El crédito fiscal para la cervecería Quilmes dividió a la oposición de la Legislatura

En la Legislatura, la oposición quedó dividida al votar el proyecto de ley que autorizó la entrega de beneficios impositivos a favor de la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, a cambio de una inversión de 8 millones de dólares para obras de ampliación de las plantas de El Manantial y de Acheral, que incluirán la creación de 80 nuevos puestos de empleo.

El bloque mayoritario Justicialista, afín a la Casa de Gobierno, sumó el apoyo de un sector de la UCR, del bloque alfarista Compromiso Tucumán (CT), de Fuerza Republicana (FR) y de Libres del Sur (LDS), con lo que la propuesta redactada por el peronista Christian Rodríguez fue sancionada; ahora, será enviada al Poder Ejecutivo (PE), a la espera de su promulgación por parte del gobernador Osvaldo Jaldo. Sólo la bancada radical “Valores para Tucumán” expresó su rechazo a la iniciativa, por considerar que tiene “nombre y apellido”, cuando lo conveniente sería aprobar un régimen general de fomento de inversiones.

El texto llegó al recinto con los dictámenes de las comisiones de Hacienda y de Economía. Según expuso Rodríguez, la firma Quilmes había solicitado estos beneficios durante una reunión reciente con el vicegobernador Miguel Acevedo. Y recordó que en 2017 se había dado lugar a un mecanismo similar, mediante créditos fiscales, también para mejoras en las instalaciones de la compañía. “Ahora, la empresa ha anunciado una inversión de 8 millones de dólares en la provincia para ampliar la producción. Ese monto se divide en dos partes: 3 millones de dólares para la planta de Pepsico en El Manantial; y 5 millones en la planta de producción de la cervecería en Acheral”, señaló el peronista.

Rodríguez señaló que estas mejoras repercutirán de varias maneras en el ámbito económico local, ya que “el 90% de los proveedores afectados a logística y a la producción de la empresa son pymes tucumanas”. “Es una empresa que lleva invertidos 180 millones de dólares en Tucumán”, apuntó. Y remarcó que, con los 80 cargos nuevos, se llegará a 500 puestos directos de empleo, y más de 6.000 indirectos.

El presidente de la comisión de Hacienda, Carlos Gallia, se refirió a los detalles técnicos de la propuesta. Detalló que la firma Quilmes obtendrá un reintegro equivalente al 30% de la inversión realizada por las obras, que tienen un plazo previsto de cinco y siete meses, y serán “debidamente certificadas por la autoridad de aplicación”. El oficialista explicó que dicho beneficio será anual, y “no podrá exceder el plazo de tres años contados a partir del otorgamiento” del régimen. Por otro lado, el monto total del reintegro no podrá superar los 900.000 dólares -en su equivalente en pesos- por la planta de gaseosas de El Manantial; y 1.500.000 dólares por la segunda fase del proyecto de producción local de marcas internacionales Michelob Ultra, de Acheral. Según el dictamen, el PE entregará certificados de crédito fiscal transferibles, registrables y aplicables como mínimo en dos períodos fiscales, “no pudiendo ser aplicados para la cancelación de tributos retenidos, percibidos y/o recaudados a terceros”.

Dardos radicales

Desde el bloque “Valores para Tucumán” lanzaron duras críticas hacia la propuesta oficialista. El radical José Seleme enfatizó que se trata de un beneficio de 2,4 millones de dólares para la empresa Quilmes. “¿Qué diremos cuando nuestros empresarios y emprendedores de Tucumán pregunten por qué a unos sí, y a otros no? Hay firmas tucumanas que invierten más, que generan más de 80 puestos”, reprochó. Y cuestionó “el dedo arbitrario del gobierno”. “Es un beneficio fiscal a una sola empresa, por el solo hecho de tener coronita, y no me refiero a la marca de cerveza”, ironizó.

