AMIA: los imperdonables celebran 30 años de impunidad

Cada 18 de julio, desde hace 30 años, la historia coloca a la Argentina frente a un concepto absoluto. Uno que desafía sistemas morales fundados en religiones milenaristas, y metafísicas trascendentales largamente admitidas. Cada aniversario del peor atentado terrorista perpetrado contra nuestro país, la voladura de la AMIA que segó la vida de 85 compatriotas y dejó más de 300 heridos, nos coloca frente a la noción de lo imperdonable. Porque hay cosas que no se pueden perdonar.

“En un texto titulado ‘Lo imprescriptible’, (Vladimir) Jankélévitch declara que no se podría hablar de perdonar crímenes contra la humanidad, contra la humanidad del hombre: no contra ‘enemigos’ (políticos, religiosos, ideológicos), sino contra lo que hace del hombre un hombre -es decir, contra la capacidad misma de perdonar-”, anuda el filósofo Jacques Derrida en “El siglo y el perdón”.

Lo abominable del caso argentino es que no sólo resulta imperdonable el ataque monstruoso de 1994, sino todo lo actuado durante algunas presidencias peronistas para construir otro hecho imperdonable: que semejante atrocidad se mantenga impune todavía hoy.

El oprobio menemista

La responsabilidad para lograr que lo imperdonable se mantenga impune no es una presunción ni tampoco una opinión: es jurisprudencia. Tanto nacional como internacional.

En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina por la falta de verdad y de justicia sobre el horror de la AMIA. “Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, dice el fallo. Se condena al Estado por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado; por no investigar debidamente el atentado ni el encubrimiento; por violar el derecho a la verdad histórica; y por su responsabilidad en el encubrimiento.

La voladura de la AMIA fue perpetrada en la primera presidencia menemista, que registra otro ataque terrorista: el de la Embajada de Israel (17 de marzo de 1992, 22 muertos, 240 heridos).

Tras el atentado de 1994 hubo numerosos procesos. El primero, la “conexión local”, es patrimonio de lo peor de la historia judicial de este país. Se detuvo al “reducidor” de autos Carlos Telleldín y a policías bonaerenses acusados de haberse llevado la “traffic” usada como coche bomba. Pero luego, el propio tribunal reconoció que la acusación se montó a partir de un pago “espurio e ilegal”, salido del juzgado que investigaba la causa y de la SIDE. Le pagaron U$S 400.000 a Telleldín “para que aceptara contar la verdad”. Todos fueron absueltos. De ello derivó un decreto de Néstor Kirchner en 2005, que reconoce la responsabilidad de la Argentina por no prevenir el atentado ni esclarecerlo.

En 2019, otro tribunal concluyó el juicio por “encubrimiento”. Condenaron al ex juez Juan José Galeano, a los ex fiscales, al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y a Telleldín. Luego, en 2022, la gestión de Alberto Fernández reconoció la responsabilidad del Estado en tanto oprobio. Para el cuarto gobierno “K”, la llamada “pista siria” (nunca se corroboró) fue una maniobra para desviar la búsqueda de la verdad que ensayó el gobierno de Menem. Ese ex mandatario declarado como “el mejor de la historia” por Javier Milei. Él y Victoria Villarruel, cuando integraban la Cámara Baja, fueron los únicos diputados en oponerse a que cada 18 de julio sea declarado Día de Duelo Nacional.

Abominación kirchnerista

En junio pasado, la Cámara Federal de Casación Penal dictó dos sentencias. La primera confirma las condenas por las irregularidades gravísimas en la investigación del ataque. Lo cual corrobora la abominable responsabilidad del menemismo en la negación de justicia a los argentinos. La segunda expone lo propio respecto de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia de Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña sostiene que los atentados de 1992 y 1994 fueron una decisión de la República Islámica de Irán. Ambos ataques (dice el fallo) fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, “que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs”. ¿La razón? La venganza contra la decisión del gobierno menemista, dado su alineamiento con EEUU, de cancelar tres contratos de transferencia tecnológica y provisión de material nuclear, celebrados con Teherán. “El mismo Estado (iraní) podría ser calificado como terrorista”, afirmaron los jueces.

Con ese Estado, el tercer gobierno “K” (2011-2015), a cargo de Cristina, suscribió un acuerdo secreto: el “Memorandum de Entendimiento”. Fue firmado en enero de 2013, en Etiopía, en nombre de “darle impulso” y “sacar de la parálisis” la investigación de la voladura de la AMIA. El pacto creaba una “Comisión de la Verdad” compuesto en partes iguales por representantes de Argentina, víctima del atentado de 1994, y del país que según la Justicia financió y organizó ese ataque terroristas.

Ese tratado llegó a convertirse en ley de la Nación, aprobada por el Congreso y promulgada por la Casa Rosada con el número 26.843. El 15 de mayo de 2014, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró la inconstitucionalidad del “Memorándum”. Irán buscaba el levantamiento de los pedidos internacionales de captura de miembros de primera línea de su gobierno, acusados por la Justicia argentina de ser autores intelectuales de la voladura de la AMIA.

¿Qué buscaba el gobierno kirchnerista? El titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman, denunció a Cristina y a una decena de kirchneristas del presunto encubrimiento de esos iraníes. En más de 300 páginas, el fiscal sostuvo que, a cambio de esa impunidad, ese gobierno intentó “acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante el intercambio de petróleo por granos”. Ese gobierno, según esta denuncia, pretendía canjear memoria, verdad y justicia por barriles de crudo. Nisman apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, en vísperas de acudir al Congreso a dar cuenta de su acusación. La Justicia investiga ese otro crimen impune como un asesinato. Los autores intelectuales de los atentados terroristas contra la Argentina siguen libres.

En su reflexión sobre lo imperdonable, Derrida anota una advertencia de Jankélévitch. “Menos aun puede hablarse de perdonar, en este caso, en la medida en que los criminales no han pedido perdón. No reconocieron su culpa y no manifestaron arrepentimiento”. Hace 30 que los criminales, lejos de pedir perdón, se regodean en su impunidad. Sus encubridores, también.