudad. Allí un grupo de delincuentes tomó por sorpresa a los ciclistas y a la víctima le atravesaron un palo en una de las ruedas, lo que provocó que cayera al suelo sufriendo heridas mortales. En base a la descripción, la Policía detuvo luego a Juan Pablo Giamarino, de 22 años, autor del ataque criminal. Durante la audiencia, el acusado reconoció que ese día estaba borracho “y dado vuelta” por el consumo de estupefacientes. En un juicio abreviado, el 11 de diciembre pasado, fue condenado a 10 años de prisión. Paradójicamente, Romero era un activista que a través del deporte buscaba cambiar la realidad de los jóvenes en los barrios más afectados por la pobreza.
“Queremos destacar que Romero con su bicicleta, además de hacer ejercicio buscaba concientizar, hacía colectas para los barrios vulnerables, insistía en profesar que el deporte era una vía de escape a los problemas, a las adicciones, etcétera”, dijo durante el juicio Mariano Arcas, representante de la familia de la víctima. Romero fue víctima entonces de alguien a quien él pretendía ayudar.
Ante tragedias como esta siempre es importante analizar el rol del Estado en cuanto a la contención. Más allá de tener bajo su órbita la lucha contra el narcotráfico en el Ministerio de Seguridad, la asistencia a los adictos es fundamental tanto desde los ministerios de Salud como del de Desarrollo Social. Y es allí donde el trabajo debe ser coordinado, sobre todo en lugares vulnerables donde su entretejido social es cada vez más complejo. La crisis económica es un caldo de cultivo para los traficantes que a su vez reclutan casi siempre a niños y adolescentes que no tienen contención, y los obligan a vender los estupefacientes en la mayoría de los casos retribuyéndoles con la misma droga.
Por un lado, el Estado, tal como anunció el gobernador, Osvaldo Jaldo, debe usar todas las herramientas disponibles para sacar de circulación a los vendedores, pero no puede ni debe abandonar a los adictos. Hace pocos meses incluso se llevó a cabo una reunión entre miembros de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones intermedias dedicadas a la problemática del consumo de sustancias. Entre todos se comprometieron a trabajar juntos “frente a un problema que nos preocupa como ciudadanos y como padres”, advirtió Daniel Leiva, presidente del alto tribunal.
Una situación tan delicada como la que atraviesa nuestro país genera millones de víctimas, entre las que las que se encuentran los adictos que caen en las redes del narcotráfico y pueden provocar tragedias como las del ciclista Romero. Creemos que su tratamiento y posterior reinserción en la sociedad debe ser uno de los puntos clave a la hora de desarrollar políticas de Estado tendientes a ayudar a los que más lo necesitan.
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