Manuel Courel, también de este bloque radical, objetó la rapidez en el tratamiento de esta propuesta, y también las formas. “Ya lo dijimos cuando se trató el tema de los call centers: los subsidios deben otorgarse por actividad, no por empresas;  no por nombre y apellido, o por marca, en este caso, Pepsi y Quilmes. Que sean leyes para todos, no trajes a medida”, señaló.

Silvia Elías de Pérez, jefa de esta bancada, también criticó que la iniciativa tenga “nombre y apellido”. Por eso, junto a sus colegas, presentó un proyecto similar, con idénticos beneficios pero sin consignar qué firma sería beneficiada por la norma, y condicionó el apoyo al dictamen al compromiso de que se trate esta versión en el próximo debate. “No queremos perder más empresas, pero sí ser justos con el resto; las leyes tienen que ser generales”, insistió.

Apoyos

El presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, desechó de inmediato la propuesta de Elías de Pérez. “Vamos a seguir manteniendo nuestro proyecto. Cuando consiga una empresa que invierta 8 millones de dólares en Tucumán, que la traiga y lo vamos a votar”, desafió.

Claudio Viña anticipó el apoyo del bloque alfarista. “Qué feo sería enterarnos que esta ampliación se hace en otras plantas del país, y no en Tucumán”, indicó el jefe de Compromiso Tucumán. Y señaló que, si bien se evita cobrar un tributo, el erario sumará recursos por “el efecto multiplicador que va a generar esa inversión, y será mucho más”.

El radical José Cano consideró “fundamental que se avance en las próximas sesiones” con un régimen de promoción de inversiones. “Muchas veces nos quejamos y planteamos por qué hay provincias vecinas que han crecido en turismo, minería, obras de infraestructura, y Tucumán, no”, advirtió. Y consideró clave “dar un marco normativo general, para evitar seguir sancionando normas que tienen nombre y apellido, más allá de que el fin sea loable”.

Agustín Romano Norri (Evolución Radical) recordó que en Argentina “se perdieron 100.000 puestos de trabajo de enero a la fecha”. “En Tucumán, con esto, se están generando 80 nuevos empleos”, ponderó. Y consideró “necesario que sucedan las dos cosas: acompañar esta iniciativa, y también avanzar con una ley de fomento como pedía Silvia Elías”. “Ese es el camino”, aseguró.

El líder de FR, Ricardo Bussi, señaló que la propuesta “hizo algo de ruido” en su espacio, que abrazó “las ideas de la libertad propuestas por el presidente Javier Milei”. Agregó que “el kirchnerismo nos ha dejado un país incendiado”, con falta de empleo y crisis económica. “Por eso, lo urgente no deja espacio para lo más importante, y vamos a acompañar el proyecto. Son 80 familias tucumanas que tendrán la garantía de que van a comer hasta fin de mes, y eso no es poco”, valoró.

José Gómez Gómez Rossi, de Libres del Sur, también dio su aval. Y recordó que, durante la campaña electoral, todos los partidos “tenían la posición de generar incentivos e impulsar leyes para la inversión”. “De lo que se trata es de buscar un equilibrio virtuoso entre inversión privada y acompañamiento del Estado”, expresó.

Desde la bancada peronista, Luis Olea, Carolina Vargas Aignasse y Gerónimo Vargas Aignasse sumaron su adhesión a la iniciativa. Y el jefe del bloque Justicialista, Roque Álvarez, cerró la ronda de alocuciones refutando las críticas referidas a un beneficio “con nombre y apellido”. “Las leyes son de carácter general, y no particular; y no es el caso, porque no quien amplía lo que ya existe es la Maltería y Cervecería Quilmes, y eso nos está determinando que la ley vaya con nombre y apellido”, señaló el taficeño. Y remarcó que, gracias a las inversiones para la producción local de la marca internacional  Michelob Ultra en la planta de Acheral, la distribución llegará “no sólo al NOA, sino al resto de la Argentina”. Tras esto, el proyecto se votó con rechazo de un sector de la UCR, y su puesta en vigencia quedó bajo consideración del Poder Ejecutivo.